viernes, 27 de febrero de 2009

La fiscal pidió prision perpetua con cumplimiento en el servicio peniteciario



La Fiscal Olga Allende pide la pena para Miguel Ángel Fernández Gez, para todos los imputados pidió la misma condena

San Luis (Pelr) 2-03-09. La fiscal del cámara Olga Allende pidió el viernes último que se aplique a Carlos Pla, Miguel Fernández Gez, Juan Calos Pérez, Luis Orozco y Víctor Becerra "la pena de Prisión Perpetua, inahabilitaciòn absoluta perpetua (artículo 19 del Código Penal), accesorias legales y costas procesales, con cumplimiento de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial o Federal".

También pidió que se abriera compulsa para otros militares y policías provinciales y federales que ocupaban cargos de jerarquía durante setiembre de 1976. Lo propio hizo con Carlos Pereyra González y Eduardo Allende, secretario y juez federal respectivamente en aquellos días.

Para la fiscal "hay pruebas contundentes de como fue matada Fiochetti, como fue quemada, cuáles son las causas de la muerte. El disparo fue un típico fusilamiento militar. Lo refieren las pericias balìsticas y antropológicas. Ha quedado comprobado el homicidio de Graciela Fiochetti".

Con respecto a los homicidios de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz, en la interpretación de todo lo que ha ocurrido hasta este momento de la desaparición de estas personas, de la situación de como a los pocos minutos pasaron a la condición de desaparecidos. Con el transcurso de más de treinta años sin que tuviera la familia noticias de ellos,

Con los tormentos que han quedado comprobados por los testimonios de personas que han declarado en las audiencias del debate, la condición de los presos permite concluir que también se debe responder por homicidio.

En las disposiciones del régimen vigente no dicen que debe aparecer el cadáver para determinar la calidad del homicidio. La jurisprudencia y las cortes internacionales nos refieren que debe subsumirse en homicidio la desaparición forzada de personas en la época del terrorismo de Estado.

Por esar razón "deben responder por homicidio en el caso de las desapariciones de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz".

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que "la desaparición forzada de personas implica una violación múltiple a numerosos derechos: la libertad, la integridad, la vida" y debe considerarse como "un ataque a toda la humanidad".

"Si el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte, siempre que la desaparición se hubiese producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta. Al sistema legal argentino no le es extraña la afirmación de la muerte sin cadáver ni partida".

La Corte Interamericana, en la jurisprudencia citada, "Castillo Paez, versus Perú", dice que "es inaceptable que la falta de la aparición del cadáver faltaría el cuerpo del delito", puesto que "bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de una víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores".

Pedido de compulsa
"Solicitamos que se envíe un pedido de compulsa para el Minsterio Público instructor para Benjamìn Menéndez, al general Yapur, a la Plana Mayor que existìa en setiembre de 1976, conformada por Guillermo Daract, Geràsimo Quiroga, Benjamín López", también por los testimonios "Omar Lucero, Wenceslao Garro, Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Alemán Urquiza, Moreyra, Osarán, Merlo y Acuña".

"También que se investigue la participación de Juan Carlos Pérez y Luis Orozco en las causas de Pedro Ledesma y de Santana Alcaraz" y además "que se investigue la real causa y las circunstancias de la muerte de Raúl Sebastián Cobos".

Asimismo que sea investigado la responsabilidad de los efectivos de la Policìa Federal "Palma, Demarìa y Borsalino" que tenían como destino San Luis "en momento de los hechos que fueron referidos por los testigos que han comparecido en esta audiencia de debate oral".

Lo mismo solicitó para el jefe de criminalistica de la Policìa de San Luis en aquellos años, Ernesto Moreno Recalde. Lo propio hizo con "Mariano Mansilla, el doctor Pereyra González, el doctor Eduardo Allende y Chavero, porque considero que son los más importantes".

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

La fiscalía dio por sentada la participación de los imputados y el plan sistemático

La Fiscal Federal de Cámara, Olga Allende realizó ayer un pormenorizado detalle de los acontecimientos ocurridos a partir del 20 de setiembre de 1976 que terminaron con el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández.

