San Luis (Pelr) 29-01-09. El abogado José Samper dijo ayer ante el tribunal que juzga a policías y militares por delitos de lesa humanidad que Martín Pereyra Gonzales, que en 1976 era Secretario del Juzgado Federal de San Luis y hoy integra una de las cámaras federales que funcionan en Mendoza presenció las torturas a la chica de La Toma que luego fue asesinada en las Salinas del Bebedero.
El letrado contó que "en la tarde del día que se hizo el operativo en La Toma", el 21 de setiembre de 1976, "me fueron a buscar para que hiciera de defensor (de uno de los detenidos). Un chofer que yo tenía me vino a buscar. Yo estaba en Buenos Aires, cuando volví mi mujer me contó. Como yo tenía relación con el juez (Federal Eduardo) Allende y el secretario (Martín) Pereyra González" se reunió con este último, quien le dice "muy dolorido que había visto 'un espectáculo que nunca quisiera ver mas', las torturas a Graciela Fiochetti, 'aquí al lado' ", haciendo referencia a la Jefatura Central de Policía que se encontraba en ese entoces al lado del Juzgado Federal y que allí estaba "el comisario Becerra". "Menos mal que la van a dejar en libertad", habría dicho el Secretario; a lo que Samper, según el testimonio brindado en la víspera, le habría respondido que tenía dos opciones, "o hacés el informe según el Código y si no renunciá al cargo". Ninguna de las dos cosas sucedieron.
Después, a los detalles del asesinato del hombre y la mujer en las Salinas los supo "por la prensa y la gente", pero agregó que en aquella época "un enfermero de apellido Quevedo me dijo que cuando la mataron la hicieron arrodillar" a Graciela Fiochetti, hecho que coincide con el testimonio de otro repesor que denunció el suceso, pero que ya ha fallecido, al igual que el trabajador de la salud que fue citado en el testimonio del abogado que en esta jornada declaró ante el Tribunal Oral.
Agregó Samper que Quevedo "era de las Salinas" y le había relatado que los asesinos habían llegado en dos autos, que "fueron detrás de las parvas" de sal que se encuentran en las Salinas del Bebedero y que uno de sus ocupantes "seguro era (el comisario Víctor David) Becerra", hoy imputado en la causa.
En relación a la desaparición de "Sandro" Santana Alcaraz, otro de las víctimas de la represión que todavía se encuentra desaparecido, Samper dijo que él había "presentado el Hábeas Corpus", y que en esa época "iba mucha gente por lo que pasaba", pero que no había podido hacer mucho más, "solo hacer lobby, ya que mucho más no se podía".
El caso Suárez
Julio Everto Suárez era ministro de Elía Adre antes del golpe militar. Ayer Samper contó que sirvió de nexo entre el entonces juez Allende y el ex ministro, que terminó de manera fructífera.
Allende le encomendó una intermediación con Suárez, que se encontraba detenido, para que devolviera dos ametralladoras que se habría llevado del ministerio, con la promesa de que así lo dejaría salir del país.
Recordó que habló con Suárez y que este le indicó que fuese a hablar con Morel (también ex funcionario). Morel le dijo que "no sabía nada", pero "a las dos semanas llegan al Juzgado Federal las dos ametralladoras con el número correspondiente" que coincidía con el de las buscadas.
"Me llamó el juez, me dijo que me agradecía; 'usted cumplió con su palabra, mañana Suárez se va' ". Suárez se exilia en México, pero luego regresa al país y lo matan simulando un accidente.
"No torturés por esas pavadas"
El abogado relató también ante el Tribunal Oral que en una oportunidad que había ido como defensor de un quinielero que estaba detenido, el mayor Franco (jefe de Policía) le dijo al ahora imputado Carlos Pla (subjefe) que no torturara "por esas pavadas", haciendo referencia a la infracción que había cometido el hombre que levantaba quiniela presuntamente clandestina.
La difícil situación de Pereyra González
Pereyra González prestó testimonio en el marco de la causa, pero si bien algunos testigos que anteriormente habían declarado ante el Tribunal habían afirmado que habían puesto en conocimiento del Secretario y del Juez Allende los apremios recibidos y nunca se había generado ninguna causa por el tema, no se le realizó ninguna pregunta sobre el particular, debido al principio consitucional que nadie puede hacer declaraciones que lo puedan autoincriminar.
Los defensores de los imputados pidieron que se hiciera un careo entre el juez de Cámara y el abogado Samper, pero el Tribunal no hizo lugar a la solicitud, justamente invocando el mismo principio.
No se descarta que luego de conocida la sentencia contra los acusados en esta causa, pueda abrirse otra instancia donde el juez termine imputado, debido a que existe jurisprudencia sobre los hechos conexos a delitos de lesa humanidad, que pueden ser declarados imprescriptibles.
Otro fantasma que sobrevuela sobre la cabeza del camarista es que por estos hechos le pidan un juicio político para destituirlo, ya que tiene otros antecedentes más recientes que se sumarían a estos incumplimientos con la ley.
En el juicio que se lleva adelante en San Luis desde el 20 de octubre último, se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobrevivientes de las detenciones del 21 de setiembre de 1976. Están sentados en el banquillo de los acusados los coroneles Carlos Esteban Pla, Miguel Ángel Fernández Gez y los policías Juan Carlos Pérez, Víctor David Becerra y Luis Orozco.
Las sesiones continuarán el próximo miércoles 2 de febrero.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
jueves, 29 de enero de 2009
No se salvó nadie: Carlos Plá inculpó a camaradas de armas e inclusive a la Fiscal y a su antiguo abogado
San Luis (Pelr) 28-01-09 Tal como lo anticipara este medio luego de conocerse extraoficialmente en 2007 la primera declaración del coronel Fernández Gez, en este juicio se rompieron los pactos de silencio y los militares que en 1976 tenían las mayores responsabilidades en la conducción de la provincia, "prendieron el ventilador" y se acusaron mutuamente.
Ayer, Carlos Esteban Pla, en una indagatoria de alrededor de tres horas, responsabilizó a la plana mayor del Comando de Artillería 141 que actuaba en 1976 por las dos muertes de las personas acribilladas en las Salinas del Bebedero. La jornada terminó cerca de las 20. Hoy seguirá declarando desde las 10 de la mañana.
Pero también cargó muy duro contra quien fuera su abogado, Daniel Mercado (actualmente defensor de Fernández Gez) a quien acusó de actuar en connivencia con la fiscal Federal Mónica Spagnuolo, para presuntamente hacerlo cargo de todas las responsabilidades o buscar una condena menor a partir de "entregar" al resto de los que intervinieron en la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
Pla dijo que fue el propio Mercado quien le dio una versión mejorada de lo que el coronel Dana le había hecho conocer sobre los hechos de las Salinas, que lo inculpaba al propio Dana.
Contó que en una oportunidad Dana le había dicho: "Jefe, que garrón que se está comiendo", en relación a que en la causa se lo apuntaba a él como el autor material de la muerte de Graciela Fiochetti. En esa oportunidad, mientras estaba profugo de la justicia, su camarada de armas, para su sorpresa, le confiesa que el hecho había sido realizado "por la Plana Mayor (del Comando) para que Fernández Gez se comprometiera".
Luego, dijo que en la versión que da ante la Fiscal Federal Mónica Spagnuolo, Mercado, que en ese momento era su abogado defensor, le dice que ponga a Dana en la escena del crimen, como el que hace los disparos que rematan a la chica de La Toma y al muchacho que la acompañaba.
Remarcó en varias oportunidades que Mercado le había dicho que su contacto en San Luis era la Fiscal, ya que habían sido compañeros estudios.
Otro de los que cae en la volteada de Pla, es el actual camarista provincial Carlos Guillermo Maqueda, en ese entonces asesor legal de la policía, que fue quien aconseja enterrar como NN a Graciela Fiochetti, a pesar de que había un reconocimiento parcial y estaba en marcha las fichas dentarias para conseguir su identificación.
"No se pudo demostrar que fuera ella, por eso se enterró como NN", dijo en un momento Pla refiriéndose a Graciela Fiochetti, argumentando que su tio no la había reconocido y que su hermana no había podido reconocer su cara. En lugar de esperar uno o dos días que llegaran las fichas dentarias, se ordenó su inhumación como NN, pero la orden de hacerlo se la cargó en las espaldas de Fernández Gez. "El que ordenó está sentado ahí", dijo señalando hacia el viejo coronel.
Cronológicamente, la declaración de Pla tuvo varios ejes: primero, frente a una especie de pizarra fue haciendo un croquis de como era e organigrama del Ejército en aquel momento, las responsabilidades de cada sector, sus interdependencias y responsabilidades.
Según esa detallada exposición, tanto el GADA y el Comando no eran ajenos y tenían conocimiento de todo lo que ocurría en la llamada "guerra contra la subversión".
El otro momento de su exposición estuvo dedicado a rescatar su propia figura como un demócrata, en donde sus padres, militantes políticos que tuvieron representación en organos republicanos de gobierno en períodos democráticos, fueron su sostén y el resto de su familia que también actuó en acciones soliarias con la sociedad.
El otro eje de la declaración estuvo dedicado a sus compañeros de armas que durante la dictadura fueron sus superiores.
Dijo que Juan Carlos "Moreno mintió" en su declaración ante el Tribunal, lo mismo que Guillermo Daract. Los tildó de "Cobardes que no saben decir la verdad" y dijo que no esperaba una reacción de ese tipo en "caballeros de armas". Pero también pegó duro a Osarán y a Quiroga por desvirtuar la verdad ante el tribunal.
Otro tramo estuvo dedicado a desvirtuar el hecho de que se haya tratado de un plan sistemático y utilizó el ejemplo de la guerra de las Malvinas para demostrar que ni siquiera allí hubo planificación ni sistematización.
Aseguró que al tema de los desaparecidos recién lo conoció en 1978 cuando estuvo en la Escuela de Guerra y que en ese momento él y otros militares esperaban que el general Rafael Videla dejara el poder, pero que "los intereses" de quienes lo acompañaban en la aventura dictatorial "pudieron mas" y el gobierno se prolongo hasta 1983.
Hubo varios capítulos que fue entremezclando en su exposición, en donde se dedicó a desvirtuar la declaración de algunos testigos en la causa, particularmente los dichos de Víctor Fernández sobre sus torturas y dijo que "andaba cebando mate" a los policías y que una de las hermanas Garraza se la podía ver "tomando sol" en el patio de la policía.
Tambien le dedicó un capítulo al padre de Pedro Ledesma, sobre el reconocimiento que hizo de él cuando le arrebataron a su hijo. "Mentiroso" o "no es así" le gritó desde el público el padre de Pedro en dos o tres oportunidades. "Lo entiendo, yo también haría lo mismo si me hubiera ocurrido lo mismo con un hijo", dijo Pla tratando de mostrarse comprensivo con el hombre que busca a Pedro desde hace 32 años.
Si bien había anticipado que no contestaría a preguntas de la querella, finalmente accedió y respondió selectivamente.
Lo que en un momento dejó en claro, aunque no lo dijo en forma explícita, es que los únicos que tenían edad para purgar pena en cárcel común era él y "el cabo Orozco", porque los demás, que para él tienen toda la responsabilidad, a lo sumo irían a su casa a cumplir prisión domiciliaria debido a su edad.
Dio la sensación de que quería llevarselos puestos a todos los que tuvieron responsabilidades durante la denominada guerra contra la subversión.
Quedó en claro también que la muerte y la desaparición que reinaba por aquellos días en el país y particularmente en la provincia, fue ejecutada por las fuerzas armadas y la policía.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Ayer, Carlos Esteban Pla, en una indagatoria de alrededor de tres horas, responsabilizó a la plana mayor del Comando de Artillería 141 que actuaba en 1976 por las dos muertes de las personas acribilladas en las Salinas del Bebedero. La jornada terminó cerca de las 20. Hoy seguirá declarando desde las 10 de la mañana.
Pero también cargó muy duro contra quien fuera su abogado, Daniel Mercado (actualmente defensor de Fernández Gez) a quien acusó de actuar en connivencia con la fiscal Federal Mónica Spagnuolo, para presuntamente hacerlo cargo de todas las responsabilidades o buscar una condena menor a partir de "entregar" al resto de los que intervinieron en la comisión de estos delitos de lesa humanidad.
Pla dijo que fue el propio Mercado quien le dio una versión mejorada de lo que el coronel Dana le había hecho conocer sobre los hechos de las Salinas, que lo inculpaba al propio Dana.
Contó que en una oportunidad Dana le había dicho: "Jefe, que garrón que se está comiendo", en relación a que en la causa se lo apuntaba a él como el autor material de la muerte de Graciela Fiochetti. En esa oportunidad, mientras estaba profugo de la justicia, su camarada de armas, para su sorpresa, le confiesa que el hecho había sido realizado "por la Plana Mayor (del Comando) para que Fernández Gez se comprometiera".
Luego, dijo que en la versión que da ante la Fiscal Federal Mónica Spagnuolo, Mercado, que en ese momento era su abogado defensor, le dice que ponga a Dana en la escena del crimen, como el que hace los disparos que rematan a la chica de La Toma y al muchacho que la acompañaba.
Remarcó en varias oportunidades que Mercado le había dicho que su contacto en San Luis era la Fiscal, ya que habían sido compañeros estudios.
Otro de los que cae en la volteada de Pla, es el actual camarista provincial Carlos Guillermo Maqueda, en ese entonces asesor legal de la policía, que fue quien aconseja enterrar como NN a Graciela Fiochetti, a pesar de que había un reconocimiento parcial y estaba en marcha las fichas dentarias para conseguir su identificación.
"No se pudo demostrar que fuera ella, por eso se enterró como NN", dijo en un momento Pla refiriéndose a Graciela Fiochetti, argumentando que su tio no la había reconocido y que su hermana no había podido reconocer su cara. En lugar de esperar uno o dos días que llegaran las fichas dentarias, se ordenó su inhumación como NN, pero la orden de hacerlo se la cargó en las espaldas de Fernández Gez. "El que ordenó está sentado ahí", dijo señalando hacia el viejo coronel.
Cronológicamente, la declaración de Pla tuvo varios ejes: primero, frente a una especie de pizarra fue haciendo un croquis de como era e organigrama del Ejército en aquel momento, las responsabilidades de cada sector, sus interdependencias y responsabilidades.
Según esa detallada exposición, tanto el GADA y el Comando no eran ajenos y tenían conocimiento de todo lo que ocurría en la llamada "guerra contra la subversión".
El otro momento de su exposición estuvo dedicado a rescatar su propia figura como un demócrata, en donde sus padres, militantes políticos que tuvieron representación en organos republicanos de gobierno en períodos democráticos, fueron su sostén y el resto de su familia que también actuó en acciones soliarias con la sociedad.
El otro eje de la declaración estuvo dedicado a sus compañeros de armas que durante la dictadura fueron sus superiores.
Dijo que Juan Carlos "Moreno mintió" en su declaración ante el Tribunal, lo mismo que Guillermo Daract. Los tildó de "Cobardes que no saben decir la verdad" y dijo que no esperaba una reacción de ese tipo en "caballeros de armas". Pero también pegó duro a Osarán y a Quiroga por desvirtuar la verdad ante el tribunal.
Otro tramo estuvo dedicado a desvirtuar el hecho de que se haya tratado de un plan sistemático y utilizó el ejemplo de la guerra de las Malvinas para demostrar que ni siquiera allí hubo planificación ni sistematización.
Aseguró que al tema de los desaparecidos recién lo conoció en 1978 cuando estuvo en la Escuela de Guerra y que en ese momento él y otros militares esperaban que el general Rafael Videla dejara el poder, pero que "los intereses" de quienes lo acompañaban en la aventura dictatorial "pudieron mas" y el gobierno se prolongo hasta 1983.
Hubo varios capítulos que fue entremezclando en su exposición, en donde se dedicó a desvirtuar la declaración de algunos testigos en la causa, particularmente los dichos de Víctor Fernández sobre sus torturas y dijo que "andaba cebando mate" a los policías y que una de las hermanas Garraza se la podía ver "tomando sol" en el patio de la policía.
Tambien le dedicó un capítulo al padre de Pedro Ledesma, sobre el reconocimiento que hizo de él cuando le arrebataron a su hijo. "Mentiroso" o "no es así" le gritó desde el público el padre de Pedro en dos o tres oportunidades. "Lo entiendo, yo también haría lo mismo si me hubiera ocurrido lo mismo con un hijo", dijo Pla tratando de mostrarse comprensivo con el hombre que busca a Pedro desde hace 32 años.
Si bien había anticipado que no contestaría a preguntas de la querella, finalmente accedió y respondió selectivamente.
Lo que en un momento dejó en claro, aunque no lo dijo en forma explícita, es que los únicos que tenían edad para purgar pena en cárcel común era él y "el cabo Orozco", porque los demás, que para él tienen toda la responsabilidad, a lo sumo irían a su casa a cumplir prisión domiciliaria debido a su edad.
Dio la sensación de que quería llevarselos puestos a todos los que tuvieron responsabilidades durante la denominada guerra contra la subversión.
Quedó en claro también que la muerte y la desaparición que reinaba por aquellos días en el país y particularmente en la provincia, fue ejecutada por las fuerzas armadas y la policía.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
martes, 27 de enero de 2009
Se acerca el final y Arce, aun sin decir todo lo que sabe, acusó hasta a los abogados de los imputados
San Luis (Pelr) 27-01-09 El polémico Roberto Jesús Arce, integrante del servicio de inteligencia de la policía de Córdoba, con actuación en San Luis, según la documentación que el mismo presentó (pero luego descalificó), ayer finalmente decidió acusar a los imputados por el homicidio de Graciela Fiochetti y Santana Alcaraz, pero no se quedó allí, sino que acusó a los abogados y particularmente a Eduardo Esley de haber sido parte de lo que él denomina "un fraude procesal" en su contra, cuando terminó encarcelado por la muerte de Diego Funes, que sostiene que no cometió. La hija de Funes, fuera del recinto, sostuvo que fue Arce el que encañonó a su madre cuando se llevaron a su padre.
En esta declaración recordó lo que le había hecho su amigo Jorge Hugo Velazquez, referido a los asesinatos de las Salinas del Bebedero ocurridos en setiembre de 1976.
Ayer, tras decir que Luis Saiz, el tercero en cuestión en la causa Diego Funes, estaba muerto, se comprometió a dar con su paradero, como lo hizo alguna vez con Velazquez, a quien dice que convenció en la década del '80 para que declarara lo que sabía sobre la muerte de Graciela Fiochetti y Santana Alcaraz.
En la intensa jornada de ayer, otro testigo, relató las torturas a las que lo sometió el entonces Capitán Plá. Jorge Alfredo Salinas dijo que en una oportunidad en que fue secuestrado por los grupos de tareas de la policía, lo llevaron a un destacamento y cuando lo estaban interrogando, llegó Plá en compañía de Becerra y le propinó "una pateadura", que incluso continuó en el suelo cuando se cayó. Fue la única vez que lo torturaron, pero no se la olvidó más. "Tuve terror, porque estaba a cara descubierta, sin venda" y aunque no lo manifestó explícitamente, para los códigos de la época, ver al torturador podía significar la muerte.
Fue también Salinas quien contó que estando detenido en la penitenciaría local, Jorge Hugo Velazquez le dijo a él y a otros detenidos que a Fiochetti y Alcaraz los había ultimado Carlos Pla de un tiro en la nuca. "Les va a pasar lo mismo que a tu amigo", dice que decía a Salinas, haciendo referencia a que los iban "a boletear". Salinas fue amigo de Santana Alcaraz y ambos compartieron tareas haciendo alfabetización de adultos, a través de un plan nacional.
