Se hizo justicia, perpetua para los cinco represores

El Tribunal Oral de San Luis encontró culpables a los cinco policías y militares acusados de delitos de lesa humanidad realizados durante la última dictadura y los condenó a prisión perpetua e inhabilitación de por vida con cumplimiento efectivo en cárcel común, dos de ellos en el penal de Marcos Páz en Buenos Aires y a los restantes en el servicio penitenciario local, en un veredicto que fue seguido por más de medio millar de personas que se dieron cita al lugar.



Los represores fueron condenados en la causa que investigó el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledesma y "Sandro" Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández cuando estuvo detenido y que finalmente logró sobrevivir.

Cuando quede firme la sentencia, Carlos Esteban Pla, Víctor David Becerra, Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Pérez comenzarán a purgar esta condena en cárcel común. Pla y Fernández Gez en Marcos Paz y los restantes en el servicio penitenciario de San Luis. Becerra cumple actualmente prisión domiciliaria.

El fallo emitido por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad y Roberto Nacif fue recibido con algarabía por los familiares, militantes y organizaciones de DDHH que se dieron cita desde temprano al edificio ubicado en pleno centro de la capital puntana.

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, presente en la sala de audiencias, destacó el "fallo ejemplar" dado a conocer esta tarde, ya que "se dictó la máxima pena por los delitos cometidos".

También la diputada nacional Victoria Donda destacó el fallo y reconoció "la lucha de los compañeros, que muchas veces fue llevada adelante en absoluta soledad" y criticó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá por no haber facilitado los medios para que estos delitos se esclarecieran. Fue notoria la ausencia de funcionarios y legisladores del oficialismo, ya que no hubo ningún representante del gobierno provincial cuando se leyó el veredicto.

Tanto el abogado de la querella, como los familiares de las víctimas, destacaron "la valentía de los jueces" que "actuaron con ecuanimidad" y llevaron adelante este juicio "dandolé a los represores la oportunidad de ser juzgados de manera transparente, cosa que ellos no hicieron con sus víctimas"

"Todavía queda una materia pendiente", dijo a esta agencia Segundo Ledesma, el padre de Pedro, que todavía continúa desaparecido. "Esperaba que estos cobardes dijeran donde tiraron a mi hijo", se lamentó y Dominga, su esposa, más allá del fallo se retiró desolada de la sala, en silla de ruedas, pues esperba ese gesto de los represores, "para darle sepultura a Pedro".

"He cumplido con doña Laura" dijo emocionada Lilian Videla, presidenta de la APDH local, haciendo referencia a la promesa de seguir hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca el asesinato de Graciela Fiochetti.



"Ahora van a estar donde tienen que estar", sentenció Reina Alcaraz, la hermana de Santana, el muchacho que fue secuestrado de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis y nunca más se lo volvió a ver. Para ella también el fallo le dejó un vacío, porque estaba esperanzada de "encontrar el cuerpo de mi hermano".

El Tribunal Oral hizo también lugar al pedido de compulsa que realizaron la querella y la fiscalía y los integrantes de la plana mayor que en 1976 estaba al frente del Gada 141 y el Comando de Artillería 141.



Igual suerte corrió el actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, que en ese año era Secretario del Juzgado Federal de San Luis, para quien el Tribunal ordenó que se abriera una investigación para determinar si incurrió en algún delito con su accionar. También será investigado el ex juez Federal de San Luis Eduardo Allende por sus actuaciones en la causa.

Una nueva causa se abrirá también para el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ya que de él dependía el área 333 con asiento en San Luis.

El Tribunal también ordenó la investigación del ex obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, ya que uno de los imputados, Miguel Ángel Fernández Gez lo acusó de haberle pedido que hicera desaparecer a un sacerdote que estaba enfrentado con el prelado.

La lectura de los fundamentos de la sentencia fue anunciada para el 14 de abril a las 9 de la mañana.
Los cargos

Fernández Gez, Plá y Becerra fueron condenados acusados de privación ilegítima de la libertad agravada; tormentos agravados; homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación por 3 hechos en concurso real en perjuicio de Fiochetti, Ledezma y Alcaráz calificados como delitos de lesa humanidad.


Pérez fue acusado de privación ilegítima de la libertad agravada; imposición de tormentos agravados; homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación en concurso real en perjuicio de Graciela Fiochetti.

Orozco fue sentenciado como co-autor plenamente responsable de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio doblemente agravado por alevosía todo en concurso real en perjuicio de Graciela Fiochetti, delitos calificado como de lesa humanidad.
Aplausos de uno y otro lado

Cuando el presidente del Tribunal leyó que los imputados irían a cárcel común, los familiares y amigos de las víctimas rompieron en un cerrado aplauso festejando la decisión.

Lo llamativo fue cuando el juez Rodríguez leyó que se llamaría a compulsa a Juan Carlos Moreno, el jefe del Gada 141 en 1976, esta vez fueron los familiares de Carlos Pla los que comenzaron a aplaudir la decisión de los jueces. Sostienen que la responsabilidad de los hechos fue de la cúpula del GADA.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

Dominga Sanglá de Ledesma: “Yo lo que quería saber es dónde lo tiraron a mi hijo”



San Luis (Pelr) 13-03-09. La mamá de Pedro Valentín Ledesma, torturado y desaparecido durante la última dictadura militar en San Luis, Domingo Sanglá de Ledesma, estuvo presente durante toda la jornada de ayer en el salón de juicios orales, sentada en su silla de ruedas, debido a su salud deteriorada y rompió en llanto cuando escuchó el veredicto condenatorio contra militares y policías.