En su extenso y prolijo alegato, que continuará hoy, la Fiscal fue relatando uno a uno los sucesos que se desataron a partir del enfrentamiento en que fue abatido Cobos, la detención de Ledesma, el operativo de La Toma y las posteriores liberaciones simuladas que se completaron con el asesinato de dos jóvenes en las Salinas del Bebedero y la desaparición de Pedro Ledesma, que fue torturado hasta morir y fue visto en fotos por otros detenidos a quienes amenzaban que tendrían igual fin.

Allende hizo especial hincapié en la sistematicidad de los procedimientos que se efectuaban en todo el país y particularmente en San Luis, lo que lleva a pensar que también coincidirá con la querella en pedir que se los juzgue por genocidio a los actuales imputados.

La fiscal echó por tierra con la pretensión de quien era por ese entonces la máxima autoridad militar en San Luis, que en todo momento adujo haber sido engañado o que sus subordinados no le respondieron con la lealtad que correspondía. Allende dio por sentado que Miguel Ángel Fernández Gez conocía perfectamente lo que estaba sucediendo, prueba de ello fue la complicidad con la que se desenvolvió para borrar huellas que pudieran incriminarlos, al enterrar como NN a los dos cadáveres hallados en la salina, cuando ya al menos había uno identificado.

También consideró que Carlos Esteban Pla era, junto con David Becerra, quienes estaban de manera permanente al frente de los operativos y que participaron directamente del secuestro de Pedro Valentín Ledesma, luego de entregarselo a su padre en la comisaría 2°. Para el ministerio público el testimonio de Segundo Valentín Ledesma es una prueba irrefutable de como sucedieron los hechos.

En base al testimonio de la madre de Graciela Fiochetti, pone incluso a Pla en el procedimiento de La Toma en donde comenzó el padecimientode los detenidos de aquello localidad. Con eso reforzó los dichos de Víctor Fernández que asegura haber sido torturado en la departamental por Pla y Becerra antes de ser traido a la jefatura central.

También resaltó la tarea hecha por Luis Orozco y Juan Carlos Pérez, los dos policías del D2 de Informaciones, sin cuyas actuaciones no se hubiese podido consumar los hechos perpetrados.A Pérez lo pone incluso en la escena del crimen en las Salinas del Bebedero.

En relación al secuestro y posterior desaparición de Santana Alcaraz, fue trayendo al relato los diferntes testimonios de los procedimientos que se hicieron en la pensión de la calle Belgrano relatados por algunos testigos, que fueron negativos ya que finalmente el muchacho fue "chupado" de las propias aulas de la Universidad Nacional de San Luis y nunca más se lo volvió a ver. Sería el segundo asesinado en el salitral.

En la jornada de hoy la Fiscal de Cámara continuará con sus alegatos y deberá pedir la pena para los cinco imputados. En razón de lo escuchado hasta ahora, cabría pensar que coincidirá con el pedido de la querella, aunque si se toman algunos argumentos tomados ayer, puede inferirse que a Orozco puede pedir una sentencia menor. Aunque todo queda en el campo de la especulaciones, ya que recién hoy se podrá escuchar de su propia boca lo que tiene pensado para cada uno de los imputados.

"No puede sostener la mirada de los que torturó"

Promediaba la mañana y la Fiscal estaba llevando adelante su exposición, cuando de manera intempestiva Carlos Pla adujo que un hombre del público lo estaba amenazando. Era uno de los detenidos durante la dictadura que lo miraba insistentemente. El Tribunal actuó de forma inmediata.

"No lo amenacé, solo lo miraba a los ojos..." le dijo a este medio.

Cuando salió el defensor de Pla y Becerra, volvió con su argumento: "Yo no amenacé a su defendido, lo que pasa es que son tan cobardes que no pueden sostenerle la mirada a quienes torturaron", dijo mientras Hernán Vidal intentaba una respuesta y se retiraba por la calle Illia.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

jueves, 26 de febrero de 2009

¡Están nominados!

Piden que se investigue a una larga lista de policías, militares y civiles por su presunta complicidad con la dictadura

Enrique Ponce expuso ayer en sus alegatos una lista conteniendo el nombre de mas de 40 personas para las que pidió que se abra una compulsa para delimitar si incurrieron en algún delito por sus actuaciones en la causa en donde se investiga la muerte de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández.

Actualmente están imputados por esos crímentes Miguel Fernández Gez, Carlos Pla, Juan Carlos Pérez, David Becerra y Luis Orozco.