Ayer también fue operado Víctor David Becerra. Le hicieron un by pass en una de sus piernas, afectadas por la falta de circulación a raíz de una complicación de la diabetes que parece. Ya casi al terminar la audiencia, su defensor, Hernán Vidal, fue quien dio la novedad. "No le amputaron la pierna, pudieron hacerle el by pass", dijo al Tribunal, a la par que pedía que se definieran algunas situaciones procesales, porque el otro defendido, Carlos Pla, quería declarar hoy.
Entre otras medidas que solicitó el abogado, fue que se pidiera al Hospital de Salud Mental local que expidiera un certificado sobre la salud de Roberto Arce, quien en un momento de la declaración dijo que estaba "chapita" producto del sufrimiento al que había sido sometido.
Dijo que quería evitar el pedido de procesamiento por falso testimonio de Arce, ya que en sus declaraciones a través del tiempo, e incluso en esta etapa del juicio, surgieron permanentes contradicciones.
Hoy se espera la declaración de profesionales de la salud, un informe sobre el estado de Becerra y lo más importante de la jornada puede estar dado por la declaración indagatoria de Carlos Plá.
Ayer, el informe que preparó este periódico, relacionado con Carlos Jesús Rodríguez, fiscal provincial durante la dictadura, tuvo repercusión en el juicio.
A Rodríguez, en su testimonio, el abogado Carlos Acevedo lo acusó de ser el autor ideológico de un atentado con bomba ocurrido en aquellos días, que habrían realizado el ya famoso trio Arce Saíz y Velazquez.
En un momento el presidente del Tribunal le pregunta a Arce ¿Usted lee Periodistas en la red? El declarante hizo una serie de consideraciones poco entendibles, que dieron a entender que no lo había leído ese día y finalmente lo llamaron al estrado, le mostraron la foto de Rodríguez, a lo que respondió, con un gesto despectivo de su mano, volviéndose a su silla, dijo que "han pasado treinta años, no sé si es Rodríguez".
Arce sostuvo que creía en la justicia, que este juicio también tenía que servir para limpiar su nombre, porque él no había participado de los hechos por el que tuvo que purgar cárcel, pero afuera, a la salida de la audiencia, la memoria implacable de Mirtha Rosales, detenida y torturada en tiempos del Proceso, que siempre lo acusó de ser "servicio", detalló causas y oportunidades en que Arce actuba con las fuerzas represoras. También la hija de Diego Funes, Susana, dio un relato de cómo se lo llevaron a su padre, que terminó fondeado en el dique Cruz de Piedra.
No puede asegurar quién lo ultimó, pero dijo que su madre lo reconoció como el hombre que la encañonó cuando a Diego se lo llevaron ese 1º de julio de 1977. "Estaban Arce, Saíz y Recalde", dijo, aparentemente Velázquez "había quedado en Sucre y Centenario", a unas cuadras de su casa.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
En esta declaración recordó lo que le había hecho su amigo Jorge Hugo Velazquez, referido a los asesinatos de las Salinas del Bebedero ocurridos en setiembre de 1976.
Ayer, tras decir que Luis Saiz, el tercero en cuestión en la causa Diego Funes, estaba muerto, se comprometió a dar con su paradero, como lo hizo alguna vez con Velazquez, a quien dice que convenció en la década del '80 para que declarara lo que sabía sobre la muerte de Graciela Fiochetti y Santana Alcaraz.
En la intensa jornada de ayer, otro testigo, relató las torturas a las que lo sometió el entonces Capitán Plá. Jorge Alfredo Salinas dijo que en una oportunidad en que fue secuestrado por los grupos de tareas de la policía, lo llevaron a un destacamento y cuando lo estaban interrogando, llegó Plá en compañía de Becerra y le propinó "una pateadura", que incluso continuó en el suelo cuando se cayó. Fue la única vez que lo torturaron, pero no se la olvidó más. "Tuve terror, porque estaba a cara descubierta, sin venda" y aunque no lo manifestó explícitamente, para los códigos de la época, ver al torturador podía significar la muerte.
Fue también Salinas quien contó que estando detenido en la penitenciaría local, Jorge Hugo Velazquez le dijo a él y a otros detenidos que a Fiochetti y Alcaraz los había ultimado Carlos Pla de un tiro en la nuca. "Les va a pasar lo mismo que a tu amigo", dice que decía a Salinas, haciendo referencia a que los iban "a boletear". Salinas fue amigo de Santana Alcaraz y ambos compartieron tareas haciendo alfabetización de adultos, a través de un plan nacional.
Ayer también fue operado Víctor David Becerra. Le hicieron un by pass en una de sus piernas, afectadas por la falta de circulación a raíz de una complicación de la diabetes que parece. Ya casi al terminar la audiencia, su defensor, Hernán Vidal, fue quien dio la novedad. "No le amputaron la pierna, pudieron hacerle el by pass", dijo al Tribunal, a la par que pedía que se definieran algunas situaciones procesales, porque el otro defendido, Carlos Pla, quería declarar hoy.
Entre otras medidas que solicitó el abogado, fue que se pidiera al Hospital de Salud Mental local que expidiera un certificado sobre la salud de Roberto Arce, quien en un momento de la declaración dijo que estaba "chapita" producto del sufrimiento al que había sido sometido.
Dijo que quería evitar el pedido de procesamiento por falso testimonio de Arce, ya que en sus declaraciones a través del tiempo, e incluso en esta etapa del juicio, surgieron permanentes contradicciones.
Hoy se espera la declaración de profesionales de la salud, un informe sobre el estado de Becerra y lo más importante de la jornada puede estar dado por la declaración indagatoria de Carlos Plá.
Ayer, el informe que preparó este periódico, relacionado con Carlos Jesús Rodríguez, fiscal provincial durante la dictadura, tuvo repercusión en el juicio.
A Rodríguez, en su testimonio, el abogado Carlos Acevedo lo acusó de ser el autor ideológico de un atentado con bomba ocurrido en aquellos días, que habrían realizado el ya famoso trio Arce Saíz y Velazquez.
En un momento el presidente del Tribunal le pregunta a Arce ¿Usted lee Periodistas en la red? El declarante hizo una serie de consideraciones poco entendibles, que dieron a entender que no lo había leído ese día y finalmente lo llamaron al estrado, le mostraron la foto de Rodríguez, a lo que respondió, con un gesto despectivo de su mano, volviéndose a su silla, dijo que "han pasado treinta años, no sé si es Rodríguez".
Arce sostuvo que creía en la justicia, que este juicio también tenía que servir para limpiar su nombre, porque él no había participado de los hechos por el que tuvo que purgar cárcel, pero afuera, a la salida de la audiencia, la memoria implacable de Mirtha Rosales, detenida y torturada en tiempos del Proceso, que siempre lo acusó de ser "servicio", detalló causas y oportunidades en que Arce actuba con las fuerzas represoras. También la hija de Diego Funes, Susana, dio un relato de cómo se lo llevaron a su padre, que terminó fondeado en el dique Cruz de Piedra.
No puede asegurar quién lo ultimó, pero dijo que su madre lo reconoció como el hombre que la encañonó cuando a Diego se lo llevaron ese 1º de julio de 1977. "Estaban Arce, Saíz y Recalde", dijo, aparentemente Velázquez "había quedado en Sucre y Centenario", a unas cuadras de su casa.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
El "fiscalito" Rodríguez se habría reciclado en la democracia
San Luis (Pelr) 26-01-09. Una investigación logró determinar que el abogado Carlos Jesús Rodríguez, a quien un testigo en la causa donde se juzgan crímenes durante la dictadura lo sindicó como el responsable de su detención y posterior traslado a un centro clandestino en Córdoba, sería el mismo que en 2007 fue candidato a diputado nacional por Santa Fe, en las listas que lideraba Alberto Rodríguez Saá. El gobernador lo defendía en la tristemente célebre Carta a Massera.
Si bien algunas personas que vieron su foto en un portal de Internet donde el abogado publica sus columnas, lo reconocen indubitablemente, el paso del tiempo ha cambiado la fisonomía y otros no se animan a asegurarlo, pero la coincidencia ideológica es más que fuerte para poder presumir que se trata de la misma persona. Los términos que utiliza son casi idénticos de los que las fuerzas armadas utilizaban en la denominada "lucha contra la subversión" durante la dictadura.
Rodríguez tomó notoriedad en el último tiempo a partir de las declaraciones que hiciera Arturo Negri en el juicio donde se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma.
En el marco de esa causa, Arturo Jesús Negri, ex diputado nacional por el radicalismo, denunció el 23 de diciembre último que durante la dictadura fue detenido en San Luis por fuerzas militares y policiales que lo trasladaron a un centro clandestino ubicado en Velez Sársfield 50 de la capital cordobesa, donde fue salvajemente torturado.
Según relató en esa oportunidad, su detención se había producido a raíz de un enfrentamiento con el entonces Fiscal Carlos Jesús Rodríguez, que había sido nombrado en 1976 por el gobierno militar, del que se desconocía su paradero hasta el momento.
En una carta dirigida al Almirante Emilio Eduardo Massera, firmada por un grupo de "notables" de la ciudad de San Luis, entre los que se encontraba el actual gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, se denunciaba a Negri, entre otros y lo señalaba como la persona que hacia operaciones con la guerrilla, a la que habría provisto de autos robados que hacía circular desde su agencia.
Allí también y ese era uno de los objetos de la carta al dictador, salían a defender al que en ese entonces en San Luis era conocido como "El Fiscalito Rodríguez", que habia tenido actuaciones en la causa.
"Lo que pasó, dijo Negri en la audiencia, es que me compró un auto y después quería que no se lo cobrara", bajo la amenaza de vincularlo con la guerrila.
El último jueves, quien fuera su abogado y lograra rescatarlo de su detención clandestina, pero que también era asesor de la policía y la penitenciaría puntana en la dictadura, Carlos Acevedo, ratificó lo contado por Negri y agregó que Rodríguez "lo quiso apretar amenazándolo que lo iba a denunciar por Montonero y (Negri) lo corrió de una patada...". Después pasó lo que pasó.
Una intensa búsqueda en Internet permitió inferir que "El Fiscalito" no sería otro que Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, que concurrió al colegio Corazón de María, en Alta Córdoba, el mismo que en las elecciones del 28 de octubre de 2007 fue candidato a diputado nacional por la alianza que realizó Alberto Rodríguez Saá con la Unión de Centro Democrático en Santa Fe, su lugar de residencia actual. El portal de la Agencia Federal de Noticias lo menciona en un articulo titulado "El Menú de Ofertas para los comicios del 28 de octubre"
Personas que vivieron en la época en que Rodríguez era fiscal provincial, reconocieron la fotografía que está en el portal de la promoción del colegio cordobés y también en un sitio informativo llamado "Sin mordazas", donde tiene una columna política.
Entre uno de sus escritos se destaca el titulado: "Quien votó a los montoneros", donde relata que "El 25 de mayo de 1973, la banda Montoneros llegaba a la Casa Rosada de la mano de Héctor J. Cámpora, a quien habían rodeado y condicionado. Los votos no eran de ellos ni del "Tío" Cámpora, sino de un general exiliado en España bajo la protección de Franco: Juan Domingo Perón", para señalar luego un "Segundo intento", donde "Treinta años después de aquel 25 de Mayo de Cámpora, llegaban a la Casa Rosada otra vez los montoneros, también con votos prestados del justicialismo. El gobierno del país se centraliza en un grupo reducido, hermético, que funciona al vejo estilo de la "orga": los Kirchner, Carlos Kunkel, Miguel Bonasso, Horacio Verbitsky".
Apasionado por el tema de seguridad, el ahora columnista político, sostiene que "La delincuencia es la que organiza, planifica, hace inteligencia, busca abastecimiento, tiene Logística, aguantaderos, reparte plata y tiene sus informantes. Todo esto, en una época lo tuvo la policía y hoy, la policía debe recuperar eso porque es la infraestructura básica para poder operar".
El candidato a diputado nacional de Rodríguez Saá, advierte también que "para poder actuar eficazmente, la Policía necesita contar con la información adecuada, que es proporcionada por el D2 Inteligencia. Este debe disponer de una red informativa y actuar coordinadamente con los organismos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura), Policía Federal y Policías provinciales" y avanza más en defensa de darle carta blanca a los uniformados, afirmando que "la Dirección de Asuntos Internos debería suprimirse, ya que constituye un factor negativo que actúa como espada de Damocles sobre las cabezas del personal policial, limitando o frenando su accionar por temor a ser sumariado". (la nota completa)
Haciendo referencia al proceso abierto después de la caída de Fernando de la Rua, entra de lleno en su ensalzamiento a la familia de gobernantes puntanos, y sostiene que "Hacía falta un piloto de tormentas. Adolfo Rodríguez Saá acepta el desafío. Suspende el pago de la deuda externa hasta que el Congreso (obviado durante más de una década) determine su legitimidad, como establece la Constitución".
En un artículo de campaña, escrito en octubre de 2007, va a fondo con su apoyo al otro caudillo puntano: "Y allá va Alberto Rodríguez Saá, en caravana por La Matanza , ovacionado, aclamado, diciendo: "Esto demuestra que las encuestas son truchas. Vamos a ganar...". Un Alberto que no estaba en los planes de los Kirchner. Que reivindica a Perón y a Rucci. Que vuelve a hablar con lenguaje peronista, a un peronismo con ganas de rebelarse y de decir ¡Basta!".
En la audiencia del último jueves, Rodríguez, fue sindicado por el abogado Acevedo, como integrante de "una banda" que conformaban además tres agentes de inteligencia, Roberto Arce, Luis Saíz y Jorge Hugo Velázquez, que fueron condenados por el asesinato de Diego Funes ocurrida durante la dictadura. Arce dijo haber sido víctima de "una estafa procesal" y en una declaracion hecha ante el juez González Macías, en la década del '80, Velazquez dijo que le arrancaron su declaración bajo torturas.
Acevedo no titubeo además en sindicar al fiscal del Proceso como "el autor ideológico del atentado contra el doctor Galante", ocurrido en aquellos días y por el que él hizo el patrocinio letrado para iniciar un jury contra el funcionario judicial. El atentado habría sido perpetrado por el mismo grupo de tareas.
Pero el defensor de Negri estuvo en un allanaiento al estudio jurídico de Rodríguez en una causa por cobro de pesos y encontró "abundante literatura nazi y fascista", según recordó el jueves.
Más allá de no poderse aseverar con un 100% de certeza de que se trate del mismo hombre, aunque quienes lo reconocieron fotográficamente aseguran que es él, ideológicamente son un calco. Y si el creador del PUL alguna vez lo defendió ante Massera, ¿porque ahora no habría de transformarlo en su aliado político?
Rodríguez Saá debería dar cuenta de uno y otro hecho, tanto el ocurrido hace treinta años, como las alianzas con quienes aparecen hoy referenciando a la extrema derecha en la Argentina.
Otras perlitas en la bibliografía de Rodríguez
Bien sabido es la postura oficial del gobierno de San Luis con relación a las culturas originarias. Mucho se ha dicho, escrito y mostrado sobre la devolución de territorios a Huarpes y Ranqueles.
Resulta contradictorio leer una postura antagónica en un aliado de Rodríguez Saá, que en un artículo ataca a mansalva al presidente boliviano Evo Morales y expresa sin mediastintas su desprecio por lo realizado por el mandatario aborigen. Allí sostiene que "otro mito corriente es el que afirma que los indios fueron despojados de sus tierras por los conquistadores. Por cierto, no existía entre los aborígenes el sentido de la propiedad individual de la tierra, de manera que nadie puede ser despojado de lo que no tiene". Toda una definición. (la nota completa)
También resulta algo impropia para un defensor "del partido peronista", como pretende ser el caudillo puntano, la descripción de Perón que realiza Rodríguez en su columna: "Perón llega a la doctrina del fascismo a través del Capitán Bartolomé Descalzo (...) Solicitó ser enviado a Italia, en tiempos de Mussolini, y se incorporó a un Regimiento de Alpinos en 1938 (...) prohíbe en la prensa "palabras ofensivas contra el Caballero Benito Mussolini" (...) Del fascismo, Perón toma la "tercera posición" ideológica, distante del liberalismo y del marxismo; el culto a la personalidad; el verticalismo; el concepto del "Líder" (Duce); las concentraciones masivas en la plaza y sus arengas desde el balcón (...) Nunca ocultó su admiración por Mussolini, a quien calificó de "orador sublime", a la vez que dijo: "El Duce fue el hombre más grande de nuestro siglo. Yo seguiré sus huellas, pero evitaré sus errores". Y finaliza: "Estos son los hechos. Que cada uno saque sus conclusiones. Como afirmó Aristóteles y repetía Perón: 'La única verdad es la realidad'".
Si bien algunas personas que vieron su foto en un portal de Internet donde el abogado publica sus columnas, lo reconocen indubitablemente, el paso del tiempo ha cambiado la fisonomía y otros no se animan a asegurarlo, pero la coincidencia ideológica es más que fuerte para poder presumir que se trata de la misma persona. Los términos que utiliza son casi idénticos de los que las fuerzas armadas utilizaban en la denominada "lucha contra la subversión" durante la dictadura.
Rodríguez tomó notoriedad en el último tiempo a partir de las declaraciones que hiciera Arturo Negri en el juicio donde se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma.
En el marco de esa causa, Arturo Jesús Negri, ex diputado nacional por el radicalismo, denunció el 23 de diciembre último que durante la dictadura fue detenido en San Luis por fuerzas militares y policiales que lo trasladaron a un centro clandestino ubicado en Velez Sársfield 50 de la capital cordobesa, donde fue salvajemente torturado.
Según relató en esa oportunidad, su detención se había producido a raíz de un enfrentamiento con el entonces Fiscal Carlos Jesús Rodríguez, que había sido nombrado en 1976 por el gobierno militar, del que se desconocía su paradero hasta el momento.
En una carta dirigida al Almirante Emilio Eduardo Massera, firmada por un grupo de "notables" de la ciudad de San Luis, entre los que se encontraba el actual gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, se denunciaba a Negri, entre otros y lo señalaba como la persona que hacia operaciones con la guerrilla, a la que habría provisto de autos robados que hacía circular desde su agencia.
Allí también y ese era uno de los objetos de la carta al dictador, salían a defender al que en ese entonces en San Luis era conocido como "El Fiscalito Rodríguez", que habia tenido actuaciones en la causa.
"Lo que pasó, dijo Negri en la audiencia, es que me compró un auto y después quería que no se lo cobrara", bajo la amenaza de vincularlo con la guerrila.
El último jueves, quien fuera su abogado y lograra rescatarlo de su detención clandestina, pero que también era asesor de la policía y la penitenciaría puntana en la dictadura, Carlos Acevedo, ratificó lo contado por Negri y agregó que Rodríguez "lo quiso apretar amenazándolo que lo iba a denunciar por Montonero y (Negri) lo corrió de una patada...". Después pasó lo que pasó.
Una intensa búsqueda en Internet permitió inferir que "El Fiscalito" no sería otro que Carlos Jesús Rodríguez Mansilla, que concurrió al colegio Corazón de María, en Alta Córdoba, el mismo que en las elecciones del 28 de octubre de 2007 fue candidato a diputado nacional por la alianza que realizó Alberto Rodríguez Saá con la Unión de Centro Democrático en Santa Fe, su lugar de residencia actual. El portal de la Agencia Federal de Noticias lo menciona en un articulo titulado "El Menú de Ofertas para los comicios del 28 de octubre"
Personas que vivieron en la época en que Rodríguez era fiscal provincial, reconocieron la fotografía que está en el portal de la promoción del colegio cordobés y también en un sitio informativo llamado "Sin mordazas", donde tiene una columna política.