Más allá de la dura sentencia a los condenados, Dominga todavía está en pena porque “yo lo que quería saber es dónde lo tiraron a mi hijo”, le dijo a Periodistas en la red, pero se retiró con la misma duda con la que entró por primera vez aquel 20 de octubre de 2008, fecha en la que se inició el juicio.

“Basura” fue el calificativo que Dominga utilizó para referirse a Carlos “El Chueco” Plá, porque “él dijo en el juicio que nunca lo vamos a encontrar”.

“Yo quería los huesos de mi hijo, para ponerlo donde merece estar”, dijo con lágrimas en los ojos y seguramente desazón en el alma, por la dura y estúpida decisión de los condenados, que no pueden perder su odio y decir a una madre en pena, dónde están las osamentas de sus hijos, así puede vivir sus últimos años en paz. Tanto odio por parte de quienes tuvieron la oportunidad de defenderse en un juicio, oportunidad que ellos jamás otorgaron a sus víctimas.

¿Tanta porquería puede haber en los corazones de los sentenciados ayer, como para no sensibilizarse con una madre desesperada por tener los huesos de su hijo en un lugar donde los pueda visitar a diario?

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Segundo Ledesma: “Éstos, son hombres de la justicia”



San Luis (Pelr) 13-03-09. Así se refirió Segundo Ledesma, padre del torturado y desaparecido Valentín Ledesma, con respecto a los miembros del Tribunal Oral Federal que ayer dictaron la prisión perpetua a los militares y policías encontrados culpables de torturas, muertes y desaparición de personas en la provincia de San Luis, durante la última dictadura militar de 1976.

Segundo se mostró como un hombre agradecido, puesto que expresó ese sentimiento hacia “la señora fiscal (federal Olga Allende)”, pero al igual que su esposa, Segundo espera que a alguien “se le ablande el corazón y me digan dónde tiraron a mi hijo”.

Ledesma siente mucha bronca hacia “El Chueco” Plá, porque “este sinvergüenza se burló de mí”, porque en donde él trabajaba “Becerra, Orozco y Plá pasaban y se cagaban de la risa”.

Si lo tuviera enfrente a Plá, le diría “que es un atorrante, un cobarde, porque ataba a los chicos de pies y manos, para pegarles y aporrearlos, como hicieron con esta chica Fiochetti y así habrán hecho con mi hijo”.

“Mire dónde está ahora”, continuó diciendo Ledesma de Plá, “él se burlaba de mí, pero yo ahora no me voy a burlar de él”, dijo mostrando su hombría de bien, y aseguró sentir “lástima por su familia. La señora y los hijos. Es un cobarde para burlarse así de las personas”

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

TODA LA COBERTURA DE LA JORNADA EN PERIODISTAS EN LA RED

Expectativa por la decisión del Tribunal Oral en el juicio a los represores

San Luis (Pelr) 12-03-09. Sobre los jueces del Tribunal Oral pesa hoy una delicada tarea: decidir el destino de los cinco policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La filial local de la APDH, los familiares y sectores ligados a la defensa de los Derechos Humanos, convocaron a la población a reunirse en la esquina del Correo.

Hoy estarán presentes en la sala de audiencias, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario, Luis Alén. También habrá persencia de organismos de la región como el Movimientos Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y otras instituciones representativas.

La Universidad de San Luis decretó el asueto para hoy, debido a que dos de los desaparecidos eran alumnos de esa casa de estudios. También para facilitar la participación de los docentes y estudiantes en esta jornada calificada como "histórica".

El juicio que comenzó el 20 de octubre último llegará a su fin hoy cuando el Tribunal integrado por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad, Roberto Nacif y Héctor Córtez (este último en carácter de suplente) se expidan sobre las acusaciones que pesan sobre los militares Miguel Ángel Fernández Gez y Carlos Pla, jefe del Comando de Artillería y Subjefe de la Policía de la provincia en 1976 y los policías Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco, integrantes del Departamento de Informaciones D2, que actuaba en la denominada "lucha contra la subversión" en ese período.

En ambos extremos, la querella pidió la reclusión perpetua para los cinco, mientras que los defensores reclamaron la absolución de sus clientes.

En las últimas horas del miércoles, este medio tuvo la posibilidad de compartir la vigilia con algunos de los familiares de las víctimas por el que se lleva adelante este juicio y el abogado querellante, Enrique Ponce, hermano de Ana María, desaparecida en la ESMA en Buenos Aires.

Todos estaban tranquilos, confiados en la decisión del Tribunal que hoy hará escuchar su veredicto tras la palabra de los imputados.

Los hechos en apretada síntesis

Entre el 20 y el 23 de setiembre de 1976 hubo una sucesión de hechos que comenzaron en un presunto enfrentamiento que terminó con la muerte de Raúl Sebastián Cobos, la detención de Pedro Ledesma y Juan Cruz Sarmiento. Luego hubo un impresionante operativo en La Toma donde fue detenida, entre otros, Graciela Fiochetti y Víctor Fernández. En esos días también fue "chupado" de las aulas de la Universidad de San Luis "Sandro" Santana Alcaraz.

"El Gringo" Fernández fue torturado pero sobrevivió. Graciela fue asesinada a sangre fría en las Salinas del Bebedero. Fue el único cuerpo que fue devuelto a sus famliares. Santana Alcaraz y Pedro Ledesma todavía están desparecidos.

Por esos hechos están acusados Carlos Pla, Miguel Ángel Fernández Gez, Juan Carlos Pérez, Víctor David Becerra y Luis Orozco.

La querella, representada por el abogado Enrique Ponce, pidió que se califique a los hechos como "genocidio" y solicitó para los cinco la reclusión perpetua e inhabilitación de por vida. Ponce, en su alegato, le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".

El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sitemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.

Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas -algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia- al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.

Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Un ex juez federal, Eduardo Allende, con actuación en esos expedientes, también está entre la nómina de compulsas pedidas.

La fiscal general, Olga Allende, por su parte, pidió se aplique a Carlos Pla, Miguel Fernández Gez, Juan Calos Pérez, Luis Orozco y Víctor Becerra "la pena de Prisión Perpetua, inahabilitaciòn absoluta perpetua (artículo 19 del Código Penal), accesorias legales y costas procesales, con cumplimiento de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial o Federal".

Con un listado menos extenso, también solicitó que se abriera compulsa para otros militares y policías provinciales y federales que ocupaban cargos de jerarquía durante setiembre de 1976 y los miembros de las planas mayores del Gada 141 y el Grupo de Artillería 141 con asiento en San Luis por aquellos días.

Allende remarcó en su alegato que "en las disposiciones del régimen vigente no dicen que debe aparecer el cadáver para determinar la calidad del homicidio. La jurisprudencia y las cortes internacionales nos refieren que debe subsumirse en homicidio la desaparición forzada de personas en la época del terrorismo de Estado". Por esar razón "deben responder por homicidio en el caso de las desapariciones de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz".

Las defensas, con distintos argumentos, pidieron que los acusados fueran absueltos y no dudaron en calificar al juicio considerado histórico en Cuyo, como "un show mediático" donde "no surgieron pruebas" que los involucren a sus defendidos en esta causa.

Hernán Vidal, defensor de Carlos Pla y Víctor Becerra, tras plantear un conjunto de nulidades y sostener que el juicio estaba totalmente viciado, adelantó que concurriría a Casación porque se habían violado reiteradamente "la defensa en juicio".

"Este proceso no tiene nada de especial, más allá del dolor (de los familiares), que se los reconozco y la capacidad de lucha que les dio impulso", pero reclamó que se hiciera "con armas leales, con armas legales, porque si lo que hacemos es buscar un chivo expiatorio porque se me murió el que torturaba, o se me piantó el que encubría o instigaba, cargarle la tinta al que no tiene nada que ver, no es de buena salud mental", dijo en sus argumentos.

Italo Papalardo, defensor de Juan Carlos Pérez, , pidió que "se declare la absolución" de su cliente y la "declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779" que declara insanablemente nulas las denominadas leyes de obediencia debida y punto final. Reclamó también que se considerara vigente a esas normas y remarcó que su defendido actuó "en el marco de la obediencia debida, según ley 23.492". No obstante, insistió que los crímenes por los que se lo acusa a Pèrez ya han prescripto.

El fuerte de la defensa de Miguel Fernández Gez estuvo destinado a atacar al entonces jefe del Grupo de Artillería 141, Juan Carlos Moreno, con quien adujo que hubo una dura interna con el jefe del Comando de Artilléría y que la responsabilidad de las acciones desplegadas fueron del Grupo que tenía la infraestructura necesaria para llevar adelante los operativos, cosa que según el abogado, el Comando no poseía.

"Pido para mi coronel, este coronel del Ejército de San Martín y de Belgrano, que se lo absuelva de los crímenes que se le acusan", porque "en este proceso no hay pruebas en contra de él. Para mi, creo que la solución correcta sería dictar la sentencia absolutoria de los cuatro cargos de tortura, de los cuatro cargos de privación ilegítima de la libertad y de los tres cargos de homicidio", remató Mercado al finalizar.

Alfredo García Garro, defensor de Luis Orozco, señaló en su alegato: "No hemos avanzado nada, no hemos encontrado la verdad material. Me quedan infinidad de interrogantes que no se pueden dilucidar", y agregó que este juicio tiene "un final anunciado". "Me voy vacío, decepcionado" argumentando que lo que ocurió en la década del '70 fue "una guerra civil entre dos sectores violentos" de la Argentina, "una guerra en donde no sabíamos quien ni donde estaba el enemigo". "Eran dos grupos humanos antagónicos, violentos; uno quería imponer sus ideales por la fuerza y otro por la fuerza trataba de impedirlo".

A la querella le endilgó tener una "mentalidad fabuladora" que trabajó con "argumentos inquisidores", "quizá para quedar bien con el gobierno de turno" y a la fiscal le reprochó acusar "con un fundamentalismo talibanesco, con resentimiento" y dijo que su acusación debería ser descalificada "porque actúa con un total desconocimiento de los hechos y peca de una actitud cómoda, porque no se interiorizó de los mismos" y "ha violado premisas fundamentales", porque "el ministerio público debe velar por la legalidad del proceso y debe buscar la verdad, aportando pruebas conducentes y valederas".

Adhesiones e invitación a escuchar el veredicto

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), decidió declarar asueto académico-administrativo toda la jornada de hoy, en todas las dependencias de la UNSL.

El propósito de esta decisión, es facilitar la concurrencia y participación en los actos a realizarse en el Correo Central de la ciudad de San Luis, con motivo de la lectura de las sentencias en el juicio oral y público que se sigue a los responsables de la muerte y desaparición de diversos miembros de la UNSL durante la última dictadura militar.

El Concejo Deliberante de San Luis se dirigió “a la comunidad toda, a la familia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y a los Jueces de la Democracia para expresarles su solidaridad y compromiso en la recuperación de la verdad y la memoria”, en un extenso proyecto de declaración que tratará el cuerpo.

Por su parte el Partido Intransigente, con la firma de su presidente Federico Lobos, también invitó a la comunidad a participar de la concentración que se hará en frente a la sede del Tribunal Oral Federal, sito en Illia y San Martín.


Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

La fiscal Allende replicó y el jueves se conocerá el veredicto

San Luis (Pelr) 10-03-09. La fiscal federal, Olga Allende, fue la única expositora en la sesión de ayer del juicio que se les sigue a militares y policías, por los delitos cometidos en el año 1976, en San Luis, durante la última dictadura militar, y lo hizo para replicar al abogado defensor Papalardo, quien había solicitado la anticonstitucionalidad de la Ley 25.779.

Esta es la ley que terminó con sus pares de Obediencia Debida y Punto final, más todos los decretos que indultaban a militares por crímenes durante la dictadura.

En diálogo con Periodistas en la red, Allende señaló que “repliqué y expliqué la validez de la ley”, pero además, luego de su alocución, “el tribunal debe expedirse respecto a la nulidad de la Ley de Punto Final y la de Obediencia Debida, por haberse cumplido algunos actos, dentro de esa ley, en el marco de la causa”.

Sobre este tema, y otros que quedaron pendientes, el tribunal se expedirá por cada uno de ellos, antes de dictar el veredicto, que será en la jornada de mañana, y con un rotundo “si”, dejó ver su optimismo sobre que el mismo será en el sentido que ella pidió en los alegatos.

Invitación de la APDH
La filial local de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos convocó "a las organizaciones sociales, políticas, familiares, compañeros, amigos y a todos aquellos que esperamos desde hace más de treinta y tres años VERDAD Y JUSTICIA, a encontrarnos el día jueves 12 del corriente mes a partir de las 9 horas, frente al TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN LUIS a escuchar el Veredicto Histórico del Primer Juicio en Cuyo, a los responsables de la última dictadura por las torturas, desapariciones, muerte de jóvenes militantes".

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

El juicio a represores entra en sus instancias finales

Festival en homenaje a las víctimas de la dictadura

San Luis (Pelr) 06-03-09 Anoche, en la interesección de la avenida Illia y San Martín, se llevó a cabo un acto cultural en homenaje a las víctimas de la dictadura, organizado por familiares de desaparecidos/as, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, estudiantes universitarios y secundarios.

Una gran cantidad de personas participaron del encuentro donde hubo canciones populares, murga y poesía para recordar a "aquellos que fueron masacarados por la dictadura" y "para que sus asesinos sean condenados" y cumplan su pena "en cárcel común".

Se recordó a Pedro Ledesma, Santana Alcaraz y Graciela Fiochetti, víctimas de la dictadura en San Luis y se pidió la pena máxima para los acusados, Miguel Fernández Gez, Carlos Pla, Juan Carlos Pérez, Luis Orozco y Víctor David Becerra.

Una presencia con mucho simbolismo fue la de la mamá de Pedro Ledesma, que junto a sus hijos y nietos -a pesar de su avanzada edad- presenció el festival en donde se reclamó justicia por su hijo y los 30 mil desaparecidos de la Argentina.

Actuaron poetas locales, grupos musicales de San Luis y Villa Mercedes y la murga El paredón.

El encuentro fue organizado por los familiares de los desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mujéres en Búsqueda, Colectivo Político El taller, Revistas Callejeras, MIO, Revista La Resistencia, Estudiantes Universitarios y Secundarios Autoconvocados.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

El juicio a los represores entra en sus instancias finales

San Luis (Pelr) 05-03-09 El juicio a los militares y polícias acusados de crímenes de lesa humanidad entra ya en su etapa final a partir del lunes, que será la próxima audiencia. Se estima que en la semana próxima se conocerá la sentencia. Ayer se produjeron los alegatos de los defensores de los dos últimos acusados: Luis Orozco y Miguel Fernández Gez. Alfredo García Garro y Eduardo Esley por Orozco y Daniel Mercado, por Fernández Gez.

García Garro solicitó la "prescripción penal de las acciones por las que se le acusan a Luis Alberto Orozco", y dijo que su defendido "es inocente de todos los cargos que se le pretenden endilgar" y solicitó que "se lo absuelva libremente y en el hipotético caso que sea condenado, dejo reservado la instancia de Casación y el caso federal".

El codefensor, Eduardo Esley, puso en duda la autoría del crimen: "¿Quien mató a la señorita Fiochetti? ¿Quien la mató? ¿Dónde la mataron? Tres preguntas sin respuestas", enfantizó para a renglón seguido ironizar ¿La mató Orozco?¿La mató Plá? Creo que el coronel Fernández... Ahh! También pudo ser Juan Carlos Pérez o Becerra ¿Quién, cuándo, dónde, cómo...? De aquí no ha salido

El último en exponer fue Daniel Mercado, quien cargó las tintas sobre el titular del "verdadero poder" en San Luis, Juan Carlos Moreno, a quien responsabilizó como autor mediato por las acciones llevadas a cabo en los crímenes por lo que se acusan a los imputados. "Pido para mi coronel, este coronel del Ejército de San Martín y de Belgrano, que se lo absuelva de los crímenes que se le acusan", porque "en este proceso no hay pruebas en contra de él. Para mi, creo que la solución correcta sería dictar la sentencia absolutoria de los cuatro cargos de tortura, de los cuatro cargos de privación ilegítima de la libertad y de los tres cargos de homicidio".

García Garro y Esley

"No hemos avanzado nada, no hemos encontrado la verdad material. Me quedan infinidad de interrogantes que no se pueden dilucidar", dijo el más jóven de los abogados que agregó que este juicio tiene "un final anunciado".

"Me voy vacío, decepcionado" señaló el abogado que aseguró además que lo que ocurrió en la década del '70 fue "una guerra civil entre dos sectores violentos" de la Argentina, "una guerra en donde no sabíamos quien ni donde estaba el enemigo". "Eran dos grupos humanos antagónicos, violentos; uno quería imponer sus ideales por la fuerza y otro por la fuerza trataba de impedirlo".