Ponce argumentó que en los juicios que se vienen llevando a cabo en el país se ha sentado jurisprudencia para que los delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad, también sean considerados imprescriptibles.

El abogado querellante pidió compulsa "para todos los policías del D2 que participaron en los hechos de torturas".

Ellos son: Luis María Calderón (Cuotita), Juan Amador Garro, Jorge Félix Natel, Omar Gerardo Correa, Omar Lucero, Rafaél Pérez (Perecito), Luis Severo Torres, Mario Ánel Ingolingo, Wenceslao Garro, Enrique Ortubia Salinas, Juan Carlos Alcaraz.

También para quienes actuaron cuando se liberó y posteriormente se secuestró a Pedro Ledesma, de la comisaría seccional Segunda: Alberto Pascacio Pereyra, Edgardo Adurelio Velazquez, Martín Arnaldo Leyes y Pedro Ismael Rosales.

Del procedimiento realizado en La Toma, pidió que se abriera causa a Pedro Gil Puebla, Mariano Mansilla, Jorge Andrés Mora, Antonio Becerra e Inés Castro.

Por su participación en la confección y/o actuaciones en el sumario 22, por el hallazgo de los dos cadáveres en las Salinas del Bebedero, a Juan Gutierrez Saccone, Ernesto Moreno Recalde, Jorge Moyano, Oscar Sosa, Manuel Calderón, Domingo Rosas Rezano, Lilo Albisu, (por no ordenar el cierre de rutas) Carlos Pedro Guardia, Ram´n Celestino Gatica y María del Carmen Sosa. Algunos de ellos son por los testimonios brindados en el juicio.

También solicitó que se investigue a los militares Juan Carlos Moreno (ex jefe del GADA), Horacio Dana (a cargo del procedimiento en La Toma e indicado por un testimonio como participe del fusilamiento de Fiochetti), Cárlos Alemán Urquiza (señalado por los testigos como torturador), Jorge Alberto Moreyra, Carlos Osarán (integrante de la Plana Mayor), Guillelrmo Daract, López, Gerásimo Quiroga y al general Luciano Benjamín Menéndez, por entonces Jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía San Luis y el 2° Jefe de la 8° Compañía de Infantería de Montaña, con asiento en Mendoza, general Yapur.

De igual manera pidió que se abran investigaciones para determinar la responsabilidad del actual camarista mendocino, que era Secretario Federal en la dictadura militar, Carlos Martín Pereyra González y al entonces Juez Federal, Eduardo Allende, por posible encubrimiento a partir de la documental que obra en la causa y los testimonios brindados por Juan Vergés, Anibal Oliveras y Mirtha Rosales.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

miércoles, 25 de febrero de 2009

La querella pidio reclusion perpetua y cárcel comun




La querella pidió hoy que se condene a reclusión perpetua, inhbilitación de por vida, cárcel común efectiva, a los militares y policías imputados de crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y solicitó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas, entre ellos un ex juez federal y un camarista federal mendocino, cometieron delitos durante ese período en la causa que se ventila en el primer juicio oral y público que se lleva adelante en Cuyo por estos crímenes.

Enrique Ponce representa en el juicio a los familiares de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, víctimas del terrorismo de Estado y de Víctor Fernández, sobreviviente de las detenciones de setiembre de 1976, quien denunció haber sufrido torturas luego de ser sacado de su hogar en el operativo que se llevó adelante en la localidad de La Toma el 21 de ese mes. También acciona en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se constituyó en querellante en la causa.

El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sitemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.

Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas (algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia) al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.

Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Varios testigos que estuvieron detenidos durante la dictadura, señalaron que habían denunciado ante el entoces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González que habian sufrido torturas y no abrieron una causa por ese delito. Pero también está su firma estampada en algunos documentos oficiales que indicarían su mal desempeño o groseras omisiones para su cargo.

Asimismo a quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141, como así también su jefe, los coroneles retirados Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Carlos Alemán Urquiza, Carlos Osarán y Guillermo Daract entre otros miltares de alto rango.

Ponce consideró en su alegato que los actuales imputados tuvieron "una función precisa dentro de la maquinaria" represiva y que los crímenes no se podrían haber cometido sin la concurrencia de todos.