Entre uno de sus escritos se destaca el titulado: "Quien votó a los montoneros", donde relata que "El 25 de mayo de 1973, la banda Montoneros llegaba a la Casa Rosada de la mano de Héctor J. Cámpora, a quien habían rodeado y condicionado. Los votos no eran de ellos ni del "Tío" Cámpora, sino de un general exiliado en España bajo la protección de Franco: Juan Domingo Perón", para señalar luego un "Segundo intento", donde "Treinta años después de aquel 25 de Mayo de Cámpora, llegaban a la Casa Rosada otra vez los montoneros, también con votos prestados del justicialismo. El gobierno del país se centraliza en un grupo reducido, hermético, que funciona al vejo estilo de la "orga": los Kirchner, Carlos Kunkel, Miguel Bonasso, Horacio Verbitsky".
Apasionado por el tema de seguridad, el ahora columnista político, sostiene que "La delincuencia es la que organiza, planifica, hace inteligencia, busca abastecimiento, tiene Logística, aguantaderos, reparte plata y tiene sus informantes. Todo esto, en una época lo tuvo la policía y hoy, la policía debe recuperar eso porque es la infraestructura básica para poder operar".
El candidato a diputado nacional de Rodríguez Saá, advierte también que "para poder actuar eficazmente, la Policía necesita contar con la información adecuada, que es proporcionada por el D2 Inteligencia. Este debe disponer de una red informativa y actuar coordinadamente con los organismos de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería y Prefectura), Policía Federal y Policías provinciales" y avanza más en defensa de darle carta blanca a los uniformados, afirmando que "la Dirección de Asuntos Internos debería suprimirse, ya que constituye un factor negativo que actúa como espada de Damocles sobre las cabezas del personal policial, limitando o frenando su accionar por temor a ser sumariado". (la nota completa)
Haciendo referencia al proceso abierto después de la caída de Fernando de la Rua, entra de lleno en su ensalzamiento a la familia de gobernantes puntanos, y sostiene que "Hacía falta un piloto de tormentas. Adolfo Rodríguez Saá acepta el desafío. Suspende el pago de la deuda externa hasta que el Congreso (obviado durante más de una década) determine su legitimidad, como establece la Constitución".
En un artículo de campaña, escrito en octubre de 2007, va a fondo con su apoyo al otro caudillo puntano: "Y allá va Alberto Rodríguez Saá, en caravana por La Matanza , ovacionado, aclamado, diciendo: "Esto demuestra que las encuestas son truchas. Vamos a ganar...". Un Alberto que no estaba en los planes de los Kirchner. Que reivindica a Perón y a Rucci. Que vuelve a hablar con lenguaje peronista, a un peronismo con ganas de rebelarse y de decir ¡Basta!".
En la audiencia del último jueves, Rodríguez, fue sindicado por el abogado Acevedo, como integrante de "una banda" que conformaban además tres agentes de inteligencia, Roberto Arce, Luis Saíz y Jorge Hugo Velázquez, que fueron condenados por el asesinato de Diego Funes ocurrida durante la dictadura. Arce dijo haber sido víctima de "una estafa procesal" y en una declaracion hecha ante el juez González Macías, en la década del '80, Velazquez dijo que le arrancaron su declaración bajo torturas.
Acevedo no titubeo además en sindicar al fiscal del Proceso como "el autor ideológico del atentado contra el doctor Galante", ocurrido en aquellos días y por el que él hizo el patrocinio letrado para iniciar un jury contra el funcionario judicial. El atentado habría sido perpetrado por el mismo grupo de tareas.
Pero el defensor de Negri estuvo en un allanaiento al estudio jurídico de Rodríguez en una causa por cobro de pesos y encontró "abundante literatura nazi y fascista", según recordó el jueves.
Más allá de no poderse aseverar con un 100% de certeza de que se trate del mismo hombre, aunque quienes lo reconocieron fotográficamente aseguran que es él, ideológicamente son un calco. Y si el creador del PUL alguna vez lo defendió ante Massera, ¿porque ahora no habría de transformarlo en su aliado político?
Rodríguez Saá debería dar cuenta de uno y otro hecho, tanto el ocurrido hace treinta años, como las alianzas con quienes aparecen hoy referenciando a la extrema derecha en la Argentina.
Otras perlitas en la bibliografía de Rodríguez
Bien sabido es la postura oficial del gobierno de San Luis con relación a las culturas originarias. Mucho se ha dicho, escrito y mostrado sobre la devolución de territorios a Huarpes y Ranqueles.
Resulta contradictorio leer una postura antagónica en un aliado de Rodríguez Saá, que en un artículo ataca a mansalva al presidente boliviano Evo Morales y expresa sin mediastintas su desprecio por lo realizado por el mandatario aborigen. Allí sostiene que "otro mito corriente es el que afirma que los indios fueron despojados de sus tierras por los conquistadores. Por cierto, no existía entre los aborígenes el sentido de la propiedad individual de la tierra, de manera que nadie puede ser despojado de lo que no tiene". Toda una definición. (la nota completa)
También resulta algo impropia para un defensor "del partido peronista", como pretende ser el caudillo puntano, la descripción de Perón que realiza Rodríguez en su columna: "Perón llega a la doctrina del fascismo a través del Capitán Bartolomé Descalzo (...) Solicitó ser enviado a Italia, en tiempos de Mussolini, y se incorporó a un Regimiento de Alpinos en 1938 (...) prohíbe en la prensa "palabras ofensivas contra el Caballero Benito Mussolini" (...) Del fascismo, Perón toma la "tercera posición" ideológica, distante del liberalismo y del marxismo; el culto a la personalidad; el verticalismo; el concepto del "Líder" (Duce); las concentraciones masivas en la plaza y sus arengas desde el balcón (...) Nunca ocultó su admiración por Mussolini, a quien calificó de "orador sublime", a la vez que dijo: "El Duce fue el hombre más grande de nuestro siglo. Yo seguiré sus huellas, pero evitaré sus errores". Y finaliza: "Estos son los hechos. Que cada uno saque sus conclusiones. Como afirmó Aristóteles y repetía Perón: 'La única verdad es la realidad'".
"Esto viene después de la próstata, doctor"
San Luis (Pelr) 23-01-09. Con esta ironía y haciendo referencia a la senilidad se despachó el juez Roberto Burad ante quien fuera el director del Policlínico Regional cuando se hizo la autopsia de Graciela Fiochetti. No recordaba absolutamente nada de esos hechos, aun después de haberle leído los documentos que él firmó pidiendo que sacaron los dos cadaveres que habían sido encontrados en las salinas. Andrés García Calderón, el medico cuñado del entonces Jefe del Grupo de Defensa Aérea 141, Juan Carlos Moreno, lo que repitió a lo largo de la audiencia fue "no sé" y "no me acuerdo".
Según otros testimonios escuchados a lo largo del jucio, él en persona había impedido el ingreso del personal de Anatomía Patológica a la morgue cuando estaban depositados los cuerpos. Los licenció por varios días, después cursó una nota al coronel Fernández Gez pidiendo que retiraran los cadáveres y ordenaran su inhumación, pero el médico militar que si recordó que en ese momento él no tenia actividad en el Ejército, no pudo recordar ni siquiera después de haber visto estampada su firma en los documentos que le exhibieron.
Pero no fue el único olvidadizo, ya que también testificó en el día de ayer Jorge Moyano, el médico que realizó la autposia de la chica de La Toma, quien, a su criterio, no tenía un orificio de bala en la nuca, sino que era un golpe hecho con un elemento contundente. En la autopsia que realizó dice que murio por una hemorragia, pero quien la firmó, el forense Moreno Recalde, admitió en su testimonio que había visto un orificio de bala.
Subido en el pedestal más alto de la soberbia, también declaró el abogado Carlos Acevedo, que a sus 22 años sacó a Arturo Jesus Negri "del pozo" donde lo habían tirado los represores, tras una denuncia de un enconado enemigo suyo, el "fiscalito" Carlos Jesús Rodríguez, a quien también le promovió un juicio politico por el que fue debió presentar la renuncia y luego "fue detenido y procesado".
Aunque al principio dijo que no había sido asesor de la policía y la penitenciaría durante la dictadura, sino que cumplía esa función en el ministerio de Gobierno, con Nicomedes Muñoz en el período de Adre y luego con Jaunarena en el Proceso, finalmente reconoció que si tuvo una oficina durante "uno o dos meses" al lado de la de Becerra en la Jefatura, porque le encargaron hacer un proyecto de ley orgánica de la fuerza y otro del régimen jubilatorio.
Cuando Enrique Ponce, abogado de la querella lo interrogó por sus fluidos contactos con las fuerzas que tenían "chupado" a Negri, dijo que él no podía tener "a los 22 años, esos contactos" y en algún momento se refirió a si mismo como "un perejil" que no podía estar al tanto de lo que ocurría con la deniminada gerra antisubversiva.
No obstate, fue quien recomendó para que nombraran al actual juez de Cámara, Carlos Guillermo Maqueda, como asesor de la Policía. "Yo siempre me consideré un poco más que cualquier persona", fue una de las frases altisonantes que pronunció Acevedo.
También, ante una ironía del querellante, que le dijo que parecía que a pesar de su corta edad, era una persona "muy escuchada", respondió que era escuchado a los 22, pero "también a los 21 y después mucho más".
Entre sus declaraciones de ayer y una realizada hace casi treinta años atrás en sede judicial, surgieron algunas contradicciones y otras las salvó diciendo que eran pruebas que habían puesto a su disposición para el juicio político contra el Fiscal Rodríguez. Hacía referencia concretamente a que en aquel momento tenia acceso a información secreta del D2, que ayer dijo que nunca utilizó, pero que se la habían ofrecido contra Rodríguez.
Antes habia afirmado que no conocía sobre el atentado que sufrió el doctor Galante, mientras que ayer sustuvo que era su abogado patrocinante. "Al escrito lo hizo el doctor Galante y yo lo firmé", sostuvo.
También dijo que era con Pla habían cultivado una amistad en 1975, ya que tenían un amigo en común que era compañero de armas del militar que hoy está siendo juzgado.
Según otros testimonios escuchados a lo largo del jucio, él en persona había impedido el ingreso del personal de Anatomía Patológica a la morgue cuando estaban depositados los cuerpos. Los licenció por varios días, después cursó una nota al coronel Fernández Gez pidiendo que retiraran los cadáveres y ordenaran su inhumación, pero el médico militar que si recordó que en ese momento él no tenia actividad en el Ejército, no pudo recordar ni siquiera después de haber visto estampada su firma en los documentos que le exhibieron.
Pero no fue el único olvidadizo, ya que también testificó en el día de ayer Jorge Moyano, el médico que realizó la autposia de la chica de La Toma, quien, a su criterio, no tenía un orificio de bala en la nuca, sino que era un golpe hecho con un elemento contundente. En la autopsia que realizó dice que murio por una hemorragia, pero quien la firmó, el forense Moreno Recalde, admitió en su testimonio que había visto un orificio de bala.
Subido en el pedestal más alto de la soberbia, también declaró el abogado Carlos Acevedo, que a sus 22 años sacó a Arturo Jesus Negri "del pozo" donde lo habían tirado los represores, tras una denuncia de un enconado enemigo suyo, el "fiscalito" Carlos Jesús Rodríguez, a quien también le promovió un juicio politico por el que fue debió presentar la renuncia y luego "fue detenido y procesado".
Aunque al principio dijo que no había sido asesor de la policía y la penitenciaría durante la dictadura, sino que cumplía esa función en el ministerio de Gobierno, con Nicomedes Muñoz en el período de Adre y luego con Jaunarena en el Proceso, finalmente reconoció que si tuvo una oficina durante "uno o dos meses" al lado de la de Becerra en la Jefatura, porque le encargaron hacer un proyecto de ley orgánica de la fuerza y otro del régimen jubilatorio.
Cuando Enrique Ponce, abogado de la querella lo interrogó por sus fluidos contactos con las fuerzas que tenían "chupado" a Negri, dijo que él no podía tener "a los 22 años, esos contactos" y en algún momento se refirió a si mismo como "un perejil" que no podía estar al tanto de lo que ocurría con la deniminada gerra antisubversiva.
No obstate, fue quien recomendó para que nombraran al actual juez de Cámara, Carlos Guillermo Maqueda, como asesor de la Policía. "Yo siempre me consideré un poco más que cualquier persona", fue una de las frases altisonantes que pronunció Acevedo.
También, ante una ironía del querellante, que le dijo que parecía que a pesar de su corta edad, era una persona "muy escuchada", respondió que era escuchado a los 22, pero "también a los 21 y después mucho más".
Entre sus declaraciones de ayer y una realizada hace casi treinta años atrás en sede judicial, surgieron algunas contradicciones y otras las salvó diciendo que eran pruebas que habían puesto a su disposición para el juicio político contra el Fiscal Rodríguez. Hacía referencia concretamente a que en aquel momento tenia acceso a información secreta del D2, que ayer dijo que nunca utilizó, pero que se la habían ofrecido contra Rodríguez.
Antes habia afirmado que no conocía sobre el atentado que sufrió el doctor Galante, mientras que ayer sustuvo que era su abogado patrocinante. "Al escrito lo hizo el doctor Galante y yo lo firmé", sostuvo.
También dijo que era con Pla habían cultivado una amistad en 1975, ya que tenían un amigo en común que era compañero de armas del militar que hoy está siendo juzgado.
Un perfil conflictivo: Para su ex empleador, Velazquez "era un perro fiel"
San Luis (Pelr) 23-01-08. El anestesista Domingo Borra, que le dio trabajo como cuidador de un complejo de cabañas al policía del D2 que fue condenado a prisión por la muerte de Diego Funes, no dudo en calificar como "un buen chico, muy inteligente, aunque con una personalidad conflictiva" a Jorge Hugo Velázquez, el hombre que con su testimonio incriminó a Carlos Pla y Víctor Becerra en el asesinato de Graciela Fiochetti. Pidiendo las disculpas del caso por la comparación, dijo que era como "un perro fiel", que nunca lo había traicionado y que al parecer cargaba un trauma producto de tormetos sufridos con anterioridad a conocerlo.
Si bien no recordó la fecha exacta en que lo tuvo como empleado, acordó que podría haber sido en 1984, y que llegó a él por una recomendación del médico forense Moreno Recalde, compañero de trabajo en el Sanatorio Ramos Mejía. "Él me lo recomendó y me dijo que me lo iba a presentar, pero finalmente Velazquez se presentó solo un día en El Volcan", donde tiene un complejo de cabañas. Allí se dedicó "a cuidar el predio" y "se sentía muy bien solo".
Si bien Borra -que fue funcionario provincial durante el Proceso- repitió muchas veces que había preferido no escuchar a Velazquez cuando comenzaba a contar cosas de su pasado, admitió que eran muy sugestivas la malformación de sus dos manos y uno de sus brazos. "Tenía los diez dedos quebrados, por lo menos dos quebraduras en cada dedo", lo que admitió que podía haber sido a resultas de torturas.
El médico dijo que "al verle la mano" se podía inferir que "alguien se la rompió", ya que no conocia ningún caso de quebraduras en los 10 dedos. "No conozco en la historia médica que se quiebren los dedos así", resaltó.
También tenía "una deformidad en el brazo, quizá por la fractura de tibia, cúbito y radio", a la que probablemente se la hayan provocado "con un elemento contundente".
De igual forma recordó que "usaba prótesis dental, era una prótesis parcial o total". "Me parece que mi esposa le arregló la prótesis", ya que ella es odontóloga.
Todos estos datos corroboran el relato de Velazquez de haber sido torturado para arrancarle la confesión sobre la muerte de Diego Funes, hechos por los cuales también acusó en vida a Becerra y Pla, entre otros.
Borra contó también que Velazquez "se sentía muy herido y defraudado por la sociedad", pero particularmente porque habia sido "muy fiel y obediente" y le habían hecho una 'mejicaneada'. "Se entregó a una función" y lo traicionaron.
Asimismo señaló como uno de los temas recurrentes de Velazquez, era el sentirse "fuerte, poderoso" y trajo a colación una anécdota, referidas a unos borceguies que le habia regalado y los usaba desatados. "Son fáciles de sacar y me sirven de protección", dijo que le respondió cuando le preguntó porque los usaba de esa forma.
También reconoció una veta violenta del ex agente del D2, cuando en una oportunidad un turista que estaba alojado en el complejo se retiró antes del horario previsto, presuntamente sin pagar, "lo corrio descalzo y en calzoncillos hasta la Olla, lo bajó del auto, lo molió a palos y lo metió dentro del baúl".
Aunque siempre fue remiso a relatar episodios que estuvieran ligados al accionar de Velázquez durante la dictadura, admitió que le había contado que en un procedimiento realizado en la casa de "un lustrador" ubicada en el barrio Rawson, dijo que "el le había tumbado la puerta", ya que siempre andaba haciendo alarde de su fuerza.
En una de esas charlas a las que Borra esquivaba, Velázquez le contó que "trabajaba con Pla y con Becerra" y que "era chofer" del entonces sub jefe de policía.
"Interpreté que había sido Pla el que lo había defraudado, el de la 'mejicaneada'. O le prometieron algo que no cumplieron o le hicieron creer algo que no pasó", indicó el médico.
En ese punto, Borra dijo haber entendido a Velázquez, porque él se sintio también defraudado por las autoridades de aquel momento, puesto que en una oportunidad que se encontraba en vacaciones, a su regreso se dio con la noticia de que en la ciudad se decía "que me había fugado con varios millones de DOSEP", que dependia del área a su cargo, la subsecretaría de Promoción y Acción Social. "Me sentí defraudado y después renuncié", agregó.
Otro de los puntos que manifestó en su exposición, fue que Velazquez tenía una personalidad "muy conflictiva", con un delirio persecutorio permantente. "Veía camiones del Ejército, me decía que subversivos bajaban armas en el río. Siempre le faltaban cosas... Estaba muy tocado", resumió, pero cuando el juez Burad le preguntó si los delirios estaban relacionados con otros temas de ese momento, como el trabajo, reconoció que no, que redundaba siempre sobre militares y subversivos.
"Nunca pude entender de qué lado estaba", refirió señalando a ambos bandos enfrentados en aquel momento. "Tuve la impresión de que necesitaba apoyo psiquiátrico", pero Velazquez ni la familia acogieron esta idea.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Si bien no recordó la fecha exacta en que lo tuvo como empleado, acordó que podría haber sido en 1984, y que llegó a él por una recomendación del médico forense Moreno Recalde, compañero de trabajo en el Sanatorio Ramos Mejía. "Él me lo recomendó y me dijo que me lo iba a presentar, pero finalmente Velazquez se presentó solo un día en El Volcan", donde tiene un complejo de cabañas. Allí se dedicó "a cuidar el predio" y "se sentía muy bien solo".
Si bien Borra -que fue funcionario provincial durante el Proceso- repitió muchas veces que había preferido no escuchar a Velazquez cuando comenzaba a contar cosas de su pasado, admitió que eran muy sugestivas la malformación de sus dos manos y uno de sus brazos. "Tenía los diez dedos quebrados, por lo menos dos quebraduras en cada dedo", lo que admitió que podía haber sido a resultas de torturas.