Consideró que el proceso habia sido carente de imparcialidad y citó a Joaquín V. González diciendo: "donde hay poca justicia, es difícil tener razón".

Argumentó que en los procesos que se vienen llevando adelante en el país "hay una inequidad palmaria", puesto que mientras se sigue juzgando a militares e integrantes de las fuerzas de seguridad, "por actos de terrorismo de Estado, por otro lado, han quedao eximidos de sus responsabilidades, autores de crímenes de bandas no menos aberrantes, como las bandas terroristas. Y estas personas, como si fuera poco, se han beneficiado con las leyes de anmistía", dijo García Garro.

Aclaró asimismo que "los delitos de lesa humanidad se producen por hombres, no por entidades abstractas como los Estados".

En otro párrafo atacó a los integrantes del Tribunal y a los acusadores, indicando que: "las personas acusadas de aberrantes delitos acá están; no se las quita nadie, ni a ustedes ni a las fauces sangrientas de la querella y la Fiscalía. Pero desde ya les digo que la historia, la justicia y sobre todo sus propias conciencias, le van a pasar la cuenta de cómo han actuado ustedes en el caso".

"Es fácil administrar justicia, lo que es difícil es ser justo", dijo antes de pedirles que estuvieran "a la altura de las circunstancias" y que se limitaran "a lo que se desprende de la causa; dejen atrás cualquier tipo de apasionamientos y preconceptos. Sobre todo, lo que me haría sentir orgulloso de ustedes, es que dejen de lado cualquier tipo de presiones".

Avanzó contra la acusación, a la que calificó de "mentalidad fabuladora" que trabajó con "argumentos inquisidores", "quizá para quedar bien con el gobierno de turno"

A la fiscal le reprochó acusar "con un fundamentalismo talibanesco, con resentimiento" y dijo que su acusación debería ser descalificada "porque actúa con un total desconocimiento de los hechos y peca de una actitud cómoda, porque no se interiorizó de los mismos" y "ha violado premisas fundamentales", porque "el ministerio público debe velar por la legalidad del proceso y debe buscar la verdad, aportando pruebas conducentes y valederas".

También Esley cargó contra la Fiscal Allende y dijo que le parecía "una manera extraña de conservar la estabilidad laboral. Yo he escuchado muchas acusaciones fiscales y me da pena saber que una funcionaria judicial que ostenta tan delicado cargo, por temor, amenazas, en fin, permuta este cargo por estabilidad laboral. Da pena, realmente da pena", insistió.

Papalardo pidió la absolución de Pérez

San Luis (Pelr) 04-03-09. El defensor de Juan Carlos Pérez, el policía acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, pidió este martes que "se declare la absolución" y la "declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779" que declara insanablemente nulas las denominadas leyes de obediencia debida y punto final. Reclamó también que se considerara vigente a esas normas y remarcó que su defendido actuó "en el marco de la obediencia debida, según ley 23.492".

Además solicitó, en subsidio, "que se declare la extinción de la acción penal, por resultar inaplicables los acuerdos internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad". Asimismo dijo que no corresponde la tipificación penal que se le atribuye, al "no constituir un crimen de lesa humanidad, por no haberse acreditado" debidamente ese punto.

Argumentó, entre otros temas, que "al momento de la comisión del delito (el asesinato de Graciela Fiochetti, por el que está imputado) Pérez hacía 15 días que estaba trabajando en el departamento de informaciones. Había llegado ahí como consecuencia de la gran barrida que había hecho el capitán Pla", en ese momento subjefe de la policía puntana.

En relación a la acusación que pesa sobre Pérez de haber hecho firmar a Graciela Fiochetti un acta de libertad que servía para resguardar a futuro la impunidad, ya que ella misma estampaba su firma por su libertad, cuando en realidad peramanecía secuestrada. Dijo el abogado: "De que manera podemos afirmar que hacer firmar el acta de Graciela Fiochetti implicaba privación ilegítima de la libertad... Es una trampa. Soy un tipo coherente y debo admitir que con la firma del acta de libertad se podía contribuir a mantener un estado de privación ilegal de la libertad, una tesis que no comparto, pero que es posible. En ese caso, debía resolver la imputación al tipo objetivo, porque yo he probado que no necesariamene Juan Carlos Pérez debía saber que justamente con la firma del acta de libertad, que sirve para dar libertad, Graciela Fiochetti deba seguir privada de la libertad". "No es mi deber probarlo, que me lo prueben", remarcó.

TAmbién sostuvo que era "imposible que conociera la existencia de un plan sistemático" para eliminar opositores al régimen. Ironizó diciendo que Pérez llegó allí porque "tenía cuarto grado" y que el jefe de la D2, Víctor Becerra por eso "confió en él", ya que "lo llamaba (el jefe de los dictadores Jorge Rafaél) Videla y le decía: 'mirá, esto es lo que estamos haciendo' ".

Por otro lado señaló que "Juan Carlos Pérez no fue el que dijo que se la pasaba organizando partiditos de fútbol, fue una sanción expresa que le impuso Becerra porque se la pasaba mirando y organizando partidos de fútbol. Veinte días de suspensión le dio (por ese caso) y otros tantos porque lo mandó a custodiar a un detenido, a vigilar a una persona a su casa y estuvo un día parado ahi y el tipo se había ido por la parte de atrás...".

Otro punto que atacó fueron las declaraciones del también ex represor, el fallecido Jorge Hugo Velazquez, a quien desacreditó por su personalidad "esquizo paranoide", con delirios persecutorios y una fuerte carga "vengativa" en sus declaraciones.

Velazquez puso a Pérez en la escena del crimen cuando ultimaron a Fiochetti, también contando en una reunión que a "la flaca" le "había pasado lo que le había pasado porque era dura" y que había visto el momento en que Pla le descerrajaba un tiro en la nuca.