Calficó a Miguel Ángel Fernández Gez, por entonces la máxima autoridad militar en San Luis, como "el autor mediato" de los crímenes que se investigan, ya que él tenía "el dominio de la información y de los hechos" que estaban bajo su órbita. Carlos Estaban Pla, por entonces capitán a cargo de la subjefatura de la Policía de San Luis le atribuyó haber encabezado los procedimientos en la llamada lucha antisubversiva y haber participado de manera activa en las sesiones de torturas de las víctimas.

Un relato de uno de los represores que ya ha fallecido lo señala a Pla como el hombre que disparó en la nuca de Graciela Fiochetti en las Salinas de Bebedero y también ultimó de la misma manera a Santana Alcaraz, presuntamente la segunda persona asesinada ese 23 de setiembre de 1976, que aún continúa desaparecida.

Trabajadores de la fábrica Dos Anclas vieron salir esa madrugada dos automóviles con 9 personas, por lo que Ponce no descartó que "toda la plana mayor hubiese participado del fusilamiento" y citó el caso de Bruno Laborda, el militar que revistó en el III Cuerpo de Ejército que al ver que no le daban su ascenso relató como actos de servicio lo realizado en Córdoba durante la dictadura, en donde contó de manera detallada como participaba toda la jerarquía militar, para lograr involucramiento y "un pacto de silencio".

Refiriéndose a Pla, dijo que "en términos de responsabilidades es indiferente si tiró o no del gatillo. Quedó absolutamente probado que él conducía los operativos"

Sosteniendo su argumento en los dichos del represor fallecido, que testimonió ante el juez González Macías en Mendoza, cuando se reabrió la causa en la democracia, Ponce dijo que incluso pudo haber participado un tercer auto, en los que iban los policías Victor Becerra, Chavero, Velazquez y (Juan Carlos) Pérez. Jorge Hugo Velazquez, en su testimonio ante el juez mendocino, dijo que se sintió conmovido por haber visto la muerte de los dos jóvenes y Víctor Becerra lo increpó diciéndole ante esos hechos: "acaba de presenciar un fusilamiento".

Victor David Becerra, fue jefe del D2 de Infomaciones y sindicado por los testigos como un feroz torturador. Hoy no presenció la audiencia en forma directa, ya que se encontraba en una sala contigua recostado en un camilla, debido a una dolencia a causa de una diabétes crónica que padece, pero se lo consultó terminada la misma si había entendido lo que ocurría en la sala y respondió: "van a juzgar a todos mis compañeros", además de relatar otras instancias de lo ocurrido durante la jornada. "Está lúcido y entiende perfectamente", dijo una fuente judicial, echando por tierra el argumento de su abogado defensor de que por su dolencia tenía dificultades para comprender lo que sucedía en el juicio.

En relación al entoces cabo Luis Orozco, el sumariante que confeccionó el acta de libertad falsa que se le hizo firmar a Graciela Fiochetti, junto a Juan Carlos Pérez, el segundo en el D2, dijo que su participación en ese engaño fue fundamental, pero también la actividad que desarrolló después, ya que fue él junto a otros policías, los que llevaron el cadáver de la joven desde la morgue al cementerio y la enterraron como NN. "Estaba con la misma ropa, ya la había identificado su hermana, él sabía que se trataba de Graciela y la enterraron como NN. Orozco también fue la persona encargada de realizar la inscripción como NN en el Registro Civil, cuya acta de defunción aclara que fue realizada de esa manera "por expreso pedido del Jefe del Comando de Artillería" Miguel Ángel Ferández Gez para encubrir el procedimiento ilegal.

El querellante se refirió a los antecedentes de los juicios que se realizaron en el pais contra otros represores y le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".

Los represores desafiantes ante los alegatos del querellante




"Ni los van a encontrar nunca"

San Luis (Pelr) 25-02-09 "Ni los van a encontrar nunca", dijo desafiante por lo bajo una voz -presumiblemente de Carlos Pla- cuando el abogado querellante hacía un raconto de los padecimientos de las familias que no han recuperado el cuerpo de los jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar, en el marco de los alegatos que comenzaron ayer en el juicio por crimenes de lesa humanidad que se ventilan en el Tribunal Oral Federal de San Luis. Ponce anticipó el pedido de cambio de carátula, que solicitará sea genocidio. Adelantó también que reclamará que se abra compulsa para que se investigue a otros militares y civiles que debieron necesariamente participar de la estructura del terrorismo de Estado y algunos de ellos en los fusilamientos de las Salinas. La actividad continúa hoy a partir de las 9 de la mañana.