El médico dijo que "al verle la mano" se podía inferir que "alguien se la rompió", ya que no conocia ningún caso de quebraduras en los 10 dedos. "No conozco en la historia médica que se quiebren los dedos así", resaltó.
También tenía "una deformidad en el brazo, quizá por la fractura de tibia, cúbito y radio", a la que probablemente se la hayan provocado "con un elemento contundente".
De igual forma recordó que "usaba prótesis dental, era una prótesis parcial o total". "Me parece que mi esposa le arregló la prótesis", ya que ella es odontóloga.
Todos estos datos corroboran el relato de Velazquez de haber sido torturado para arrancarle la confesión sobre la muerte de Diego Funes, hechos por los cuales también acusó en vida a Becerra y Pla, entre otros.
Borra contó también que Velazquez "se sentía muy herido y defraudado por la sociedad", pero particularmente porque habia sido "muy fiel y obediente" y le habían hecho una 'mejicaneada'. "Se entregó a una función" y lo traicionaron.
Asimismo señaló como uno de los temas recurrentes de Velazquez, era el sentirse "fuerte, poderoso" y trajo a colación una anécdota, referidas a unos borceguies que le habia regalado y los usaba desatados. "Son fáciles de sacar y me sirven de protección", dijo que le respondió cuando le preguntó porque los usaba de esa forma.
También reconoció una veta violenta del ex agente del D2, cuando en una oportunidad un turista que estaba alojado en el complejo se retiró antes del horario previsto, presuntamente sin pagar, "lo corrio descalzo y en calzoncillos hasta la Olla, lo bajó del auto, lo molió a palos y lo metió dentro del baúl".
Aunque siempre fue remiso a relatar episodios que estuvieran ligados al accionar de Velázquez durante la dictadura, admitió que le había contado que en un procedimiento realizado en la casa de "un lustrador" ubicada en el barrio Rawson, dijo que "el le había tumbado la puerta", ya que siempre andaba haciendo alarde de su fuerza.
En una de esas charlas a las que Borra esquivaba, Velázquez le contó que "trabajaba con Pla y con Becerra" y que "era chofer" del entonces sub jefe de policía.
"Interpreté que había sido Pla el que lo había defraudado, el de la 'mejicaneada'. O le prometieron algo que no cumplieron o le hicieron creer algo que no pasó", indicó el médico.
En ese punto, Borra dijo haber entendido a Velázquez, porque él se sintio también defraudado por las autoridades de aquel momento, puesto que en una oportunidad que se encontraba en vacaciones, a su regreso se dio con la noticia de que en la ciudad se decía "que me había fugado con varios millones de DOSEP", que dependia del área a su cargo, la subsecretaría de Promoción y Acción Social. "Me sentí defraudado y después renuncié", agregó.
Otro de los puntos que manifestó en su exposición, fue que Velazquez tenía una personalidad "muy conflictiva", con un delirio persecutorio permantente. "Veía camiones del Ejército, me decía que subversivos bajaban armas en el río. Siempre le faltaban cosas... Estaba muy tocado", resumió, pero cuando el juez Burad le preguntó si los delirios estaban relacionados con otros temas de ese momento, como el trabajo, reconoció que no, que redundaba siempre sobre militares y subversivos.
"Nunca pude entender de qué lado estaba", refirió señalando a ambos bandos enfrentados en aquel momento. "Tuve la impresión de que necesitaba apoyo psiquiátrico", pero Velazquez ni la familia acogieron esta idea.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
jueves, 22 de enero de 2009
Amenazaron a periodista de Radio Universidad y al abogado de la querella
En la jornada de hoy, Enrique Ponce, el abogado que representa a los familiares y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el juicio que se le sigue a cinco militares y policías, acusados de la muerte y desaparición de personas durante la dictadura, denunció ante el Tribunal Oral Federal, en la audiencia pública del juicio, que el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad y él mismo serían objeto de un atentado contra su propiedad, motivado en "información" que ambos poseerían y "afectaría" a alguien que podría resultar involucrado en el proceso.
La demanda fue realizada a partir de una comuniación que recibió la esposa de Heredia, en cuya vivienda se receptaron tres llamadas, dos de las cuales cortaron al ser atendidas por una menor y en la tercera, una voz masculina le advertía que tanto el hogar del periodista como el del abogado sería "visitado" por extraños bajo una simulación de robo, aparentemente para buscar información relacionada con la causa. "Los están vigilando a los dos", señaló la voz anónima que la mujer asegura haber "escuchado antes".
"Les mando un mensaje a los servicios", dijo Ponce, "toda la información que tenemos está incorporada y es pública" advirtiendo que "todos los que venimos aquí somos objeto de tareas de inteligencia", haciendo referencia a policías de civil que se ubican en el lugar destinado al público y se entremezclan tratando de escuchar las conversaciones. En la mañana de ayer, uno de los presuntos agentes encubiertos se había sentado en el lugar destinado a los periodistas.
El camarista Roberto Burad señaló que aunque el tema no es de competencia Federal, iban a seguirlo de cerca. "El Tribunal se va a interesar de esta situación", expresó para agregar luego que "la justicia debe actuar con todo el peso de la ley para que los ciudadanos puedan expresarse libremente a pesar de sus diferencias y para que nunca más la muerte silencie los pensamientos. Mucho más los de los periodistas que expresan desde su punto de vista" los acontecimientos que les tocan relatar. "Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y ninguno puede permitir que avancen estas situaciones".
También el abogado Hernán Vidal, se solidarizó en nombre de los abogados de la defensa de los imputados, tanto con su colega Ponce, como con el periodista de Radio Universidad.
En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrida en setiembre de 1976, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez.
La demanda fue realizada a partir de una comuniación que recibió la esposa de Heredia, en cuya vivienda se receptaron tres llamadas, dos de las cuales cortaron al ser atendidas por una menor y en la tercera, una voz masculina le advertía que tanto el hogar del periodista como el del abogado sería "visitado" por extraños bajo una simulación de robo, aparentemente para buscar información relacionada con la causa. "Los están vigilando a los dos", señaló la voz anónima que la mujer asegura haber "escuchado antes".
"Les mando un mensaje a los servicios", dijo Ponce, "toda la información que tenemos está incorporada y es pública" advirtiendo que "todos los que venimos aquí somos objeto de tareas de inteligencia", haciendo referencia a policías de civil que se ubican en el lugar destinado al público y se entremezclan tratando de escuchar las conversaciones. En la mañana de ayer, uno de los presuntos agentes encubiertos se había sentado en el lugar destinado a los periodistas.
El camarista Roberto Burad señaló que aunque el tema no es de competencia Federal, iban a seguirlo de cerca. "El Tribunal se va a interesar de esta situación", expresó para agregar luego que "la justicia debe actuar con todo el peso de la ley para que los ciudadanos puedan expresarse libremente a pesar de sus diferencias y para que nunca más la muerte silencie los pensamientos. Mucho más los de los periodistas que expresan desde su punto de vista" los acontecimientos que les tocan relatar. "Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y ninguno puede permitir que avancen estas situaciones".
También el abogado Hernán Vidal, se solidarizó en nombre de los abogados de la defensa de los imputados, tanto con su colega Ponce, como con el periodista de Radio Universidad.
En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrida en setiembre de 1976, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez.
La estructura de una justicia cómplice
22-01-09 En la jornada de ayer, la frágil memoria de los magistrados actuantes durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional debió ser ayudada por las preguntas de la querella y la lectura de los documentos de la época, que ellos alguna vez firmaron.
De allí se desprendió que existió una estructura judicial cómplice, por acción u omisión y que los jueces no desconocían lo que ocurría en ese tiempo en que el Estado imponía el terror.
Eduardo Allende, ex Juez Federal de San Luis y Alfredo Rodriguez, Juez del Crimen designado por el brigadier Marcilese, fueron los citados a declarar como testigos en la causa que se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma.
Por las manos de Allende pasó el famoso "sumario 22" en donde están consignadas las actuaciones que se realizaron luego del hallazgo de los dos cuerpos que estaban en las Salinas del Bebedero, uno de los cuales fue identificado como el de Graciela Fiochetti. Ayer reconoció su firma devolviendoselo al Comando de Artillería sin tomar ninguna actuación. Ya sea por tratarse de delitos de la subversión o por ser un secuestro seguido de muerte, tenía competencia en el caso. Pero no hizo nada o si lo hizo fue para que no se descubriera.
Allende había pedido el expediente porque tenía en sus manos la denuncia del padre de Domingo Chacón, que buscaba el paradero de su hijo que aún hoy continúa desaparecido. pero luego de corroborar -sin decir como- de que lo que buscaba no estaba en el "sumario 22", se lo devolvió al Comando de Artillería, por entonces al mando del coronel Miguel Ángel Fernandez Gez, desvinculándose de un caso que era de su competencia.
También olvidadizo como el resto de los que ocuparon funciones públicas en ese período, Alfredo Rodríguez debió reconocer las reuniones de las que participó junto al entonces fiscal Raúl Fourcade y el ya conocido como el "fiscalíto" (Jesús) Rodríguez, junto a personajes como Roberto Arce y el torturador Jorge Hugo Velazquez, que fue quien involucró a Carlos Pla en el fusilamiento de Graciela Fiochetti.
Aunque ayer se haya encargado de descalificarlos a los condenados por el crimen de Diego Funes, Rodríguez, con su testimonio avaló parte de la declaración de Velazquez de 1986. El trato que se dispensaban el entonces juez, los fiscales y los servicios de inteligencia, eran tal como los describía Velazquez.
Hoy el diario Página 12, en una nota escrita por Diego Martinez, toma cuenta de lo sucedido en aquellos días en San Luis. El artículo se titula "Las cuentas pendientes de la Justicia".
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
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De allí se desprendió que existió una estructura judicial cómplice, por acción u omisión y que los jueces no desconocían lo que ocurría en ese tiempo en que el Estado imponía el terror.
Eduardo Allende, ex Juez Federal de San Luis y Alfredo Rodriguez, Juez del Crimen designado por el brigadier Marcilese, fueron los citados a declarar como testigos en la causa que se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma.
Por las manos de Allende pasó el famoso "sumario 22" en donde están consignadas las actuaciones que se realizaron luego del hallazgo de los dos cuerpos que estaban en las Salinas del Bebedero, uno de los cuales fue identificado como el de Graciela Fiochetti. Ayer reconoció su firma devolviendoselo al Comando de Artillería sin tomar ninguna actuación. Ya sea por tratarse de delitos de la subversión o por ser un secuestro seguido de muerte, tenía competencia en el caso. Pero no hizo nada o si lo hizo fue para que no se descubriera.
Allende había pedido el expediente porque tenía en sus manos la denuncia del padre de Domingo Chacón, que buscaba el paradero de su hijo que aún hoy continúa desaparecido. pero luego de corroborar -sin decir como- de que lo que buscaba no estaba en el "sumario 22", se lo devolvió al Comando de Artillería, por entonces al mando del coronel Miguel Ángel Fernandez Gez, desvinculándose de un caso que era de su competencia.
También olvidadizo como el resto de los que ocuparon funciones públicas en ese período, Alfredo Rodríguez debió reconocer las reuniones de las que participó junto al entonces fiscal Raúl Fourcade y el ya conocido como el "fiscalíto" (Jesús) Rodríguez, junto a personajes como Roberto Arce y el torturador Jorge Hugo Velazquez, que fue quien involucró a Carlos Pla en el fusilamiento de Graciela Fiochetti.
Aunque ayer se haya encargado de descalificarlos a los condenados por el crimen de Diego Funes, Rodríguez, con su testimonio avaló parte de la declaración de Velazquez de 1986. El trato que se dispensaban el entonces juez, los fiscales y los servicios de inteligencia, eran tal como los describía Velazquez.
Hoy el diario Página 12, en una nota escrita por Diego Martinez, toma cuenta de lo sucedido en aquellos días en San Luis. El artículo se titula "Las cuentas pendientes de la Justicia".
Informe: Gustavo Senn
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Laise "solo declarará por escrito"
22-01-09. El ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise "solo declarará por escrito", anticipó ayer su apoderado, el abogado de la curia, Marcelo Shortrede, en una entrevista que le concedió al canal oficial.
Por la mañana había presentado un escrito ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, que juzga a militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Alli expresaba que el religioso, que desde hace siete años vive en el convento del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, se acogerá a las prerrogativas que le otorga el artículo 250 del Código Penal.
El abogado argumentó además que la salud del obispo emérito está resquebrajada y enumeró una serie de dolencias que lo afectan: cáncer, una intervención coronaria, una reciente operación de pólipos sangrantes, además de sus 83 años y una disminución de sus capacidades mentales.
No obstante señaló que "el obispo razona" de manera correcta y que mantiene una fluida correspondencia con él "a través del correo electrónico", pero que no es aconsejable el stress de un interrogatorio en una audiencia judicial.
Dijo que no sabía porqué se lo llamaba a declarar, ya que el obispo "no sabe nada" de la causa Fiochetti y que había "otros intereses" -al parecer inconfesables- de quienes insisten en hacerlo comparecer. Señaló que tampoco estaba imputado en la causa, pero olvidó señalar que uno de los imputados, Fernández Gez, que prendió el ventilador, dijo que el monseñor lo había conminado a hacer desaparecer a un cura y que como no hizo lugar al pedido, hizo que ningún cura de la diocesis casara a su hija por aquellos años.
Para Shortrede, el llamado ha hacerlo declarar en forma oral, es para ver si logran "una confusión" que haga que el hombre que representa termine procesado.
Ayer se supo que la Cancillería informó al Tribunal que están dadas las condiciones técnicas para que la video conferencia se realice, pero para hoy están previstas las últimas declaraciones y el trámite llevaría al menos diez dias.
“Laise no es obispo en funciones y no tiene prerrogativas especiales, sino declara, estará desobedeciendo una orden judicial", señaló a este medio Enrique Ponce, abogado de la querella, quien explicó que existe jurisprudencia al respecto para que declare.
No obstante, hay que recordar que Laise fue propuesto como testigo por la defensa de Fernández Gez.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Por la mañana había presentado un escrito ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, que juzga a militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Alli expresaba que el religioso, que desde hace siete años vive en el convento del Padre Pío, en San Giovanni Rotondo, se acogerá a las prerrogativas que le otorga el artículo 250 del Código Penal.
El abogado argumentó además que la salud del obispo emérito está resquebrajada y enumeró una serie de dolencias que lo afectan: cáncer, una intervención coronaria, una reciente operación de pólipos sangrantes, además de sus 83 años y una disminución de sus capacidades mentales.
No obstante señaló que "el obispo razona" de manera correcta y que mantiene una fluida correspondencia con él "a través del correo electrónico", pero que no es aconsejable el stress de un interrogatorio en una audiencia judicial.
Dijo que no sabía porqué se lo llamaba a declarar, ya que el obispo "no sabe nada" de la causa Fiochetti y que había "otros intereses" -al parecer inconfesables- de quienes insisten en hacerlo comparecer. Señaló que tampoco estaba imputado en la causa, pero olvidó señalar que uno de los imputados, Fernández Gez, que prendió el ventilador, dijo que el monseñor lo había conminado a hacer desaparecer a un cura y que como no hizo lugar al pedido, hizo que ningún cura de la diocesis casara a su hija por aquellos años.
Para Shortrede, el llamado ha hacerlo declarar en forma oral, es para ver si logran "una confusión" que haga que el hombre que representa termine procesado.
Ayer se supo que la Cancillería informó al Tribunal que están dadas las condiciones técnicas para que la video conferencia se realice, pero para hoy están previstas las últimas declaraciones y el trámite llevaría al menos diez dias.
“Laise no es obispo en funciones y no tiene prerrogativas especiales, sino declara, estará desobedeciendo una orden judicial", señaló a este medio Enrique Ponce, abogado de la querella, quien explicó que existe jurisprudencia al respecto para que declare.
No obstante, hay que recordar que Laise fue propuesto como testigo por la defensa de Fernández Gez.
Informe: Gustavo Senn
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miércoles, 21 de enero de 2009
No quedan dudas: El Ejército mató a Fiochetti y desapareció a otros militantes
La imagen de Juan Carlos Moreno, jefe del GADA entre 1976 y 1977 se encuentra en a un costado del ingreso a la que fue su oficina.
Aunque para todo el mundo estaba claro que la muerte de Graciela Fiochetti fue realizada por manos militares, el careo que se llevó a cabo entre los dos máximos jefes militares de la época -el Comando de Artillería y el Grupo de Artillería- mostró a las claras que fueron ellos lo que lo hicieron.
El último tramo de la declaración testimonial de Juan Carlos Moreno, ex Jefe del GADA 141 durante el terrorismo de Estado, sirvió para realizar un careo con quien detentaba el máximo grado militar en San Luis en aquella época, a cargo de la jefatura del Comado de Artillería 141, Miguel Ángel Fernández Gez, hoy imputado en la causa.
A esa altura, Moreno había reconocido que hubo un plan sitemático, que se utilizó la estrategia francesa en el combate contra la subversión, que consta de una serie de pasos como detención, tortura, destrucción psicológica del enemigo y admitió que hubo "consecuencias no queridas" como lo que ocurrió en las Salinas del Bebedero. Dijo también que supo que en San Luis se realizaron esas prácticas y que hubo desaparecidos. Claro está, no reconoció que él lo hubiera ordenado ni que hubiesen pasado durante su período al frente del Grupo de Artillería. Mediante una serie de subterfugios, palabras enredas y una retorica vacía pretendió esconder su culpa,
Después, el careo con Gez fue un espectáculo por momentos lamentable, el coronel más antiguo acusando a su subordinado y Moreno balbuceando palabras y frases inentendibles, donde lo único que repetia era que la responsabilidad -por acción u omisión- era del que ostentaba la máxima jerarquía.
Sin medias palabras, Fernández Gez lo acusó de haber participado directamente o a través del Grupo que comandaba, de los asesinatos de las Salinas del Bebedero y de haber hecho una serie de maniobras de encubrimiento para que no se descubriera.
Hubiese sido más honesto y honorable que Moreno lo reconociera y finalmente dijera a los familiares de los que hoy se encuentran desaparecidos, donde enterraron los cuerpos de aquellos que mataron sin piedad.
Laise no quiere declarar: "El viejo se les va a cagar de risa"
Con esas palabras, enojado, uno de los abogados de la defensa de los imputados se dirigía a sus colegas, refiriéndose a Juan Rodolfo Laise, el remiso ex obispo de San Luis que utilizaria todos sus contactos para eludir declarar ante la justicia como testigo en la causa donde se investigan crimenes de lesa humanidad en la capital puntana.
Luego remarcó, en un diálogo oído por todos los que salían de la audiencia: "lo único que se va a conseguir es dilatar el juicio".
Poco antes, el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez, había informado a las partes que la tan perseguida teleconferencia con el religioso acusado por Fernández Gez de haberle pedido que hiciera desaparecer a un cura, era viable aqui en San Luis, gracias a los buenos oficios de "dos profesores de la Universidad de La Punta", pero que la Cancillería les había informado a los jueces que "Laise no tiene intención de declarar", para que verificaran ese extremo antes de realizar ningún gasto en la instalación de tecnología en el lugar de residencia del prelado.
Según lo expresado por Rodríguez, que transmitió lo que de manera extraoficial habían pronunciado en la Cancillería, "Laise no quiere brindar su testimonio y tampoco lo hará por escrito", lo que los ponía en una encrucijada, porque el religioso defensor del rito Trentino, habría movido sus hilos para no responder a la justicia terrestre, esperando quizá que la divina le sea más benévola.