Para Papalardo, Velazquez era "un loquito mentiroso y vengativo" que tenía la manía de "acusar a todos los que él sentía que lo habían perjudicado" y apeló para ello a una serie de hechos que fueron relatados durante los testimonios que se recogieron a lo largo del juicio.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmai.com

Una defensa provocadora

"Si doblamos la ley, vamos a generar venganza y yo no quiero venganza, yo quiero justicia"
San Luis (Pelr) 03-03-09. La defensa ejercida ayer por Hernán Vidal, en favor de Víctor David Becerra y Carlos Estaban Pla fue, por momentos, irritante para los familiares de las víctimas, víctimas también -aunque él se niegue a reconocerlos como tal- de las atrocidades que estuvieron a cargo de los personeros locales de la dictadura militar.

"Si doblamos la ley, vamos a generar venganza y yo no quiero venganza, yo quiero justicia", dijo el abogado que pidió para sus pupilos "que se dicte sentencia y se absuelva libremente a mis defendidos Víctor David Becerra y Carlos Esteban Pla por los hechos que se le imputaron y fueron traídos a este juicio oral y público".

Pero, más allá de no reconocerlas e intentar destruir una a una las pruebas que se presentaron en las audiencias a través de nulidades y tecnicismos, Vidal también solicitó que "sin perjuicio de ello y en razón de lo normado en la ley 24.660 en los artículos 158 y 168 y los artículos 1,6, 7, 72 y 75 del decreto 303/1996 es que para el caso de condena y subsidiariamente solicito que se lo traslade a la unidad del servicio penitenciario sita en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires o en su defecto al penal de Marcos Paz, a fin de resguardar los derechos que le acuerdan las normas tendientes a facilitar y a estimular las relaciones con sus lazos familiares".

"Para el caso de Becerra, solicito, en razón de su estado de salud, que mantenga la prisión domiciliaria, porque llevarlo a un instituto carcelario, sería seguir sometiéndolo a un acto cruel e inhumano. Hizo reserva de casación y de caso federal previsto en los artículos 14 y 15 de la ley 48, como así también de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Pidió, que se consideraran nulos los testimonios de Juan Vergés, Mirta Rosales, Gladys Orellano, Catalina Garraza, Anibal Oliveras, Julio Lucero Belgrano, Jorge Salinas por ser "denunciantes, víctimas y testigos en otras causas en pleno trámite" y además, según su punto de vista, "no fueron propuestos en la etapa procesal oportuna".

También fustigó la incorporación del testimonio de José Samper, que según Vidal fue "una celada preparada por la querella, que fue refrendada por el Tribunal" que "lo desembarcó a decir cosas que nos pararon los pelos de punta".

Casualmente Samper fue quien dijo que el actual camarista federal Carlos Martín Pereyra González le había contado que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti de manos de la Policía de la Provincia, en el edificio contiguo al que él trabajaba. Oliveras y Vergés también comprometieron al ahora "juez de la Nación", ya que en su testimonio señalaron que no había hecho como secretario lo que le correspondía cuando fueron torturados.

Mirta Rosales, mientras estaba detenida, entre otras cosas, reconoció la bicicleta de Santana Alcaraz en la oficina de la Jefatura de Policía, cuando ya a "Sandro" lo habían secuestrado de la Universidad. Catalina Garraza era la novia de Pedro Ledesma cuando lo "chuparon" los grupos de tareas y también aportó algunos detalles en la causa.

No fueron casuales los pedidos de nulidad de esos testimonios. No eligió los relatos a todas luces mendaces de los policías que esquivaron el bulto para no decir lo que habían hecho y visto en aquella época, tan "preocupado" que se lo vio a Vidal por conocer "la verdad histórica" en este juicio.

Consideró que todavía no estaban probados los tormentos sufridos por Víctor Fernández, que eso debía corresponder cuando un tribunal lo determinara con sentencia firme, alejando la posibilidad de que la tortura hubiese comenzado en el mismo momento en que fue golpeado su cuerpo o cuando era sumergido en tambores de agua en un sufrimiento indecible que también relataron otros testigos.

Para el defensor, tampoco los familiares son víctimas, ya que no estuvieron sujetos a los tormentos materiales que se relataron en las audiencias, como si fuese poco haber perdido a un hijo y esa materialización del tormento no se vivenciaria dia a día durante estos 32 años.

A Fernández, con un aire provocador y altanero, buscando la reacción ante la injuria, lo llamó "el cebador de mate oficial de la policía" mientras estuvo detenido.

Su defendido, Carlos Pla, en una audiencia realizada pocos días atrás, dijo por lo bajo que "El Gringo" había salvado su vida "por buchón". Fue en la misma sesión donde Pla también dijo a media voz, pero con tono intimidante: "ni los van a encontrar jamás" a los que aún están desaparecidos, en una acción calificada por el defensor de otro imputado como "una bravuconada incomprensible". Probablemente porque él esté seguro de que el lugar donde los enterrarron es un secreto guardado bajo siete llaves y que no se romperá el pacto de silencio entre los genocidas.

"Este proceso no tiene nada de especial, más allá del dolor, que se los reconozco y la capacidad de lucha que les dio impulso, con armas leales, con armas legales, porque si lo que hacemos es buscar un chivo expiatorio porque se me murió el que torturaba, o se me piantó el que encubría o instigaba, cargarle la tinta al que no tiene nada que ver, no es de buena salud mental", dijo buscando con su discurso de fuerte tono político, dejar la sensación en la sala de que su sensibilidad era tal como para comprenderlos e incluso compartir su dolor.