Quien más demostró su enojo por el prolijo desglose de los hechos que hacía Enrique Ponce, culpando a todos quienes están sentados en el banquillo de los acusados, fue Carlos Pla, el hombre que con mano de hierro estuvo a cargo de la subjefetura de policía de San Luis en 1976 y personalmente estaba a cargo de los operativos antisubversivos. Ayer, Víctor David "El Japonés" Becerra permaneció la mayor parte de la audiencia recostado en una camilla por la dolencia que lo afecta.

Pla, en su indagatoria, negó haber participado de gran parte de los hechos que se le imputan, pero los testimonios de los detenidos lo señalaron en cada uno de esos lugares.

En la jornada de ayer, en una extensa exposición, Ponce, el letrado que representa a los familiares de las vìctimas y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH SAN LUIS) historió lo ocurrido con cada una de las víctimas, desde el momento en que fueron detenidas y sus peripecias que terminaron en distintos destinos.

Graciela Fiochetti fue asesinada en las Salinas del Bebedero junto a Santana Alcaráz, según dijo con convicción el abogado, ya que la descripción del cuerpo del joven fusilado y posteriormente quemado su cuerpo, coincidiría con la del muchacho que fue sacado de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis por dos hombres vestidos de traje. El cadáver fue enterrado como NN y Alcaraz continúa desaparecido.

Nada se sabe del destino de Pedro Valentín Ledesma, que fue visto en fotografías por varios testigos, mostradas por los mismos represores. Estaba muerto, con visibles signos de tortura.

Los hechos
A las 9,30 de ayer retornó la actividad en el juicio que se le sigue a tres policias y dos militares acusados por el secuestro y desaparición de dos personas y el asesinato de una joven en las Salinas del Bebedero, ocurrida en setiembre de 1976. También la tortura recibida por Víctor Fernández, "que fue detenido dos veces, pero existen tres actas de liberación", dijo su representante. Fernández, sobreviviente de aquellas jornadas, actúa también como querellante.

El Tribunal Oral Federal de San Luis está integrado por los jueces Raúl Rodríguez (presidente), Roberto Nacif , Roberto Burad y Héctor Cortez, este último en calidad de suplente, pero que tuvo activa actuación durante todo el desarrollo del plenario.

Durante la jornada, Enrique Ponce, el abogado de la querella desarrolló una parte de sus alegatos, exponiendo ante el Tribunal como fueron los hechos en los que resultaron daminificados Graciela Fiochetti -cuyo cuerpo fue entregado a los familiares en 1986-, Pedro Valentìn Ledesma y Santana Alcaraz, que permanecen desaparecidos.

Por estos sucesos ocurridos hace 32 años, luego de un enfrentamiento entre el Ejército y un civil (Carlos Cobos), que derivó en más detenciones de presuntos militantes montoneros, están acusados Miguel Ángel Fernández Gez, ex jefe del Comando de Artillerìa 141 con asiento en San Luis, Carlos Esteban Pla, el capitan militar que se desempeñaba como subjefe de la Policìa puntana y los ex policìas Juan Carlos Pérez, Víctor David "El Japonés" Becerra y Luis Orozco.

Ponce, en su extensa alocución, estimó que estaba debidamente probada la detención de Fiochetti en un procedimiento llevado a cabo en su pueblo de origen, La Toma, y su falsa liberación frimada bajo presión en la jefatura central de policía. También aseguró que està acreditado que la joven de 21 años "fue fusilada" con un tiro en la nuca por un grupo de al menos nueve personas, entre los que se encontraban algunos de los inculpados en el juicio, pero sostuvo que todavía faltaban más responsables de aquella ejecución "por la espalda y de rodillas" de la chica y otro hombre que presumiblemente serìa "Sandro" Santana Alcaraz, de acuerdo a los testimonios que fueron recogidos durante el proceso.

Por esa razón, adelantó que pedirà que se abra una compulsa para que sean investigados otros integrantes de la plana mayor del Comando de Artilerìa y jefes del Grupo de Artillerìa 141 que tenìa asiento en la capital puntana.