Pasando en limpio, más allá de enojos y presunciones, puede decirse que Juan Rodolfo Laise, obispo emérito de San Luis, será notificado formalmente para que preste declaración testimonial y este trámite podría extender algunos días el juicio, ya que de acuerdo a lo que también manifestó la Cancillería a los jueces del Tribunal Oral Federal de San Luis, el trámite internacional lleva unos quince días.
Orellano no complicó a Laise
El último testimonio que se escuchó ayer en las primeras horas de la tarde, fue el de Gladys Orellano, también detenida en abril de 1976. Juan Vergés había dicho en su testimono de la última semana de diciembre, que ella había sido torturada luego de una confesión que hiciera con el Obispo.
Ayer Orellano, que dijo haber sido torturada en una sesión a la que la llevaron encapuchada, no comprometió al religioso, ya que sostuvo que nunca había hablado con él y que con el único cura que había tenido contacto era con Coscarelli, a quien le pedían que intecediera para que se le concedieran visitas a sus familiares, con resultado negativo, pero que tampoco se había confesado ante el entonces capellán del Ejercito.
Otro desobediente
Ayer Víctor David Becerra, apodado "El Japonés", no estuvo en la audiencia. Un informe médico autorizaba su comparencia en la sala de audiencias.
Su defensor, Hernán Vidal, confirmó ante el Tribunal lo que había anticipado este medio, que está esperando turno para una cirugía en una de sus piernas. "Espero que no sea una amputación, sino un by pass", dijo. "Lo de la amputación figura en el informe", le respondió el presidente del Tribunal.
La fiscal Olga Allende, solicitó al Tribunal que se tomaran los recaudos necesarios para que Becerra esté en la sala.
"Si lo quieren traer, allá ustedes, pero háganse responsables" de lo que pase, refutó enojado Vidal.
Informe: Gustavo Senn
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martes, 20 de enero de 2009
Declaró Pereyra González
Enrique Ponce, abogado de la Querella, hizo una apreciación de la declaración del actual camarista, Secretario del Juzgado Federal durante la dictadura.
Hoy martes, uno de los temas importantes fue el careo entre el coronel Miguel Ángel Fernández Gez, imputado en la causa y el coronel Juan Carlos Moreno, jefe del GADA 141 durante la dictadura. No quedaron dudas de que al asesinato de Fiochetti lo realizaron los militares, que hoy repartieron culpas y acusaciones en el careo.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Hoy martes, uno de los temas importantes fue el careo entre el coronel Miguel Ángel Fernández Gez, imputado en la causa y el coronel Juan Carlos Moreno, jefe del GADA 141 durante la dictadura. No quedaron dudas de que al asesinato de Fiochetti lo realizaron los militares, que hoy repartieron culpas y acusaciones en el careo.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
viernes, 16 de enero de 2009
Suspenden audiencia por la salud de "El Japonés" Becerra
Becerra, en las últimas audiencias concurría con una venda en el cuello y varias veces debió ser sacado en silla de ruedas (foto archivo del inicio del juicio)
La audiencia por el juicio oral y público que se le sigue a militares y policías que actuaron durante la dictadura en San Luis, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, debió ser suspendida ayer ante la ausencia de uno de los acusados, Víctor David "El Japonés" Becerra, cuya salud se ha deteriorado y debería ser sometido a una intervención quirúrgica.
El juicio continuará el martes próximo en horas de la mañana y ayer estaba prevista una pericia que finalmente no se llevó a cabo, ya que el represor se encontraba dializándose hasta las 22.
Becerra padece de diabetes, lo que le ha deteriorado la salud, afectándole los riñones y también está a punto de perder una de sus piernas a raíz de una gangrena que la afecta.
Hoy el ex jefe de Informaciones de la Policía, será sometido a un nuevo estudio para ver el estado de sus arterias, para determinar el estado de la afección, razón por la cual no se sabía si los peritos podrían realizar los exámenes médicos que el Tribunal ha solicitado para determinar si puede continuar o no en la sala de debate.
Hernán Vidal, defensor de Becerra y Carlos Plá, venía pidiendo desde hace algún tiempo que su cliente no estuviera en el debate en razón de su salud.
Hoy a las 10 está previsto el exámen que realizarán los médicos Giboín (perito oficial) Aldain (propuesto por la querella) y Peralta (presentado por la defensa) aunque no se sabía a ciencia cierta si se podría llevar adelante debido a los otros estudios que están pendientes para conocer el cuadro clínico del represor.
La salud del temible jefe del D2 en los años de plomo, "está muy deteriorada", arriesgó una fuente confiable. "Hay que decidir entre salvarle la pierna o salvarle la vida", acotó y en esta última opción sería necearia la inminente amputación de uno de sus miembros inferiores.
Las repercusiones del juicio en la prensa nacional
Ayer, el diario Página 12, hizo referencia de lo que acontece en el jucio que se está llevando a cabo en San Luis, en una nota que escribe Diego Martínez, que toma crónicas realizadas por este medio. Hace alusión al careo entre el coronel Guillermo Daract y Miguel Ángel Fernández Gez, "Don Chico", como familiarmente lo llaman algunos federales.
"La obediencia debida volvió al ruedo de un modo impensado. A dos décadas de la sanción de la ley que garantizó la impunidad a las Fuerzas Armadas, un lustro de su anulación en el Congreso y tres años desde que la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional, por primera vez un militar imputado por crímenes de lesa humanidad argumentó ante un tribunal constitucional sobre el absurdo que implica no juzgar a secuestradores, torturadores y asesinos por el solo hecho de que cumplían órdenes superiores. “¡Parece que ustedes hubieran sido títeres manejados a control remoto!”, ironizó con bronca el coronel Miguel Angel Fernández Gez, ex jefe del Comando de Artillería 141 de San Luis, ante la pretendida inocencia del coronel Guillermo Daract, por entonces su asesor como jefe de la Plana Mayor del Comando...", indica. (La nota completa haciendo clic aquí)
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
jueves, 15 de enero de 2009
La plana mayor que acompañó a Fernández Gez reconoce que hubo un plan sistemático
Uno de los ejes en que la querella basó su estrategia, para que se determinen que los que se investigan son crímenes de lesa humanidad, es en el plan sistemático que se aplicó desde las fuerzas armadas para "aniquilar la subversión". La defensa se opuso sistemáticamente a que se utilizara esta denominación. Ayer, con la testimonial de los otros dos integrantes de la plana mayor que acompañó al imputado Miguel Fernández Gez, no quedó lugar a dudas de que no solo hubo un plan sistemático, sino también órdenes específicas para llevarlo adelante.
Tampoco quedan dudas de que la muerte de Graciela Fiochetti fue realizada por fuerzas policiales o militares que en última instancia estaban controladas por el Ejército, en el caso particular de la ciudad de San Luis. Más allá de que se pueda determinar o no quien fue el autor material del disparo que terminó con la vida de la joven de 22 años, ya ni por asomo le pueden achacar esa muerte a Montoneros, como se pretendió en los días en que aparecieron los cadáveres en las Salinas.
En la jornada de ayer declararon los coroneles retirados Gerácimo Quiroga y Carlos Ozarán, también lo hizo el médico militar Luis Serrano.
Nuevamente la intervención del defensor de Luis Orozco, el doctor Eduardo Esley, le aportó a la querella la afirmación del argumento que necesitaba. "Le voy a preguntar algo que acá lo van a inducir para que lo diga", dijo el abogado, y luego se despachó sobre las técnicas del ejército israelí en la guerra moderna, para preguntar luego si "hubo un plan sistemático", con la obvia intención de que respondiera que no, pero ante su sorpresa, Ozarán le respondió que si, y no solo eso, sino que también señaló que había órdenes específicas de como actuar. Aunque entre esas órdenes no reconció que hubiese alguna que estuviera fuera de la ley o pudiera calificarse como delito.
El militar, petulante por momentos, dijo que conocía lo que le planteaba del Ejército Israelí, pero que no había venido a dar cátedra, y señaló que "el Ejército Argentino tenía sus propias estrategias" sobre como combatir a la subversión.
Hizo una distinción entre terrorismo y subversión, dos términos que señaló que se utilizan como sinónimo, pero que en realidad no quieren decir lo mismo. "El terrorismo es un método de lucha", especificó, agregando que era "el único que se animaban a usar" los subversivos, "con el fin de imponer la dominación al pueblo a través del terror", especificó. Casualmente lo que se investiga en esta causa, es la imposición del terror de manos del Estado, para conseguir los otros objetivos no declarados, como la destrucción de la dirigencia social, gremial y política, la imposición de un modelo económico, entre otros "beneficios" que le trajo al país el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Ozarán dijo que había conocido después de su paso por San Luis de que hubo desapariciones, a las que calificó como "un delito", también reconoció que supo que se aplicaban torturas, pero que no había presenciado nunca una sesión, aunque finalmente, a pesar de haberlas calificadas como delito, ante una pregunta del abogado de la querella, Enrique Ponce, de si las hubiese denunciado, señaló: "no sé si las hubiera denunciado".
También calificó a la frase del jefe de la dictadura, Jorge Rafaél Videla, refiriéndose a los desaparecidos, como poco feliz, aunque confundió las palabras que había pronunciado; "son un mal necesario", me parece que dijo, pero Videla había dicho otra cosa, en tono de pregunta o reflexión, "el desaparecido es alguien que no está", sintetizaba tras un juego de palabras en el que ponía en duda en qué lugar estaba, si vivo, muerto o en otro lugar del planeta.
Tanto Osarán como Quiroga tenían sus propias "coartadas", por llamarlas de alguna manera, sobre los hechos que se investigan, producidos en setiembre del '76. Osarán no estaba en la provincia y Quiroga había sido designado, a partir de marzo de ese año, a una función del gobierno acompañando al Brigadier Marcilese, lo que lo habría alejado de las acciones propiamente militares.
De lo que tampoco quedan dudas es sobre las reuniones que mantuvieron los camaradas de armas cuando se reabrió la causa. Quiroga dio algunos detalles sobre esos encuentros y dijo que a Fernández Gez lo habían ido a visitar para expresarle su solidaridad.
En relación a la denuncia de Jorge Hugo Velazquez, uno de los elementos tenidos en cuenta para llevar adelante el presente juicio donde están imputados Pla, Becerra, Fernández Gez, Orozco y Pérez, Osarán dijo que en 1986 se presentó espontáneamente en el juzgado mendocino que investigaba el caso, luego de enterarse de la denuncia por la prensa, y allí llevó su legajo completo -"casi del tamaño de una guía telefónica"- para demostrar que en ese momento no tenía como destino San Luis.
"Velazquez hizo un popurrí de denuncias, de personajes y de hechos", dijo Ozarán, descalificando la versión del policía torturador que implicó a quienes hoy se juzga, con el testimonio que brindó ante el juez González Macías.
El último en declarar fue el entonces médico del GADA 141, Luis Serrano, que presenció una de las autopsias y lo que dijo solo aportó algo para la confusión general. Sostuvo que la autopsia que realizó Moreno Recalde a uno de los cadáveres encontrados en las Salinas del Bebedero y que él presenció "durante unos 15 ó 20 minutos, siguiendo órdenes" del teniente coronel Moreno, se realizó "a media mañana del 23 de setiembre". Los cuerpos recién llegaron a la morgue alrededor de las 15 de ese día, como lo han indicado distintos testimonios y documentos.
Tambén señaló que no vio la cara de la persona a la que le estaban haciendo la autopsia, pero que tenía piel "muy blanca" y el pelo "era rubio o castaño claro, largo, hasta los hombros" y que si bien no vio si se trataba de un hombre o una mujer, se inclinaba por la posibilidad de que fuese un cuerpo femenino, ya que era "muy delgado". Moreno Recalde dijo que la autopsia que realizó en presencia de Serrano era la de un hombre, pero que las quemaduras estaban exactamente en el lado contrario a lo que señaló el entonces médico del Gada.
En la presente jornada seguirá la ronda de testigos. Ayer se discutió la presencia del abogado Carlos Acevedo, pero finalmente la querella pidió que se lo hiciera comparecer hoy ante el Tribunal a prestar declaración.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Tampoco quedan dudas de que la muerte de Graciela Fiochetti fue realizada por fuerzas policiales o militares que en última instancia estaban controladas por el Ejército, en el caso particular de la ciudad de San Luis. Más allá de que se pueda determinar o no quien fue el autor material del disparo que terminó con la vida de la joven de 22 años, ya ni por asomo le pueden achacar esa muerte a Montoneros, como se pretendió en los días en que aparecieron los cadáveres en las Salinas.
En la jornada de ayer declararon los coroneles retirados Gerácimo Quiroga y Carlos Ozarán, también lo hizo el médico militar Luis Serrano.
Nuevamente la intervención del defensor de Luis Orozco, el doctor Eduardo Esley, le aportó a la querella la afirmación del argumento que necesitaba. "Le voy a preguntar algo que acá lo van a inducir para que lo diga", dijo el abogado, y luego se despachó sobre las técnicas del ejército israelí en la guerra moderna, para preguntar luego si "hubo un plan sistemático", con la obvia intención de que respondiera que no, pero ante su sorpresa, Ozarán le respondió que si, y no solo eso, sino que también señaló que había órdenes específicas de como actuar. Aunque entre esas órdenes no reconció que hubiese alguna que estuviera fuera de la ley o pudiera calificarse como delito.
El militar, petulante por momentos, dijo que conocía lo que le planteaba del Ejército Israelí, pero que no había venido a dar cátedra, y señaló que "el Ejército Argentino tenía sus propias estrategias" sobre como combatir a la subversión.
Hizo una distinción entre terrorismo y subversión, dos términos que señaló que se utilizan como sinónimo, pero que en realidad no quieren decir lo mismo. "El terrorismo es un método de lucha", especificó, agregando que era "el único que se animaban a usar" los subversivos, "con el fin de imponer la dominación al pueblo a través del terror", especificó. Casualmente lo que se investiga en esta causa, es la imposición del terror de manos del Estado, para conseguir los otros objetivos no declarados, como la destrucción de la dirigencia social, gremial y política, la imposición de un modelo económico, entre otros "beneficios" que le trajo al país el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
Ozarán dijo que había conocido después de su paso por San Luis de que hubo desapariciones, a las que calificó como "un delito", también reconoció que supo que se aplicaban torturas, pero que no había presenciado nunca una sesión, aunque finalmente, a pesar de haberlas calificadas como delito, ante una pregunta del abogado de la querella, Enrique Ponce, de si las hubiese denunciado, señaló: "no sé si las hubiera denunciado".
También calificó a la frase del jefe de la dictadura, Jorge Rafaél Videla, refiriéndose a los desaparecidos, como poco feliz, aunque confundió las palabras que había pronunciado; "son un mal necesario", me parece que dijo, pero Videla había dicho otra cosa, en tono de pregunta o reflexión, "el desaparecido es alguien que no está", sintetizaba tras un juego de palabras en el que ponía en duda en qué lugar estaba, si vivo, muerto o en otro lugar del planeta.
Tanto Osarán como Quiroga tenían sus propias "coartadas", por llamarlas de alguna manera, sobre los hechos que se investigan, producidos en setiembre del '76. Osarán no estaba en la provincia y Quiroga había sido designado, a partir de marzo de ese año, a una función del gobierno acompañando al Brigadier Marcilese, lo que lo habría alejado de las acciones propiamente militares.
De lo que tampoco quedan dudas es sobre las reuniones que mantuvieron los camaradas de armas cuando se reabrió la causa. Quiroga dio algunos detalles sobre esos encuentros y dijo que a Fernández Gez lo habían ido a visitar para expresarle su solidaridad.
En relación a la denuncia de Jorge Hugo Velazquez, uno de los elementos tenidos en cuenta para llevar adelante el presente juicio donde están imputados Pla, Becerra, Fernández Gez, Orozco y Pérez, Osarán dijo que en 1986 se presentó espontáneamente en el juzgado mendocino que investigaba el caso, luego de enterarse de la denuncia por la prensa, y allí llevó su legajo completo -"casi del tamaño de una guía telefónica"- para demostrar que en ese momento no tenía como destino San Luis.
"Velazquez hizo un popurrí de denuncias, de personajes y de hechos", dijo Ozarán, descalificando la versión del policía torturador que implicó a quienes hoy se juzga, con el testimonio que brindó ante el juez González Macías.
El último en declarar fue el entonces médico del GADA 141, Luis Serrano, que presenció una de las autopsias y lo que dijo solo aportó algo para la confusión general. Sostuvo que la autopsia que realizó Moreno Recalde a uno de los cadáveres encontrados en las Salinas del Bebedero y que él presenció "durante unos 15 ó 20 minutos, siguiendo órdenes" del teniente coronel Moreno, se realizó "a media mañana del 23 de setiembre". Los cuerpos recién llegaron a la morgue alrededor de las 15 de ese día, como lo han indicado distintos testimonios y documentos.
Tambén señaló que no vio la cara de la persona a la que le estaban haciendo la autopsia, pero que tenía piel "muy blanca" y el pelo "era rubio o castaño claro, largo, hasta los hombros" y que si bien no vio si se trataba de un hombre o una mujer, se inclinaba por la posibilidad de que fuese un cuerpo femenino, ya que era "muy delgado". Moreno Recalde dijo que la autopsia que realizó en presencia de Serrano era la de un hombre, pero que las quemaduras estaban exactamente en el lado contrario a lo que señaló el entonces médico del Gada.
En la presente jornada seguirá la ronda de testigos. Ayer se discutió la presencia del abogado Carlos Acevedo, pero finalmente la querella pidió que se lo hiciera comparecer hoy ante el Tribunal a prestar declaración.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
miércoles, 14 de enero de 2009
Daract y un compromiso permanente con la ideología del Proceso
El de Guillermo Daract ha sido uno de los testimonios más valiosos que se ha escuchado en el juicio que se le sigue a los policías y militares acusados de asesinar a Graciela Fiochetti
y hacer desaparecer a Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. No por lo que haya aportado para la causa -que si lo aportó, más por los silencios que por lo dicho- sino por que brindó un panorama esclarecedor de como funcionaban las estructuras de mando en el país y también dio un pantallazo de cuál era el marco ideológico que imperaba en aquel momento.
Nunca lo dijo abiertamente, pero dejó flotando en el aire siempre la idea de que en una situación igual, actuaría de la misma manera. "Yo no conozco a nadie de esa época que haya estado en contra de la lucha contra la subversión", dijo en un momento y en ese "nadie" se involucraba tácitamente. Cuando el juez Burad le pregunta por el arrepentimiento del general Martín Balza, si bien esquivó el bulto escudándose en no haber leído su libro y no haber escuchado bien su exposición, dijo que el arrepentimiento de Balza era "por algunos procedimientos", pero no por la lucha en sí.
Daract no se arrepiente de la lucha antisubversiva, más allá de que no se quiera responsabilizar por los crímenes realizados en una serie de "lo desconocía" o "nunca lo hubiera aceptado" o "en San Luis nunca supe que se hiciera eso". Pero era conciente que en el resto del país si se torturaba, si se desaparecian personas y en su testimonio surge a las claras que el aplicado entre 1976 y 1983, fue un plan sistemático para "reorganizar el país", que estaba en peligro de ser tomado por "la subversión apátrida", que venía a trastocar los
valores de la sociedad "occidental y cristiana".