Vidal también pretendió cuestionar el tratamiento de víctimas que les dio el tribunal cuando no permitió un careo con Carlos Pla, de Víctor Fernández y Segundo Ledesma, para, justamente, no someterlos a un nuevo tormento de enfrentarse cara a cara con sus torturadores o el secuestrador de su hijo, respectivamente.

Pero el defensor si consideró que Víctor Becerra había sido víctima, por permanecer en un proceso para el cual su salud no lo permitía. Por eso pidió compulsa para los médicos Jorge Giboín y Ricardo Torres, que autorizaron su permanencia en una de las audiencias.

También hizo lo propio con Segundo Valentín Ledesma y Víctor Fernández, para quienes pidió que se abrirera una instancia investigativa por sus dichos durante el juicio.

El tramo más irreverente de su alocución, casi una tomada de pelo para los presentes, fue cuando citó para defender a Pla y Becerra, al escritor Eduardo Galeano, en "El libro de los abrazos", en un relato citado como "El terror Nº 6", aunque en verdad se llama "La cultura del terror/6".

Parsimoniosamente, fue haciendo la narrativa: "Pedro Algorta, abogado, me mostró el gordo expediente del asesinatyo de dos mujeres. El doble crimen había sido a cuchillo, a fines de 1982, en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma Di Agosto, había confesado. Llevaba presa más de un año y parecía condenada a pudrirse de por vida en la cárcel. Según es costumbre, los policías la habían violado y la habían torturado. Al cabo de un mes de contínuas palizas, le habían arrancado varias confesiones. Las confesiones de Alma Di Agosto no se parecían mucho entre sí, como si ella hubiera cometido el mismo asesinato de muy diversas maneras. En cada confesión había personajes diferentes, pintorescos fantasmas sin nombre ni domicilio, porque la picana eléctrica convierte a cualquiera en fecundo novelista; y en todos los casos la auotra demostraba tener la agiliad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matadora profesional. Pero lo que más sorprendía era el lujo de detalles: en cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos...
Alma Di Agosto era ciega.
Sus vecinos que la conocían y la querían, estaban convencidos de que ella era culpable:

-Por qué? preguntó el abogado.
-Porque lo dicen los diarios.
-Pero los diarios mienten -dijo el abogado.
-Es que también lo dice la radio -explicaron los vecinos-. Y también la tele!

Galeano hablaba de la prensa y la metodología policial de aquellos años de dictaduras en el continente, de la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional, de las desapariciones en masa. En lugar de una defensa, terminó siendo casi una confesión, a pesar de que pretendió con ese relato cuestionar a los medios de prensa a los que acusó de "distorsionar lo que sucedió en este proceso", y cargó contra los comunicadores, quienes según su particular visión, intentaron "sentarse como jueces cuando no lo son, porque los jueces juzgan y los periodistas informan".

Con la impotencia en los rostros y los ojos brillantes por las lágrimas de volver a revivir este nuevo pedido de impunidad, la mayoría de los familiares siguieron atentamente desde la sala del entrepiso, las instancias de los alegatos de la defensa.

Será bueno que los jueces, tras escuchar tanto sofisma en este alegato defensivo, tengan a mano otro relato de Eduardo Galeano, titulado "Celebración de la desconfianza"

"El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme: -Esto está lleno de perfume -Dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos-. Quiero medir la percepctión de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas. Y luego cinco, diez, treinta, todas las manos levantadas.
-Me permite abrir la ventana, profesor? -suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hiceron eco. El fuerte aroma, que pesaba en el aire, ya se había hecho insoportable para todos.
Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua".

Cuando las defensas hacen agua, algunos profesores de derecho suelen recurrir a los discursos perfumados y a verdades enrevesadas. Pero en sus botellones solo traen agua, que finalmente se le escurre entre los dedos ante el abrumador peso de las pruebas. Solo es cuestión de estar atentos y no dejarse engañar por el discurso.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

La fiscal pidió prision perpetua con cumplimiento en el servicio peniteciario

La Fiscal Olga Allende pide la pena para Miguel Ángel Fernández Gez, para todos los imputados pidió la misma condena

San Luis (Pelr) 2-03-09. La fiscal del cámara Olga Allende pidió el viernes último que se aplique a Carlos Pla, Miguel Fernández Gez, Juan Calos Pérez, Luis Orozco y Víctor Becerra "la pena de Prisión Perpetua, inahabilitaciòn absoluta perpetua (artículo 19 del Código Penal), accesorias legales y costas procesales, con cumplimiento de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial o Federal".

También pidió que se abriera compulsa para otros militares y policías provinciales y federales que ocupaban cargos de jerarquía durante setiembre de 1976. Lo propio hizo con Carlos Pereyra González y Eduardo Allende, secretario y juez federal respectivamente en aquellos días.

Para la fiscal "hay pruebas contundentes de como fue matada Fiochetti, como fue quemada, cuáles son las causas de la muerte. El disparo fue un típico fusilamiento militar. Lo refieren las pericias balìsticas y antropológicas. Ha quedado comprobado el homicidio de Graciela Fiochetti".

Con respecto a los homicidios de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz, en la interpretación de todo lo que ha ocurrido hasta este momento de la desaparición de estas personas, de la situación de como a los pocos minutos pasaron a la condición de desaparecidos. Con el transcurso de más de treinta años sin que tuviera la familia noticias de ellos,

Con los tormentos que han quedado comprobados por los testimonios de personas que han declarado en las audiencias del debate, la condición de los presos permite concluir que también se debe responder por homicidio.

En las disposiciones del régimen vigente no dicen que debe aparecer el cadáver para determinar la calidad del homicidio. La jurisprudencia y las cortes internacionales nos refieren que debe subsumirse en homicidio la desaparición forzada de personas en la época del terrorismo de Estado.