De igual forma advirtió que hubo "una estructura judicial" que acompañó el accionar de la dictadura y que hizo lo necesario "para encubrir esos hechos aberrantes" y citò como ejemplo, que a causa del enfrentamiento que murió Cobos y fueron detenidos otras dos personas que circulaban en un auto con él, cuando se los cita a comparecer por esos hechos a solo uno de ellos, ya que "sabían que a Ledesma lo habìan matado" los militares en su cautiverio. Ledesma fue dejado en libertad y entregado a su padre, Segundo Valentín, pero luego, a pocas cuadras de la comisaría segunda donde lo liberaron, fue secuestrado por un grupo de tareas simulando ser una venganza de Montoneros, pero su padre reconció a dos de los hoy inculpados como integrantes de la banda que le arrancó de sus brazos a su hijo, un estudiante universitario de 21 años que se desempeñaba como maestro rural.

Ponce también aseveró que "los últimos que vieron con vida a Santana Alcaraz fueron su profesor de Física y sus 7 compañeros" de estudios que estaban en la clase donde lo sacaron al muchacho, en la Universidad Nacional de San Luis.

Por la descripción que realizó uno de los represores de lo ocurrido, el ya fallecido Jorge Hugo Velazquez, Santana Alcaraz era la otra persona que estaba junto a Fiochetti cuando encontraron los dos cadáveres calcinados en las Salinas de Bebedero, producida el 23 de setiembre de 1976, luego de que operarios de la fábrica de Sal Dos Anclas vieran salir a dos Torinos con nueve ocupantes en su interior de las parvas de sal, que se encuentran contiguas a la laguna que produce el mineral.

Un momento de tensión se produjo en la sala cuando Ponce iba desarrollando su argumento y comparó las situación de Graciela Fiochetti, cuyo cadáver pudo ser identificado por sus familiares, aunque fue devuelto 10 años después por un juez de la democracia, con la situación de los deudos de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz "que todavía esperan para encontrar los cuerpos", y una voz que salió del lado donde se encuentran los inculpados -presumiblemente Carlos Pla- dijo: "ni los encontrarán jamas...".

Hoy el querellante formalizará la acusación y pedirá las penas para los procesados, pero adelantó que solicitaría el cambio de carátula para que sean calificados estos hechos como "genocidio".

Cuando terminó la audiencia, hubo un cerrado aplauso para la argumentación del abogado defensor de los derechos humanos. Luego, afuera, en la vereda del edificio del Tribunal Oral de San Luis, hubo abrazos emotivos entre los familiares de las víctimas.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

jueves, 12 de febrero de 2009

Eduardo Canteros: “La salud de Becerra no se empeoró por el juicio”

San Luis (Pelr) 12-02-09. El director del Complejo Sanitario San Luis, dialogó con Periodistas en la red, luego de la audiencia que se realizó con Víctor “El Japonés” Becerra y aseguró que el estado de salud que reviste el imputado por crímenes de lesa humanidad, aseguró que “el paciente, al momento del examen, no se encuentra con descompensación. Con esto no podemos decir que el señor está sano, sino que sus patologías, sus enfermedades crónicas, en el momento de hoy día (por ayer), están estables, lo que le permite estar en su domicilio y es lo que está pidiendo el señor Becerra, estar en su domicilio”, algo que contradice a Vidal, quien aseguró que eran los profesionales del hospital, quienes le quieren dar el alta sin estar en condiciones de recibirla.

Uno de los médicos que estuvo en la audiencia, y quien pidió reserva de identidad, aseguró a Periodistas en la red, que “Becerra tiene una diabetes terminal, con una insuficiencia renal que le requiere diálisis de por vida, algo que es propio de su enfermedad y del pésimo estado arterial que tiene”, por lo que “el supuesto estrés del juicio nada influyó en su estado actual” y como a modo de ejemplo, nos contó que “cuando yo iba a la escuela, teníamos un compañero que era tartamudo y el muy hdp, cuando teníamos un examen donde él no había estudiado, tartamudeaba mucho más, para zafar y lo lograba. Comparando con mi compañero, creo que acá pasa lo mismo, se hace más el enfermo para zafar del juicio”, dijo rotundamente.

Canteros, coincidió con este médico, en cuanto a que Becerra “tiene una patología crónica, que viene acentuándose paulatinamente, está así relatado en la bibliografía médica y está comprobado desde el punto de vista científico, que esto es así, con lo que estas situaciones por las que está pasando el señor Becerra (el juicio), pueden en algún momento descompensarlo, pero no por esta situación coyuntural, el señor Becerra ha sufrido esto”.