Cuando el juez Burad le hace reflexionar sobre el golpe de Estado que realizan, en un momento donde los militares tenían todas las leyes y normas a su favor para combatir a los grupos armados insurgentes "que querían hacerse del poder", se escapa por la tangente diciendo que era una decisión que estaba fuera de su alcance, pero hay que entender que en esa época y desde la década del '30, los militares se consideraron la reserva moral de la Nación y ha quedado expresado en distintos discursos de la época. Ellos eran los garantes de la argentinidad y de la preservación de la moral "occidental y cristiana".
Lo deja muy en claro cuando habla durante un largo rato de "las ideas extrañas al sentir nacional", como el marxismo, el troskismo y otras vertientes ideológicas que provenían "de Europa, de Rusia y de Cuba", quienes, según el militar, aportaban no solo una fuente ideológica, sino que también los proveían de otros insumos, aunque no dijo cuales, dejó entrever que en el monte Tucumano, los guerrileros "eran abstecidos por un helicoptero", en principio para reforzar la sensación de que era un ejército irregular "que andaba uniformado, con armas a la vista y respondían a un jefe", que era la razón de los operativos militares que comenzaron en el gobierno de María Estela Martinez de Perón.
Daract aseguró también que las acciones fueron concertadas entre las distinas dependencias del Ejercito, más allá de quien tomara las decisiones o quienes las ejecutaran. No había compartimientos estancos ni cosas que supieran unos y se le escaparan a otros, es que siempre la dependencia y la decisión superior estaba a cargo de Fernández Gez. Si bien la ejecución de las órdenes, como el operativo de La Toma u otros que se realizaron, los jefes de cada área tenían libertad para decidir cómo lo hacían, todas las decisiones, incluso el de dar la libertad a los detenidos, pasaban por el Jefe del Comando.
El dijo que "asesoraba" al Comandante Fernández Gez, pero que las decisiones estaban en manos de aquel. Una bonita forma de sacarse el lazo del cuello. Era jefe del Estado Mayor, que asesoraba al Jefe, pero sus recomendaciones no lo hacían responsable.
En un tramo señaló que cuando abatieron a Cobos y le encontraron "información que justificaba un procedimiento" como el que se le realizó en La Toma, él recomendó tomar acciones rápidas, como efectivamente se realizaron "esa misma noche", pero que en definitiva, la responsabilidad de esa acción era del que había dado la orden, es decir Fernández Gez.
Esa fue una de las cosas que el entonces Comandante le enrostró a Daract: "Con lo que has declarado parece que ustedes hubiesen sido títeres, que eran manejados a control remoto, que no tenía participación de las decisiones y que el único responsable era yo", le dijo furioso.
Hasta la fecha, el coronel Guillermo Daract, jefe de la Plana Mayor del Comando de Artillería 141 con asiento en San Luis durante la dictadura, fue el hombre que más tiempo permaneció declarando. El lunes su declaración llevó varias horas. Este martes, estuvo frente al Tribunal toda la jornada, que se extendió hasta las 18,30, aproximadamente.
Daract había reconocido el lunes la reunión que se realizó con Fernández Gez cuando estaba con prisión domiciliaria en Buenos Aires, al reabrirse la causa, pero los motivos fueron bien distintos a los que dijo el imputado por los que se había realizado la reunión.
Daract -que a lo largo de su declaración dejó a Fernández Gez como el responsable máximo de todas las decisiones- dijo que cuando conocieron la noticia de la reapertura de la causa, fueron junto a Juan Carlos Moreno (jefe del GADA), Gerásimo Quiroga y Raúl López (ambos de la Plana Mayor del Comando) a visitarlo para "solidarizarse" con él. Pero el entonces Jefe del Comando, dijo que habíai ido a pedirle que se hiciera cargo de la responsabiidad que le cabía como jefe, en relación al asesinato que se investiga de Graciela Fiochetti y las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma.
Las contradicciones entre ambos relatos hizo que el defensor de Fernández Gez, pidiera un careo entre ambos militares retirados. Allí, en una fuerte discusión, ambo se mantuvieron en sus dichos, pero para muchos quedó la sensación de que sabían más de lo que decían.
Fernández Gez sostuvo, como lo había hecho en la indagatoria, que Daract, López, Moreno y Dana habían participado del fusilamiento de la chica de La Toma, hipótesis también abonada por el defensor de Carlos Plá.
"Con lo que has declarado parece que ustedes hubiesen sido títeres, que eran manejados a control remoto, que no tenía participación de las decisiones y que el único responsable era yo", le dijo Fernández Gez en un tramo del careo donde ambos se repatieron acusaciones y se atribuyeron responsabilidades.
"Tienen que hacerse cargo de su responsabilidad" por la muerte de Fiochetti, en el fusilamiento que le adjudican a ese grupo, donde se le atribuye el disparo de gracia al entonces teniente primero Dana.
Daract sostuvo siempre que cuando encuentran los cadáveres en las Salinas del Bebedero, ellos manejaban la hipótesis de que se trataba de una represalia de Montoneros, como había ocurrido en otros lugares del país.
Pero hubo dos intervenciones con osbservaciones sagaces, una del doctor Ponce, que refirió a si se trataba de una represalia, como era posible que hubiesen tomado tantos recaudos de cortarles los dedos a las víctimas, quemarlas y enterrarlas en un lugar inhospito, cuando justamente las represalias eran presuntamente para que sirvieran de escarmiento a los delatores, razón por la cual no era necesario que quedaran escondidas. La otra estuvo a cargo del juez Burad, que casi al finalizar el careo le dice a Daract: "Vio Coronel, como en el caro desapareció la palabra Montoneros", ya que ambos se echaban la culpa por lo sucedido con la chica de La Toma.
Por su parte, Daract, negó enfáticamente cada una de las acusaciones y dijo incluso, que ese tipo de acciones le parecían "indignas de un militar".
Luego de la audiencia, hubo espacio para los comentarios y muchos de los asistentes comentaron que daba la sensación de que ambos militares, sabían mucho más de lo que decían.
También estimaron que Daract podía ir buscando un buen abogado, ya que su situación no sería demasiado favorable luego de la audiencia de ayer.
La situación de Laise
El ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, tendrá el respiro de unos día más, debido a que el Tribunal Oral Federal que investiga crimenes realizados durante la dictadura no ha
conseguido la factibilidad técnica para realizar la teleconferencia mediante la cual prestaría declaración. Si bien el religioso está citado a declara como testigo en la causa, su
testimonio es esperado debido a la acusación que le hizo uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez, de que le había pedido que hiciera desaparecer a un cura que abanadonaba los hábitos para casarse.
Ayer se pidió también, en razón de que el obispo no tiene fecha cierta para declarar, que el testimonio de Pablo Melto, el cura por el que Laise habría pedido a Fernández Gez, sea postergada y se realice luego de la testimonial del hombre que actualmente vive en Roma en la residencia de San Pío.
Se achica la lista de testigos
Ayer la querella reprentada por Enrique Ponce desistió de la testimonial de los dos compañeros de falcultad de Santana Alcaraz por considerarla "sobreabundante". También pidió
que se agregara el testimonio del comisario Ortubia Salinas por lectura. Ninguna de las partes presentó oposición, de manera que así será realizado.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
y hacer desaparecer a Santana Alcaraz y Pedro Ledesma. No por lo que haya aportado para la causa -que si lo aportó, más por los silencios que por lo dicho- sino por que brindó un panorama esclarecedor de como funcionaban las estructuras de mando en el país y también dio un pantallazo de cuál era el marco ideológico que imperaba en aquel momento.
Nunca lo dijo abiertamente, pero dejó flotando en el aire siempre la idea de que en una situación igual, actuaría de la misma manera. "Yo no conozco a nadie de esa época que haya estado en contra de la lucha contra la subversión", dijo en un momento y en ese "nadie" se involucraba tácitamente. Cuando el juez Burad le pregunta por el arrepentimiento del general Martín Balza, si bien esquivó el bulto escudándose en no haber leído su libro y no haber escuchado bien su exposición, dijo que el arrepentimiento de Balza era "por algunos procedimientos", pero no por la lucha en sí.
Daract no se arrepiente de la lucha antisubversiva, más allá de que no se quiera responsabilizar por los crímenes realizados en una serie de "lo desconocía" o "nunca lo hubiera aceptado" o "en San Luis nunca supe que se hiciera eso". Pero era conciente que en el resto del país si se torturaba, si se desaparecian personas y en su testimonio surge a las claras que el aplicado entre 1976 y 1983, fue un plan sistemático para "reorganizar el país", que estaba en peligro de ser tomado por "la subversión apátrida", que venía a trastocar los
valores de la sociedad "occidental y cristiana".
Cuando el juez Burad le hace reflexionar sobre el golpe de Estado que realizan, en un momento donde los militares tenían todas las leyes y normas a su favor para combatir a los grupos armados insurgentes "que querían hacerse del poder", se escapa por la tangente diciendo que era una decisión que estaba fuera de su alcance, pero hay que entender que en esa época y desde la década del '30, los militares se consideraron la reserva moral de la Nación y ha quedado expresado en distintos discursos de la época. Ellos eran los garantes de la argentinidad y de la preservación de la moral "occidental y cristiana".
Lo deja muy en claro cuando habla durante un largo rato de "las ideas extrañas al sentir nacional", como el marxismo, el troskismo y otras vertientes ideológicas que provenían "de Europa, de Rusia y de Cuba", quienes, según el militar, aportaban no solo una fuente ideológica, sino que también los proveían de otros insumos, aunque no dijo cuales, dejó entrever que en el monte Tucumano, los guerrileros "eran abstecidos por un helicoptero", en principio para reforzar la sensación de que era un ejército irregular "que andaba uniformado, con armas a la vista y respondían a un jefe", que era la razón de los operativos militares que comenzaron en el gobierno de María Estela Martinez de Perón.
Daract aseguró también que las acciones fueron concertadas entre las distinas dependencias del Ejercito, más allá de quien tomara las decisiones o quienes las ejecutaran. No había compartimientos estancos ni cosas que supieran unos y se le escaparan a otros, es que siempre la dependencia y la decisión superior estaba a cargo de Fernández Gez. Si bien la ejecución de las órdenes, como el operativo de La Toma u otros que se realizaron, los jefes de cada área tenían libertad para decidir cómo lo hacían, todas las decisiones, incluso el de dar la libertad a los detenidos, pasaban por el Jefe del Comando.
El dijo que "asesoraba" al Comandante Fernández Gez, pero que las decisiones estaban en manos de aquel. Una bonita forma de sacarse el lazo del cuello. Era jefe del Estado Mayor, que asesoraba al Jefe, pero sus recomendaciones no lo hacían responsable.
En un tramo señaló que cuando abatieron a Cobos y le encontraron "información que justificaba un procedimiento" como el que se le realizó en La Toma, él recomendó tomar acciones rápidas, como efectivamente se realizaron "esa misma noche", pero que en definitiva, la responsabilidad de esa acción era del que había dado la orden, es decir Fernández Gez.
Esa fue una de las cosas que el entonces Comandante le enrostró a Daract: "Con lo que has declarado parece que ustedes hubiesen sido títeres, que eran manejados a control remoto, que no tenía participación de las decisiones y que el único responsable era yo", le dijo furioso.
Hasta la fecha, el coronel Guillermo Daract, jefe de la Plana Mayor del Comando de Artillería 141 con asiento en San Luis durante la dictadura, fue el hombre que más tiempo permaneció declarando. El lunes su declaración llevó varias horas. Este martes, estuvo frente al Tribunal toda la jornada, que se extendió hasta las 18,30, aproximadamente.
Daract había reconocido el lunes la reunión que se realizó con Fernández Gez cuando estaba con prisión domiciliaria en Buenos Aires, al reabrirse la causa, pero los motivos fueron bien distintos a los que dijo el imputado por los que se había realizado la reunión.
Daract -que a lo largo de su declaración dejó a Fernández Gez como el responsable máximo de todas las decisiones- dijo que cuando conocieron la noticia de la reapertura de la causa, fueron junto a Juan Carlos Moreno (jefe del GADA), Gerásimo Quiroga y Raúl López (ambos de la Plana Mayor del Comando) a visitarlo para "solidarizarse" con él. Pero el entonces Jefe del Comando, dijo que habíai ido a pedirle que se hiciera cargo de la responsabiidad que le cabía como jefe, en relación al asesinato que se investiga de Graciela Fiochetti y las desapariciones de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma.
Las contradicciones entre ambos relatos hizo que el defensor de Fernández Gez, pidiera un careo entre ambos militares retirados. Allí, en una fuerte discusión, ambo se mantuvieron en sus dichos, pero para muchos quedó la sensación de que sabían más de lo que decían.
Fernández Gez sostuvo, como lo había hecho en la indagatoria, que Daract, López, Moreno y Dana habían participado del fusilamiento de la chica de La Toma, hipótesis también abonada por el defensor de Carlos Plá.
"Con lo que has declarado parece que ustedes hubiesen sido títeres, que eran manejados a control remoto, que no tenía participación de las decisiones y que el único responsable era yo", le dijo Fernández Gez en un tramo del careo donde ambos se repatieron acusaciones y se atribuyeron responsabilidades.
"Tienen que hacerse cargo de su responsabilidad" por la muerte de Fiochetti, en el fusilamiento que le adjudican a ese grupo, donde se le atribuye el disparo de gracia al entonces teniente primero Dana.
Daract sostuvo siempre que cuando encuentran los cadáveres en las Salinas del Bebedero, ellos manejaban la hipótesis de que se trataba de una represalia de Montoneros, como había ocurrido en otros lugares del país.
Pero hubo dos intervenciones con osbservaciones sagaces, una del doctor Ponce, que refirió a si se trataba de una represalia, como era posible que hubiesen tomado tantos recaudos de cortarles los dedos a las víctimas, quemarlas y enterrarlas en un lugar inhospito, cuando justamente las represalias eran presuntamente para que sirvieran de escarmiento a los delatores, razón por la cual no era necesario que quedaran escondidas. La otra estuvo a cargo del juez Burad, que casi al finalizar el careo le dice a Daract: "Vio Coronel, como en el caro desapareció la palabra Montoneros", ya que ambos se echaban la culpa por lo sucedido con la chica de La Toma.
Por su parte, Daract, negó enfáticamente cada una de las acusaciones y dijo incluso, que ese tipo de acciones le parecían "indignas de un militar".
Luego de la audiencia, hubo espacio para los comentarios y muchos de los asistentes comentaron que daba la sensación de que ambos militares, sabían mucho más de lo que decían.
También estimaron que Daract podía ir buscando un buen abogado, ya que su situación no sería demasiado favorable luego de la audiencia de ayer.
La situación de Laise
El ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, tendrá el respiro de unos día más, debido a que el Tribunal Oral Federal que investiga crimenes realizados durante la dictadura no ha
conseguido la factibilidad técnica para realizar la teleconferencia mediante la cual prestaría declaración. Si bien el religioso está citado a declara como testigo en la causa, su
testimonio es esperado debido a la acusación que le hizo uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez, de que le había pedido que hiciera desaparecer a un cura que abanadonaba los hábitos para casarse.
Ayer se pidió también, en razón de que el obispo no tiene fecha cierta para declarar, que el testimonio de Pablo Melto, el cura por el que Laise habría pedido a Fernández Gez, sea postergada y se realice luego de la testimonial del hombre que actualmente vive en Roma en la residencia de San Pío.
Se achica la lista de testigos
Ayer la querella reprentada por Enrique Ponce desistió de la testimonial de los dos compañeros de falcultad de Santana Alcaraz por considerarla "sobreabundante". También pidió
que se agregara el testimonio del comisario Ortubia Salinas por lectura. Ninguna de las partes presentó oposición, de manera que así será realizado.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
viernes, 9 de enero de 2009
En la mañana del viernes se realizaron inspecciones oculares en la comisaría Segunda, donde estuvo detenido Pedro Valentín Ledesma (hoy desaparecido) y luego de recuperar la libertad la noche del 22 de setiembre del '76, fue nuevamente secuestrado por las fuerzas de la represión, que intentaron simularlo como un operativo de Montoneros que quería tomar represalias.
Hoy, su padre, a quien se lo arrebataron aquella noche de setiembre, hizo la reconstrucción de las pocas cuadras que caminaron con su hijo hasta que se lo arrebataron nuevamente.
Comenzó en la comisaría Segunda, donde estuvo detenido Pedro y allì contó que esa noche, ni ningún otro día, le devolvieron la plata ni un reloj que su hijo había conseguido por sus promedios.
Al reloj "lo quería como recuerdo"
Luego, no sin cierta dificultad, pero caminando ansioso y apurado del brazo de su hija, don Segundo Valentín Ledesma tomó por Sarmiento al Norte reconstruyendo el periplo que hicieron camino a su casa, en el barrio Pueblo Nuevo, muy cerca de la seccional policial.
"Lo quise agarrar y me mezquinó la espalda, le dolía... Entonces me dí cuenta de que algo le habían hecho"
Al llegar a la primera esquina, doblaron hacia el Oeste y a poco de andar vieron un auto sospechoso. Don Segundo quiso volverse a la policía, pero Pedro no quiso, porque se dio cuenta que era la misma policía la que lo seguía.
"Le dije volvámonos hijo, pero él me dijo, no papá, si es la misma policía..."
En la siguiente esquina, hubo una pausa para que explique con más detalle lo que sucedió con el auto sospechoso. Allí contó que el policía Garro, que era amigo suyo, nunca le quiso dar información del destino de su hijo.
Luego de trasponer la primera cuadra de Goberndor Alric hacia el Oeste, estuvieron cerca del Chevrolet bordó, que arrancó y pasó por detrás de ellos. En ese lugar, se hizo una pausa para que Segundo Ledesma hiciera un relato pormenorizado de lo ocurrido aquella noche.
Entre la ansiedad y el cansancio, Segundo Ledesma se acercó al lugar donde fueron interceptados por el automóvil bordó, en el que iban Carlos Pla, Víctor Becerra y "un mechudito que después lo volví a ver" en la comisaría segunda.
Hoy, su padre, a quien se lo arrebataron aquella noche de setiembre, hizo la reconstrucción de las pocas cuadras que caminaron con su hijo hasta que se lo arrebataron nuevamente.
Comenzó en la comisaría Segunda, donde estuvo detenido Pedro y allì contó que esa noche, ni ningún otro día, le devolvieron la plata ni un reloj que su hijo había conseguido por sus promedios.
Al reloj "lo quería como recuerdo"
Luego, no sin cierta dificultad, pero caminando ansioso y apurado del brazo de su hija, don Segundo Valentín Ledesma tomó por Sarmiento al Norte reconstruyendo el periplo que hicieron camino a su casa, en el barrio Pueblo Nuevo, muy cerca de la seccional policial.
"Lo quise agarrar y me mezquinó la espalda, le dolía... Entonces me dí cuenta de que algo le habían hecho"
Al llegar a la primera esquina, doblaron hacia el Oeste y a poco de andar vieron un auto sospechoso. Don Segundo quiso volverse a la policía, pero Pedro no quiso, porque se dio cuenta que era la misma policía la que lo seguía.
"Le dije volvámonos hijo, pero él me dijo, no papá, si es la misma policía..."
En la siguiente esquina, hubo una pausa para que explique con más detalle lo que sucedió con el auto sospechoso. Allí contó que el policía Garro, que era amigo suyo, nunca le quiso dar información del destino de su hijo.