El médico con el cual mantuvimos el diálogo informal, aseguró que “es muy posible que dentro de poco, Becerra pierda las dos piernas, pero no va a ser producto del juicio, sino porque está en un estado de una patología terminal”.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Hernán Vidal: “Todo esto es una parodia que va terminar en una tragedia”

San Luis (Pelr) 12-02-09. Minutos antes que el tribunal ingresara al aula del Complejo Sanitario San Luis, para tener la audiencia con el imputado Becerra, su defensor Hernán Vidal mantuvo un contacto con la prensa, donde anticipó su concurso a la Cámara de Casación Federal, se quejó por la decisión del tribunal de entrevistar a su defendido que “no está lúcido”, por lo que “todo esto es una parodia que va a terminar en una tragedia. Acuérdense”, aseguró.

Cuando se le consultó, cuál iba a ser esa tragedia, Vidal afirmó que “puede perder una pierna o la vida, por este juicio”, algo que fue contrariado por un médico presente en el lugar y el director del nosocomio local, Eduardo Canteros (Ver nota aparte).

Vidal afirmó que este tribunal juzgó a Becerra “en ausencia” y lo hizo, según él “debido a las presiones” y puso como ejemplo que “ustedes lo vieron sentado en primer fila, al amigo Duhalde, desde el primer día” y anticipó que estas “presiones” no las tendrá la Cámara de Casaciones Federal, haciendo obvia referencia a que apelará el fallo si su defendido es condenado. “La verdad es que yo no quisiera estar en los pantalones de los miembros del tribunal. Se sienten presionados”, afirmó en ese sentido.

Para Vidal, “lo que quiere hacer el tribunal, no es aplicar el Código Procesal Penal, como dice el Dr. (Raúl) Zaffaroni, están intentando aplicar el Maellus Maleficarum, que es el martillo de las brujas o el manual de la inquisición”.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Finalizó etapa probatoria y el 24 serán los alegatos

San Luis (Pelr) 12-02-09. La jornada de ayer fue la última de la etapa probatoria, en el juicio que se les lleva adelante a militares y policías por las torturas seguidas de muerte, en San Luis, contra Graciela Fiochetti, la desaparición física de Valentín Ledesma y Santana Alcaráz y las torturas recibidas por Guillermo Fernández, durante la dictadura militar que gobernó desde el 24 de marzo de 1976.

Se podría decir que en la primera parte, se desarrolló un mero trámite administrativo, incorporando las últimas pruebas que quedaban, pero una vez finalizado esto, el tribunal se constituyó en el Complejo Sanitario San Luis, donde está internado el “Japonés” Becerra, para ponerlo en conocimiento de trámites y darle la última posibilidad de declarar en forma indagatoria, a lo que se negó, señalando “yo nunca voy a hablar de esto”, según le dijo a este medio alguien que participó de la sesión, a la que la prensa tuvo el acceso prohibido.

La sesión se desarrolló en el aula del Complejo, ubicada frente a la Dirección y estuvieron presentes los cuatro miembros del tribunal, su abogado defensor Hernán Vidal, además de los defensores Daniel Mercado e Ítalo Papalardo, entre los protagonistas del juicio, pero estuvieron presentes médicos del nosocomio, el forense Ricardo Torres y el director del Complejo Sanitario San Luis, Eduardo Canteros.

Alrededor del mediodía, y sin haber conseguido la declaración del “Japonés” Becerra, el tribunal se retiró del lugar, dando oficialmente como terminada la ronda probatoria de este juicio.

En la sala donde se desarrolla el debate oral, y previo a partir con rumbo al nosocomio local, el presidente del tribunal, Raúl Alberto Rodríguez, había informado que con esta comparecencia al lugar donde estaba internado Becerra, se daba por finalizada la etapa probatoria, y convocó a las partes para el martes 24 de febrero, a partir de la hora 08:30, para comenzar con la ronda de alegatos.

Esta ronda la comenzará el particular damnificado, lo seguirá la fiscal de Cámara y posteriormente continuarán las defensas, “en el orden que ustedes decidan”, según les informó.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

viernes, 6 de febrero de 2009

Mercado quiere traer a Laise por la fuerza pública

San Luis (Pelr) 05-02-09 El abogado defensor de Miguel Ángel Fernández Gez, uno de los militares acusados por el asesinato y desaparición de personas durante la dictadura, en el juicio que se lleva adelante en San Luis, pidió que monseñor Juan Rodolfo Laise sea llevado a declarar por la fueza pública si es necesario. Considera que el testimonio del religioso es clave para defender al ex jefe del Comando de Artillería 141.