Luego de trasponer la primera cuadra de Goberndor Alric hacia el Oeste, estuvieron cerca del Chevrolet bordó, que arrancó y pasó por detrás de ellos. En ese lugar, se hizo una pausa para que Segundo Ledesma hiciera un relato pormenorizado de lo ocurrido aquella noche.
Entre la ansiedad y el cansancio, Segundo Ledesma se acercó al lugar donde fueron interceptados por el automóvil bordó, en el que iban Carlos Pla, Víctor Becerra y "un mechudito que después lo volví a ver" en la comisaría segunda.
Hoy se harán reconocimientos en dependencias policiales y la vieja cárcel
Este jueves los testimonios salientes fueron los de Catalina Garraza, que era novia de Pedro Valentín Ledesma cuando lo secuestraron y desaparecieron y Eduardo Witherman Barroso, el profesor que daba clases en la UNSL cuando fue sacado del aula "Sandro" Santana Alcaraz y nunca más apareció. También declaró Pedro Guardia, el chofer de Carlos Pla, cuando era subjefe de la Policía de San Luis.
Para hoy está previsto realizar el recorrido que hiciera Segundo Ledesma con su hijo Pedro, la noche en que fue liberado de la Comisaría Segunda y fuera nuevamente secuestrado por fuerzas represivas que según el padre iban comandadas por Pla.
Los testimonios de ayer también contaron con el relato de Yolanda Di Genaro, la dueña de la pensión donde vivía Santana Alcaraz, quien no aportó datos relevantes para la causa.
Barroso, por su parte, detalló como dos hombres "vestidos de saco y corbata" se hicieron presentes "en el aula 10 u 11" del edificio de Chacabuco y Pedernera, donde dictaba una de las materias de la carrera de Física y "golpearon la puerta", algo que le llamó la atención además de la vestimente, inusual para la universidad, donde todo el mundo andaba "con ropa informal". "Preguntaron por Sandro", el muchacho salió afuera a hablar con ellos, volvió, recogió sus cosas, avisó que se iba y después nunca más fue visto.
Dijo que si bien los detalles descriptos de la vestimenta y el golpear la puerta del aula no eran comunes, en principio no le llamó la atención el suceso, pero después comenzó a tomar atención cuando el padre de Alcaraz fue a verlo para preguntarle por la situación donde se llevaron a su hijo.
Relató además que él mismo fue víctima de una detención posterior por las averiguaciones que estaban haciendo sobre un vehículo que compró con matrícula de Salta, ya que le decían que habría estado comprometido en el copamiento de un regimiento en Tartagal. Su detención en la jefatura duró algunas horas.
A partir de este testimonio, serán citados dos nuevos testigos, que formaban parte de aquella clase: Enrique Colavita y una persona de apellido Perello.
Catalina Garraza
La entonces novia de Pedro Valentín Ledesma hizo un conmovedor relato de lo que le tocó vivir a su familia luego de la detención del muchacho que todavía se encuentra desaparecido. Todos fueron detenidos, torturados y finalmente condenados por un tribunal de guerra. Ella y su padre estuvieron presos hasta prácticamente el inicio de la democracia. Pla habría reservado su detención -aparentemente como un 'regalo'- que coincidió con el del cumpleaños del militar, el 19 de octubre de 1976. Recién recuperó la libertad en diciembre de 1976.
Catalina Garraza fue detenida dos veces, la primera se produce el 22 de setiembre por "averiguación de antecedentes" y es llevada a la Jefatura de Policía. Recordó que le daban un papel para que escribiera lo que sabía. "Nunca escribí nada", dijo. Le preguntaban por su novio y en un momento le muestran una foto de Pedro tirado en el piso, ensangrentado y le dicen que le iba a suceder lo mismo. Dijo que era un tipo de Mendoza, al que nunca pudo reconocer, pero que lo hacían a cara descubierta.
En la segunda detención, "Pla iba encabezando el operativo" que entró a su casa cuando estaban cenando. Relató que fue sacada de su hogar y trasladada en un auto, pasan unas vías, la desnudan y le hacen "el submarino". En esa oportunidad Pla fue el primero en pegarle. "Me golpearon toda la noche", aseguró. Salvo Fernández Gez, los demás imputados en la causa participaron de la golpiza y las torturas a Catalina Garraza, según sus dichos ante el Tribunal.
Al otro día la llevaron a la jefatura y ve a su madre y a su hermana. Allí estuvo alojada un mes. En esa oportunidad dijo haber visto a David Becerra -por entonces Jefe de Informaciones- todas las noches, presuntamente a hacer operativos.
Toda la familia fue condenada por la justicia militar. Ella, si hermana Ana María y su padre, por tenencia de armas de guerra y su madre por encubridora. Ante el Tribunal, ayer aseveró que en la casa no había armas ni explosivos.
"Éramos militantes de la Juventud Peronista", señaló, que en ese momento de la historia argentina adherían a postulados de Montoneros, pero que nunca tomó las armas para combatir a la dictadura, pero dijo que consideraba una obligación realizar acciones contra el gobierno militar, que en el caso de ella y su familia se limitaban a repartir volantes y hacer tareas de concientización contra el régimen imperante.
Durante el testimonio que duró poco más de una hora, Catalina Garraza dijo que vio a Mirta Rosales "muy golpeada" y que el policía de informaciones Jorge Hugo Velazquez "era uno de los más hablaba" y contaba que él lo había llevado a Pedro y lo había torturado.
"Nunca escuché a Pedro decir que había que armarse contra la dictadura", relató la mujer que luego de su detención en la provincia, recorrió las cárceles de Mendoza, Devoto y La Plata.
Silbatina
El defensor de Pla, Hernán Vidal, fue silvado por el público asistente, cuando ironizo con una pregunta a la testigo diciéndole: "¿ocho años detenida por unos papelitos?".
El chofer de Pla
Pedro Carlos Guardia dio detalles ayer de su actividad junto al entonces subjefe de la policía, Carlos Esteban Pla. Él manejaba el Ford Falcon Blanco de la Policía de la Provincia, no identificable en el que se conducía el hoy procesado.
La tarea que realizaba con el militar era meramente administrativa, de recorrida por las dependencias bajo la jurisdicción del entonces capitán y hasta las oficinas del Ejército en la calle Sarmiento.
Dijo no saber qué hacía ni en qué se conducía su jefe cuando él dejaba el turno, pasadas las 20,30.
Su relato del viaje a las Salinas del Bebedero, cuando aparecieron los dos cadáveres el día 23 de setiembre, no aportó demasiado. Pla le ordenó partir hacia aquel lugar, llegaron, había un gran movimiento, la calle estaba cortada y se detuvieron antes del puesto policial. Desde allí Pla se movilizó a pie y él aguardó en el móvil, según sus dichos.
Indefinición por el testimonio del juez Pereyra González
Finalmente Pereyra González no prestará testimonio el día 13 de enero como se había previsto originalmente. Ayer hubieron varias posiciones respecto a la fecha que deberá brindar su testimonio el funcionario judicial que aparece remiso a presentarse a declarar de manera oral.
Tras la larga discusión, el abogado de Luis Orozco, Eduardo "Lalo" Esley, reclamó con energía que al camarista federal debía citárselo sin más trámite y que debía comparecer porque el testimonio "es una carga pública".
"Se han citado muchos artículos y muchas leyes", refirió enojado por la falta de acuerdo entre las partes, "esté en Chile o en la Franja de Gaza, se lo debe citar y comparecer", expresó.
"Hay que hacerla cortita: se le fija fecha, comparece y punto", dijo Esley.
Finalmente se decidió realizar una llamada telefónica al juez para saber cuando regresará al país y se determinará la fecha en que será llamado a declarar o el Tribunal y las partes se trasladarán a su despacho para tomarle declaración.
La situación con Laise
Fuentes tribunalicias señalaron que todavía la situación con la declaración del ex obispo de San Luis Juan Rodolfo Laise no está resuelta, ya que la video conferencia que está prevista para el día 13, no está resuelta tecnológicamente.
Según pudo saberse, la Universidad de San Luis no estaría en condiciones técnicas para poder realizarlo y una prepaga que tiene sus oficinas a metros del Tribunal Oral Federal, tampoco ha realizado este tipo de experiencias con transmisiones al exterior. "Siempre han realizado video confernecias dentro del país", indicó la fuente.
Tampoco estaría del todo clara la situación en Italia, desde donde Laise tendría que declarar, aunque está vigente el pedido de hacerlo por escrito que fue realizado apenas se supo que el religioso debería prestar testimonio a partir de la declaración de Miguel Ángel Fernández Gez, que lo acusó de haberle pedido que hiciera desaparecer a un cura que quería casarse.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Para hoy está previsto realizar el recorrido que hiciera Segundo Ledesma con su hijo Pedro, la noche en que fue liberado de la Comisaría Segunda y fuera nuevamente secuestrado por fuerzas represivas que según el padre iban comandadas por Pla.
Los testimonios de ayer también contaron con el relato de Yolanda Di Genaro, la dueña de la pensión donde vivía Santana Alcaraz, quien no aportó datos relevantes para la causa.
Barroso, por su parte, detalló como dos hombres "vestidos de saco y corbata" se hicieron presentes "en el aula 10 u 11" del edificio de Chacabuco y Pedernera, donde dictaba una de las materias de la carrera de Física y "golpearon la puerta", algo que le llamó la atención además de la vestimente, inusual para la universidad, donde todo el mundo andaba "con ropa informal". "Preguntaron por Sandro", el muchacho salió afuera a hablar con ellos, volvió, recogió sus cosas, avisó que se iba y después nunca más fue visto.
Dijo que si bien los detalles descriptos de la vestimenta y el golpear la puerta del aula no eran comunes, en principio no le llamó la atención el suceso, pero después comenzó a tomar atención cuando el padre de Alcaraz fue a verlo para preguntarle por la situación donde se llevaron a su hijo.
Relató además que él mismo fue víctima de una detención posterior por las averiguaciones que estaban haciendo sobre un vehículo que compró con matrícula de Salta, ya que le decían que habría estado comprometido en el copamiento de un regimiento en Tartagal. Su detención en la jefatura duró algunas horas.
A partir de este testimonio, serán citados dos nuevos testigos, que formaban parte de aquella clase: Enrique Colavita y una persona de apellido Perello.
Catalina Garraza
La entonces novia de Pedro Valentín Ledesma hizo un conmovedor relato de lo que le tocó vivir a su familia luego de la detención del muchacho que todavía se encuentra desaparecido. Todos fueron detenidos, torturados y finalmente condenados por un tribunal de guerra. Ella y su padre estuvieron presos hasta prácticamente el inicio de la democracia. Pla habría reservado su detención -aparentemente como un 'regalo'- que coincidió con el del cumpleaños del militar, el 19 de octubre de 1976. Recién recuperó la libertad en diciembre de 1976.
Catalina Garraza fue detenida dos veces, la primera se produce el 22 de setiembre por "averiguación de antecedentes" y es llevada a la Jefatura de Policía. Recordó que le daban un papel para que escribiera lo que sabía. "Nunca escribí nada", dijo. Le preguntaban por su novio y en un momento le muestran una foto de Pedro tirado en el piso, ensangrentado y le dicen que le iba a suceder lo mismo. Dijo que era un tipo de Mendoza, al que nunca pudo reconocer, pero que lo hacían a cara descubierta.
En la segunda detención, "Pla iba encabezando el operativo" que entró a su casa cuando estaban cenando. Relató que fue sacada de su hogar y trasladada en un auto, pasan unas vías, la desnudan y le hacen "el submarino". En esa oportunidad Pla fue el primero en pegarle. "Me golpearon toda la noche", aseguró. Salvo Fernández Gez, los demás imputados en la causa participaron de la golpiza y las torturas a Catalina Garraza, según sus dichos ante el Tribunal.
Al otro día la llevaron a la jefatura y ve a su madre y a su hermana. Allí estuvo alojada un mes. En esa oportunidad dijo haber visto a David Becerra -por entonces Jefe de Informaciones- todas las noches, presuntamente a hacer operativos.
Toda la familia fue condenada por la justicia militar. Ella, si hermana Ana María y su padre, por tenencia de armas de guerra y su madre por encubridora. Ante el Tribunal, ayer aseveró que en la casa no había armas ni explosivos.
"Éramos militantes de la Juventud Peronista", señaló, que en ese momento de la historia argentina adherían a postulados de Montoneros, pero que nunca tomó las armas para combatir a la dictadura, pero dijo que consideraba una obligación realizar acciones contra el gobierno militar, que en el caso de ella y su familia se limitaban a repartir volantes y hacer tareas de concientización contra el régimen imperante.
Durante el testimonio que duró poco más de una hora, Catalina Garraza dijo que vio a Mirta Rosales "muy golpeada" y que el policía de informaciones Jorge Hugo Velazquez "era uno de los más hablaba" y contaba que él lo había llevado a Pedro y lo había torturado.
"Nunca escuché a Pedro decir que había que armarse contra la dictadura", relató la mujer que luego de su detención en la provincia, recorrió las cárceles de Mendoza, Devoto y La Plata.
Silbatina
El defensor de Pla, Hernán Vidal, fue silvado por el público asistente, cuando ironizo con una pregunta a la testigo diciéndole: "¿ocho años detenida por unos papelitos?".
El chofer de Pla
Pedro Carlos Guardia dio detalles ayer de su actividad junto al entonces subjefe de la policía, Carlos Esteban Pla. Él manejaba el Ford Falcon Blanco de la Policía de la Provincia, no identificable en el que se conducía el hoy procesado.
La tarea que realizaba con el militar era meramente administrativa, de recorrida por las dependencias bajo la jurisdicción del entonces capitán y hasta las oficinas del Ejército en la calle Sarmiento.
Dijo no saber qué hacía ni en qué se conducía su jefe cuando él dejaba el turno, pasadas las 20,30.
Su relato del viaje a las Salinas del Bebedero, cuando aparecieron los dos cadáveres el día 23 de setiembre, no aportó demasiado. Pla le ordenó partir hacia aquel lugar, llegaron, había un gran movimiento, la calle estaba cortada y se detuvieron antes del puesto policial. Desde allí Pla se movilizó a pie y él aguardó en el móvil, según sus dichos.
Indefinición por el testimonio del juez Pereyra González
Finalmente Pereyra González no prestará testimonio el día 13 de enero como se había previsto originalmente. Ayer hubieron varias posiciones respecto a la fecha que deberá brindar su testimonio el funcionario judicial que aparece remiso a presentarse a declarar de manera oral.
Tras la larga discusión, el abogado de Luis Orozco, Eduardo "Lalo" Esley, reclamó con energía que al camarista federal debía citárselo sin más trámite y que debía comparecer porque el testimonio "es una carga pública".
"Se han citado muchos artículos y muchas leyes", refirió enojado por la falta de acuerdo entre las partes, "esté en Chile o en la Franja de Gaza, se lo debe citar y comparecer", expresó.
"Hay que hacerla cortita: se le fija fecha, comparece y punto", dijo Esley.
Finalmente se decidió realizar una llamada telefónica al juez para saber cuando regresará al país y se determinará la fecha en que será llamado a declarar o el Tribunal y las partes se trasladarán a su despacho para tomarle declaración.
La situación con Laise
Fuentes tribunalicias señalaron que todavía la situación con la declaración del ex obispo de San Luis Juan Rodolfo Laise no está resuelta, ya que la video conferencia que está prevista para el día 13, no está resuelta tecnológicamente.
Según pudo saberse, la Universidad de San Luis no estaría en condiciones técnicas para poder realizarlo y una prepaga que tiene sus oficinas a metros del Tribunal Oral Federal, tampoco ha realizado este tipo de experiencias con transmisiones al exterior. "Siempre han realizado video confernecias dentro del país", indicó la fuente.
Tampoco estaría del todo clara la situación en Italia, desde donde Laise tendría que declarar, aunque está vigente el pedido de hacerlo por escrito que fue realizado apenas se supo que el religioso debería prestar testimonio a partir de la declaración de Miguel Ángel Fernández Gez, que lo acusó de haberle pedido que hiciera desaparecer a un cura que quería casarse.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Se reiniciaron las audiencias con testimonios fuertes y muchos olvidadizos
Se reiniciaron las audiencias con testimonios fuertes y muchos olvidadizos
En la mañana del miércoles comenzó nuevamente la ronda de testimonios en el juicio donde se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas sufridas por Víctor Fernández. Por primera vez, un miembro del Tribunal, pidió que se investigara a uno de los policías que testificó por el delito de falso testimonio.
Cansado de los "no recuerdo" y agotada su paciencia, el juez Roberto Burad hizo observaciones a los testigos sobre estas "lagunas" mentales. También el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez, llegó a preguntarle a uno de los policías -de poco más de 50 años- si sufría de alguna enfermedad que le afectara la memoria, porque lo único que había respondido a esa altura del cuestionario era "ahora no recuerdo".
Quien sí recordó todo, con vívidas imágenes y por momentos con un llanto incontenible, fue María Ponce de Fernández, quien conoció a Sandro Santana Alcaraz y lo describió como "un chico alto, vestido con ropas humildes, un muy buen chico..." que realizaba tareas sociales en los barrios pobres de San Luis
Ella fue también detenida y sufrió tormentos de todo tipo. La noche del 13 de junio de 1976 fue arrancada de su hogar en el barrio Kennedy y llevada a dependencias de la Policía Federal por Juan Carlos Borsalino, un oficial duro venido especialmente desde Buenos Aires al comenzar la represión. Recordó que estaba con su marido y sus cuatro hijos y sin permitirle vestirse ni ir al baño se la llevaron a la delegación policial.
Relató como fue sometida a todo típo de ultrajes por los federales, incluso una violación con un revolver o una picana que le produjo una hemorragia "por más de un año" que no fue atendida por los médicos policiales y militares que la vieron en la penitenciaría.
Cansada por el tiempo pasado, se quejó de la justicia, reclamando que "han pasado más de 30 años y me piden que siga viniendo a declarar". "Quiero que se haga justicia", le reclamó al juez Burad entre llantos, lo que conmovió al magistrado, quien dijo que tomaba "especial nota" de su reclamo.
"Eran lo mejor de nuestra generación", dijo emocionada, "si no los hubieran matado, estoy segura que hoy estaríamos mejor".
También testificó en la jornada de ayer Julio Lucero Belgrano, detenido el 25 de marzo del 76 por la Policía Federal. Como en los testimonios escuchados hasta ayer, coincidió en que el policía pegador era Borsalino y que la especialidad de la Federal era "la parrilla", que practicaban en un camastro de hierro construido a tal fin, donde aplicaban corriente eléctrica, además de los feroces golpes de puño que les daban.
Contó que en una de las sesiones, desnudo, atado y mojado sobre "la parrilla" comenzaron "por los dedos de los piés, siguieron por las piernas hasta los testículos, después por las tetillas y los dientes". El daño inflingido no solo era por el paso de la corriente eléctrica, sino que "presionaban hasta lastimar". En un momento debió levantarse para mostrar al Tribunal las marcas que le quedaron de la tortura.
Lucero Belgrano, mostrando una memoria prodigiosa, contó con lujo de detalles cada una de las instancias que le tocó vivir en su cautiverio. Estuvo junto a otros detenidos "en el patio de la Policía Federal" en Chacabuco e Illia, en algún momento "atado a las columnas de un parral" y refirió con especial énfasis la perversidad del entonces jefe de la dependencia, "que le gustaba criar perros" y les daba de comer en algunos recipientes que ellos acercaban como podían y comían "las sobras" de lo que dejaban los animales, ya que los tenían prácticamente sin comida ni bebida.