En la audiencia de ayer, el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez, relató el cúmulo de tramitaciones que se habían realizado para hacer comparecer a Laise como testigo, debido a que el prelado vive actualmente en Italia. Pero finalmente, el religioso hizo conocer que de ninguna manera declararía en forma oral y que no se prestaría a la teleconferencia que se había programado.

Mercado, que pidió la testimonial de Laise desde un principio, para que respondiera por el pedido que habría hecho a su defendido de hacer desaparecer a un cura porque quería casarse, consideró que la comparencia era muy importante para su defensa.

Tras relatar cuáles eran los pasos legales que debían llevarse a cabo para estas negativas, sostuvo que si era necesario, "se lo haga comparecer por la fuerza pública". Es decir que el ex Obispo de San Luis fuese detenido y llevado a declarar.

El juez Rodríguez advirtió que esto podría traer algunas complicaciones al proceso y finalmente anunció que el tema sería "tratado en el próximo intermedio", razón por la cual hoy se conocería la decisión del Tribunal.
Testimonios por lectura

En la jornada de este miércoles también pudieron escucharse los testimonios por lectura de Carlos Hermanegildo Ricarte -que actuó como sumariante en varias detenciones de presos políticos- y de Juan Luis Beltrán Baigorrí, el policia que encontró, junto al salinero Carlos Paez, los cuerpos de Graciela Fiochetti y de un hombre que aún no se conoce quién es.

Se decidió además recortar la lista de testigos que se incorporaban por lectura -alrededor de cuarenta- y si se procederá a leer los de Marcelo Sosa (comisario a cargo de la seccional 2º cuando se secuestró a Pedro Ledesma) Ortuvia Salinas (quien tomó la declaración de Segundo Ledesma cuando le secuestraron a su hijo), Ianantuoni (un testigo que aseguró que las denuncias de Velazquez fueron urdidas en la cárcel), Osvaldo Ledesma (medico que atendía a Fiochetti antes de su secuestro y posterior asesinato), el odontólogo Malpica (que proporcionó las fichas dentales para que se identificara a la chica de La Toma) y Manuel Calderón (una de las personas que habría llevado a enterrar los cuerpos NN al cementerio).

Este desistimiento de la lectura de los testimonios, que quedarán incluídos en el expediente para su valoración, acelerará algunos tiempos del proceso y los alegatos podrían comenzar alrededor del 20 de este mes. Claro está, si no se complica con la comparencia de Laise, que a esta altura, al único que le interesa es al defensor de Fernández Gez y no parece que pueda dar un giro en la causa.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

El camarista Pereyra González pidió un careo con José Samper

San Luis (Pelr) 05-02-09. El Tribunal Oral Federal de San Luis, que juzga a policías y militares por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar, decidió hacer lugar al pedido de careo entre el juez de Cámara Martín Pereyra González y el abogado José Samper, que le endilgó la semana pasada haber presenciado una sesión de tortura a Graciela Fiochetti.

En un escrito presentado al Tribunal, el camarista pidió expresamente ese confrontación cara a cara con Samper, ya que consideró que era falso el testimonio presentado por el testigo y que sus aseveraciones no tenían ningún asidero. El Tribunal hizo lugar a ese pedido y probablemente el martes próximo tenga lugar la medida.

También hubo un pedidido de confrontación con Anibal Franklin Oliveras, que en su oportunidad dijo que el ex Secretario Federal durante la época que se investiga había recibido su denuncia por apremios mientras él estaba preso y que luego de un fuerte intercambio de palabras, el funcionario judicial no llevó adelante ninguna medida.

El escrito presentado, con un fuerte contenido vindicativo, cuestiona los testimonios y además hace notar su enojo con algunas de las partes en el juicio y el propio Tribunal, porque estima que no solo se le ha hecho daño a él como funcionario judicial, sino que se ha atacado al propio sistema judicial.

Ayer, el Tribunal Oral decidió hacer lugar al pedido de careo con Samper, pero no al de Anibal Oliveras.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com