La declaración de los entonces agentes Pascacio Pereyra, Pedro Ismael Rosales y Martín Arnobio Leyes podría resumirse en una seguidilla de "no recuerdo" y "desconozco", al punto que con ironía, en un momento, a uno de ellos, el representante de la querella, Enrique Ponce, le preguntó si recordaba que había sido policía. Los tres habían prestado servicio el día en la comisaría segunda, el día que Pedro Ledesma fue liberado oficialmente y luego secuestrado por un grupo de tareas.
Al que recordó un poquito más, le fue mal, ya que contradijo otra declaración suya realizada ante el juez Cristobal Ibañez en 1985. Ayer Martín Leyes relató con seguirdad y presición que lo único que recordaba con certeza era haber visto venir "a don Ledesma gritando 'me sacaron a mi hijo, me sacaron a mi hijo', venía corriendo desesperado", relató. En su declaración ante el juez Ibañez y la entonces Secretaria Mirta Esley, había dicho que ese día no había estado de consigna en la comisaría, sino que podría haber estado en otro destino. Eso hizo que el juez Burad pidiera que se lo investigara por el delito de falso testimonio, que el Tribunal decidirá al momento de la sentencia si hace lugar o no al pedido.
Ayer faltaron a la cita Roberto Arce -quien tendrá que testimoniar por segunda vez por nuevos elementos que se conocieron en la causa- el coronel Juan Carlos Moreno, el militar al que la defensa de Fernández Gez apunta para endilgarle responsabilidades sobre la lucha antisubversiva en San Luis y el comisario Enrique Ortuvia Salinas, que nunca fue encontrado en su domicilio cuando fueron a notificarlo. Tampoco estuvo el imputado David Becerra, por quien argumentó su defensor que no se habia podido calzar debido a la gangrena que tiene en uno de sus pies. Hubo un pedido para que sean llevados por la fuerza pública.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.
En la mañana del miércoles comenzó nuevamente la ronda de testimonios en el juicio donde se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas sufridas por Víctor Fernández. Por primera vez, un miembro del Tribunal, pidió que se investigara a uno de los policías que testificó por el delito de falso testimonio.
Cansado de los "no recuerdo" y agotada su paciencia, el juez Roberto Burad hizo observaciones a los testigos sobre estas "lagunas" mentales. También el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez, llegó a preguntarle a uno de los policías -de poco más de 50 años- si sufría de alguna enfermedad que le afectara la memoria, porque lo único que había respondido a esa altura del cuestionario era "ahora no recuerdo".
Quien sí recordó todo, con vívidas imágenes y por momentos con un llanto incontenible, fue María Ponce de Fernández, quien conoció a Sandro Santana Alcaraz y lo describió como "un chico alto, vestido con ropas humildes, un muy buen chico..." que realizaba tareas sociales en los barrios pobres de San Luis
Ella fue también detenida y sufrió tormentos de todo tipo. La noche del 13 de junio de 1976 fue arrancada de su hogar en el barrio Kennedy y llevada a dependencias de la Policía Federal por Juan Carlos Borsalino, un oficial duro venido especialmente desde Buenos Aires al comenzar la represión. Recordó que estaba con su marido y sus cuatro hijos y sin permitirle vestirse ni ir al baño se la llevaron a la delegación policial.
Relató como fue sometida a todo típo de ultrajes por los federales, incluso una violación con un revolver o una picana que le produjo una hemorragia "por más de un año" que no fue atendida por los médicos policiales y militares que la vieron en la penitenciaría.
Cansada por el tiempo pasado, se quejó de la justicia, reclamando que "han pasado más de 30 años y me piden que siga viniendo a declarar". "Quiero que se haga justicia", le reclamó al juez Burad entre llantos, lo que conmovió al magistrado, quien dijo que tomaba "especial nota" de su reclamo.
"Eran lo mejor de nuestra generación", dijo emocionada, "si no los hubieran matado, estoy segura que hoy estaríamos mejor".
También testificó en la jornada de ayer Julio Lucero Belgrano, detenido el 25 de marzo del 76 por la Policía Federal. Como en los testimonios escuchados hasta ayer, coincidió en que el policía pegador era Borsalino y que la especialidad de la Federal era "la parrilla", que practicaban en un camastro de hierro construido a tal fin, donde aplicaban corriente eléctrica, además de los feroces golpes de puño que les daban.
Contó que en una de las sesiones, desnudo, atado y mojado sobre "la parrilla" comenzaron "por los dedos de los piés, siguieron por las piernas hasta los testículos, después por las tetillas y los dientes". El daño inflingido no solo era por el paso de la corriente eléctrica, sino que "presionaban hasta lastimar". En un momento debió levantarse para mostrar al Tribunal las marcas que le quedaron de la tortura.
Lucero Belgrano, mostrando una memoria prodigiosa, contó con lujo de detalles cada una de las instancias que le tocó vivir en su cautiverio. Estuvo junto a otros detenidos "en el patio de la Policía Federal" en Chacabuco e Illia, en algún momento "atado a las columnas de un parral" y refirió con especial énfasis la perversidad del entonces jefe de la dependencia, "que le gustaba criar perros" y les daba de comer en algunos recipientes que ellos acercaban como podían y comían "las sobras" de lo que dejaban los animales, ya que los tenían prácticamente sin comida ni bebida.
La declaración de los entonces agentes Pascacio Pereyra, Pedro Ismael Rosales y Martín Arnobio Leyes podría resumirse en una seguidilla de "no recuerdo" y "desconozco", al punto que con ironía, en un momento, a uno de ellos, el representante de la querella, Enrique Ponce, le preguntó si recordaba que había sido policía. Los tres habían prestado servicio el día en la comisaría segunda, el día que Pedro Ledesma fue liberado oficialmente y luego secuestrado por un grupo de tareas.
Al que recordó un poquito más, le fue mal, ya que contradijo otra declaración suya realizada ante el juez Cristobal Ibañez en 1985. Ayer Martín Leyes relató con seguirdad y presición que lo único que recordaba con certeza era haber visto venir "a don Ledesma gritando 'me sacaron a mi hijo, me sacaron a mi hijo', venía corriendo desesperado", relató. En su declaración ante el juez Ibañez y la entonces Secretaria Mirta Esley, había dicho que ese día no había estado de consigna en la comisaría, sino que podría haber estado en otro destino. Eso hizo que el juez Burad pidiera que se lo investigara por el delito de falso testimonio, que el Tribunal decidirá al momento de la sentencia si hace lugar o no al pedido.
Ayer faltaron a la cita Roberto Arce -quien tendrá que testimoniar por segunda vez por nuevos elementos que se conocieron en la causa- el coronel Juan Carlos Moreno, el militar al que la defensa de Fernández Gez apunta para endilgarle responsabilidades sobre la lucha antisubversiva en San Luis y el comisario Enrique Ortuvia Salinas, que nunca fue encontrado en su domicilio cuando fueron a notificarlo. Tampoco estuvo el imputado David Becerra, por quien argumentó su defensor que no se habia podido calzar debido a la gangrena que tiene en uno de sus pies. Hubo un pedido para que sean llevados por la fuerza pública.
Informe: Gustavo Senn
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Negri entregó la copia certificada de la carta a Massera
El ex diputado nacional por la UCR Arturo Jesús Negri entregó el miércoles una copia certificada por escribano de la carta que Alberto Rodríguez Saá y una veintena de vecinos "notables" de San Luis enviaron al entonces almirante Emilio Eduardo Masera, acusando a Negri, a un ministro y a otro funcionario del gobierno que encabezaba Elías Adre (PJ), de tener relaciones con movimientos "subversivos" y pedían en ella "un castigo ejemplar".
"La copia fue entregada por mesa de entradas", confirmó la secretaria del Tribunal Oral Federal, Alejandra Suárez, que actúa en el juicio que se lleva adelante a cinco represores que actuaron en San Luis durante la dictadura militar.
Se trata de una copia certificada por la escribana Adriana Moreno, de otra fotocopia que originalmente había cotejado el escribano Miguel Ángel Jofré Papagno el 7 de agosto de 1978 y que le fuera entregada a Negri poco tiempo antes de morir uno de los firmantes, Víctor Manuel Ortíz.
Negri brindó testimonio ante el Tribunal el 22 de diciembre último, en el juicio que se sigue por el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz. En ese contexto señaló que fue detenido por una comisión policial militar en la concesionaria de autos que poseía, luego trasladado a Villa Dololores y posteriormente a un centro de detención clandestino ubicado en Velez Sarfield 50 de la ciudad de Córdoba, donde fue "salvajemente torturado" y que en ese lugar, en su presencia, mataron a un detenido, "un muchacho de unos 30 años", a quien colgaron de las muñecas y lo golpearon en el estómago hasta que falleció.
En la carta a Massera entregada al Tribunal Oral Federal de San Luis, textualmente se indica: "Los abajo firmante, son ciudadanos argentinos, vecinos de la ciudad de San Luis, pertenecientes a divesos sectores de la comunidad. Elevan a S.E. este petitorio en su carácter de miembro de la Junta Militar de Gobierno y en ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades".
"El sentido de este petitorio es requerir la exaustiva investigación y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes".
Luego denuncian los hechos que investigaba "el Agente Fiscal Carlos Jesús Rodríguez presenta al Juez Héctor Tizeira del Campillo, titular del Juzgado del Crimen Nº 2 de San Luis, un pedido de intervención la Fiscalía Nacional de investigaciones Administrativas en antecedentes de la actividad delas emprsas DOVECAR SACYF NEGRI AUTOMOTORES S.A. y OMBU AUTOMOTORES S.A. que a su entender estarían "prima facie" involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la Administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización "Montoneros".
En otro tramo de la misiva a Massera expresa que el "subsecretario Morel otorga poder para querellar al diputado denunciante (Jorge Niño), al jefe de la subversión en San Luis, Julio Everto Suárez (a la vez asesor letrado de la firma Dovecar SACIF) y ex ministro de Elías Adre) y al Dr. José Samper, el Dr. Suárez, tras ser procesado por delitos subversivos, se exilia y dirige hoy la "Orga Montonera" de México".
Morel -fallecido hace unos pocos años- también fue detenido durante la dictadura y sufrió torturas que le dejaron severas secuelas. Julio Everto Suárez fue muerto aparentemente a manos de las fuerzas represivas en un simulacro de accidente.
"No me cabe dudas que al doctor Suarez le firmaron la sentencia de muerte con esa carta", expresó Negri ante el tribunal en su reciente declaración.
En posteriores declaraciones a esta agencia, dijo que el actual gobernador de San Luis, junto al historiador Hugo Fourcade, "eran los ideólogos" de las delaciones, porque "querían ser los referentes del partido que quería formar Massera".
En su declaración testimonial -refiriéndose estrictamente al contenido de la carta- señaló que en las sesiones de torturas a las que fue sometido, le preguntaban sobre los autos que robaban y se "los vendíamos a Santucho y a la guerrilla tucumana".
Negri calificó a Alberto Rodríguez Saá como "un personaje siniestro" que "ahora se rasga las vestiduras con el tema de los derechos humanos".
Firman esta carta a Massera:
Alberto José Rodríguez Saá (actual gobernador de San Luis)
Jorge Niño (ex diputado nacional por el PJ)
José Rafael Dopazo (ex diputado provincial y ex intendente de San Luis PJ, ya fallecido)
Fermín Garcés (Ex secretario General de la CGT San Luis)
Oscar Hugo Saá (actual diputado del PJ por el departamento Belgrano)
Tomás Dante Ferrara (ex diputado provincial y funcionario de Adolfo Rodríguez Saá, ya fallecido)
Ricardo Olivera Aguirre (representante legal de Adolfo Rodríguez Saá en el juicio por el secuestro en el Y no C...)
Marcelino Lucero
Sergio Werchacki
José Luis María Utge
Liliana del Valle Ortíz
Víctor Manuel Ortíz
Luis Oscar Werchacki
Lucía Esther Nafissi
María Lidia Videla
Vicente Horacio Molinari
Nilda Angélica Molinari (primera en el orden para quedar en la dirección de la Escuela Nº 3 Manuel Belgrano)
Héctor Fernando Muñiz
Liliana María Olivera Aguirre
Elida Echezarreta de Agúndez
Hugo Arnaldo Fourcade
José C. Stinga
María Stinga
María Eva Trocello
Jorge Alberto Toledo
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Free counter and web stats
"La copia fue entregada por mesa de entradas", confirmó la secretaria del Tribunal Oral Federal, Alejandra Suárez, que actúa en el juicio que se lleva adelante a cinco represores que actuaron en San Luis durante la dictadura militar.
Se trata de una copia certificada por la escribana Adriana Moreno, de otra fotocopia que originalmente había cotejado el escribano Miguel Ángel Jofré Papagno el 7 de agosto de 1978 y que le fuera entregada a Negri poco tiempo antes de morir uno de los firmantes, Víctor Manuel Ortíz.
Negri brindó testimonio ante el Tribunal el 22 de diciembre último, en el juicio que se sigue por el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz. En ese contexto señaló que fue detenido por una comisión policial militar en la concesionaria de autos que poseía, luego trasladado a Villa Dololores y posteriormente a un centro de detención clandestino ubicado en Velez Sarfield 50 de la ciudad de Córdoba, donde fue "salvajemente torturado" y que en ese lugar, en su presencia, mataron a un detenido, "un muchacho de unos 30 años", a quien colgaron de las muñecas y lo golpearon en el estómago hasta que falleció.
En la carta a Massera entregada al Tribunal Oral Federal de San Luis, textualmente se indica: "Los abajo firmante, son ciudadanos argentinos, vecinos de la ciudad de San Luis, pertenecientes a divesos sectores de la comunidad. Elevan a S.E. este petitorio en su carácter de miembro de la Junta Militar de Gobierno y en ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades".
"El sentido de este petitorio es requerir la exaustiva investigación y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas. Asimismo, solicitar garantías para los ciudadanos que patrióticamente investigan estas actividades inmorales y procuran su juzgamiento por las autoridades competentes".
Luego denuncian los hechos que investigaba "el Agente Fiscal Carlos Jesús Rodríguez presenta al Juez Héctor Tizeira del Campillo, titular del Juzgado del Crimen Nº 2 de San Luis, un pedido de intervención la Fiscalía Nacional de investigaciones Administrativas en antecedentes de la actividad delas emprsas DOVECAR SACYF NEGRI AUTOMOTORES S.A. y OMBU AUTOMOTORES S.A. que a su entender estarían "prima facie" involucradas en delitos contra el patrimonio del Estado (fraude a la Administración pública, cohecho, etc.) y vinculadas con la organización "Montoneros".
En otro tramo de la misiva a Massera expresa que el "subsecretario Morel otorga poder para querellar al diputado denunciante (Jorge Niño), al jefe de la subversión en San Luis, Julio Everto Suárez (a la vez asesor letrado de la firma Dovecar SACIF) y ex ministro de Elías Adre) y al Dr. José Samper, el Dr. Suárez, tras ser procesado por delitos subversivos, se exilia y dirige hoy la "Orga Montonera" de México".
Morel -fallecido hace unos pocos años- también fue detenido durante la dictadura y sufrió torturas que le dejaron severas secuelas. Julio Everto Suárez fue muerto aparentemente a manos de las fuerzas represivas en un simulacro de accidente.
"No me cabe dudas que al doctor Suarez le firmaron la sentencia de muerte con esa carta", expresó Negri ante el tribunal en su reciente declaración.
En posteriores declaraciones a esta agencia, dijo que el actual gobernador de San Luis, junto al historiador Hugo Fourcade, "eran los ideólogos" de las delaciones, porque "querían ser los referentes del partido que quería formar Massera".
En su declaración testimonial -refiriéndose estrictamente al contenido de la carta- señaló que en las sesiones de torturas a las que fue sometido, le preguntaban sobre los autos que robaban y se "los vendíamos a Santucho y a la guerrilla tucumana".
Negri calificó a Alberto Rodríguez Saá como "un personaje siniestro" que "ahora se rasga las vestiduras con el tema de los derechos humanos".
Firman esta carta a Massera:
Alberto José Rodríguez Saá (actual gobernador de San Luis)
Jorge Niño (ex diputado nacional por el PJ)
José Rafael Dopazo (ex diputado provincial y ex intendente de San Luis PJ, ya fallecido)
Fermín Garcés (Ex secretario General de la CGT San Luis)
Oscar Hugo Saá (actual diputado del PJ por el departamento Belgrano)
Tomás Dante Ferrara (ex diputado provincial y funcionario de Adolfo Rodríguez Saá, ya fallecido)
Ricardo Olivera Aguirre (representante legal de Adolfo Rodríguez Saá en el juicio por el secuestro en el Y no C...)
Marcelino Lucero
Sergio Werchacki
José Luis María Utge
Liliana del Valle Ortíz
Víctor Manuel Ortíz
Luis Oscar Werchacki
Lucía Esther Nafissi
María Lidia Videla
Vicente Horacio Molinari
Nilda Angélica Molinari (primera en el orden para quedar en la dirección de la Escuela Nº 3 Manuel Belgrano)
Héctor Fernando Muñiz
Liliana María Olivera Aguirre
Elida Echezarreta de Agúndez
Hugo Arnaldo Fourcade
José C. Stinga
María Stinga
María Eva Trocello
Jorge Alberto Toledo
Informe: Gustavo Senn
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Laise no quiere declarar
Según información extraoficial llegada desde Italia, el ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, habría dejado trascender a través de sus asesores letrados, que no le ha llegado citación para declarar a través del sistema de video conferencia. Según se anticipó, el 13 de enero, el religioso que tenía en su puerta un cartel que decía "No se atienden familiares de detenidos por causas políticas" debía declarar en forma oral, pero al parecer está haciendo lo imposible para que la audiencia no se lleve a cabo.
Según la información recabada, habría contactos "por via extraoficial" con la Nunciatura Argentina, por indicación del Vaticano.
Laise debió soportar otro mal trago, ya que una revista que se edita en la península, aunque con el nombre de Juan Domingo, el lugar de Juan Rodolfo, hacen referencia a su accionar en la dictadura militar.
El obispo se encuentra alojado "en el santuario de Padre Pio el mas importante despues del Vaticano, a donde el Papa irá en junio de este nuevo año", confió un colega residente en aquellas latitudes.
Junto a esta nota se acompaña el facsimil de la revista "Jesús" de los Paulinos, que en su página 41 hace referencia al religioso que decía que había que para curarlos a los tildados como "subversivos" había que seguir el concejo de San Agustín, "arrancándoles el alma", según atestiguó frente al Tribunal Anibal Oliveras, una de las víctimas de la dictadura.
El artículo que molestó a monseñor
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
Según la información recabada, habría contactos "por via extraoficial" con la Nunciatura Argentina, por indicación del Vaticano.
Laise debió soportar otro mal trago, ya que una revista que se edita en la península, aunque con el nombre de Juan Domingo, el lugar de Juan Rodolfo, hacen referencia a su accionar en la dictadura militar.
El obispo se encuentra alojado "en el santuario de Padre Pio el mas importante despues del Vaticano, a donde el Papa irá en junio de este nuevo año", confió un colega residente en aquellas latitudes.
Junto a esta nota se acompaña el facsimil de la revista "Jesús" de los Paulinos, que en su página 41 hace referencia al religioso que decía que había que para curarlos a los tildados como "subversivos" había que seguir el concejo de San Agustín, "arrancándoles el alma", según atestiguó frente al Tribunal Anibal Oliveras, una de las víctimas de la dictadura.
El artículo que molestó a monseñor
Informe: Gustavo Senn
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