Por esar razón "deben responder por homicidio en el caso de las desapariciones de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz".

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que "la desaparición forzada de personas implica una violación múltiple a numerosos derechos: la libertad, la integridad, la vida" y debe considerarse como "un ataque a toda la humanidad".

"Si el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte, siempre que la desaparición se hubiese producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta. Al sistema legal argentino no le es extraña la afirmación de la muerte sin cadáver ni partida".

La Corte Interamericana, en la jurisprudencia citada, "Castillo Paez, versus Perú", dice que "es inaceptable que la falta de la aparición del cadáver faltaría el cuerpo del delito", puesto que "bastaría que los autores de una desaparición forzada ocultasen o destruyesen el cadáver de una víctima, lo que es frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad absoluta de los infractores".

Pedido de compulsa
"Solicitamos que se envíe un pedido de compulsa para el Minsterio Público instructor para Benjamìn Menéndez, al general Yapur, a la Plana Mayor que existìa en setiembre de 1976, conformada por Guillermo Daract, Geràsimo Quiroga, Benjamín López", también por los testimonios "Omar Lucero, Wenceslao Garro, Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Alemán Urquiza, Moreyra, Osarán, Merlo y Acuña".

"También que se investigue la participación de Juan Carlos Pérez y Luis Orozco en las causas de Pedro Ledesma y de Santana Alcaraz" y además "que se investigue la real causa y las circunstancias de la muerte de Raúl Sebastián Cobos".

Asimismo que sea investigado la responsabilidad de los efectivos de la Policìa Federal "Palma, Demarìa y Borsalino" que tenían como destino San Luis "en momento de los hechos que fueron referidos por los testigos que han comparecido en esta audiencia de debate oral".

Lo mismo solicitó para el jefe de criminalistica de la Policìa de San Luis en aquellos años, Ernesto Moreno Recalde. Lo propio hizo con "Mariano Mansilla, el doctor Pereyra González, el doctor Eduardo Allende y Chavero, porque considero que son los más importantes".

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

La fiscalía dio por sentada la participación de los imputados y el plan sistemático

La Fiscal Federal de Cámara, Olga Allende realizó ayer un pormenorizado detalle de los acontecimientos ocurridos a partir del 20 de setiembre de 1976 que terminaron con el asesinato de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández.

En su extenso y prolijo alegato, que continuará hoy, la Fiscal fue relatando uno a uno los sucesos que se desataron a partir del enfrentamiento en que fue abatido Cobos, la detención de Ledesma, el operativo de La Toma y las posteriores liberaciones simuladas que se completaron con el asesinato de dos jóvenes en las Salinas del Bebedero y la desaparición de Pedro Ledesma, que fue torturado hasta morir y fue visto en fotos por otros detenidos a quienes amenzaban que tendrían igual fin.

Allende hizo especial hincapié en la sistematicidad de los procedimientos que se efectuaban en todo el país y particularmente en San Luis, lo que lleva a pensar que también coincidirá con la querella en pedir que se los juzgue por genocidio a los actuales imputados.

La fiscal echó por tierra con la pretensión de quien era por ese entonces la máxima autoridad militar en San Luis, que en todo momento adujo haber sido engañado o que sus subordinados no le respondieron con la lealtad que correspondía. Allende dio por sentado que Miguel Ángel Fernández Gez conocía perfectamente lo que estaba sucediendo, prueba de ello fue la complicidad con la que se desenvolvió para borrar huellas que pudieran incriminarlos, al enterrar como NN a los dos cadáveres hallados en la salina, cuando ya al menos había uno identificado.

También consideró que Carlos Esteban Pla era, junto con David Becerra, quienes estaban de manera permanente al frente de los operativos y que participaron directamente del secuestro de Pedro Valentín Ledesma, luego de entregarselo a su padre en la comisaría 2°. Para el ministerio público el testimonio de Segundo Valentín Ledesma es una prueba irrefutable de como sucedieron los hechos.

En base al testimonio de la madre de Graciela Fiochetti, pone incluso a Pla en el procedimiento de La Toma en donde comenzó el padecimientode los detenidos de aquello localidad. Con eso reforzó los dichos de Víctor Fernández que asegura haber sido torturado en la departamental por Pla y Becerra antes de ser traido a la jefatura central.

También resaltó la tarea hecha por Luis Orozco y Juan Carlos Pérez, los dos policías del D2 de Informaciones, sin cuyas actuaciones no se hubiese podido consumar los hechos perpetrados.A Pérez lo pone incluso en la escena del crimen en las Salinas del Bebedero.

En relación al secuestro y posterior desaparición de Santana Alcaraz, fue trayendo al relato los diferntes testimonios de los procedimientos que se hicieron en la pensión de la calle Belgrano relatados por algunos testigos, que fueron negativos ya que finalmente el muchacho fue "chupado" de las propias aulas de la Universidad Nacional de San Luis y nunca más se lo volvió a ver. Sería el segundo asesinado en el salitral.

En la jornada de hoy la Fiscal de Cámara continuará con sus alegatos y deberá pedir la pena para los cinco imputados. En razón de lo escuchado hasta ahora, cabría pensar que coincidirá con el pedido de la querella, aunque si se toman algunos argumentos tomados ayer, puede inferirse que a Orozco puede pedir una sentencia menor. Aunque todo queda en el campo de la especulaciones, ya que recién hoy se podrá escuchar de su propia boca lo que tiene pensado para cada uno de los imputados.

"No puede sostener la mirada de los que torturó"

Promediaba la mañana y la Fiscal estaba llevando adelante su exposición, cuando de manera intempestiva Carlos Pla adujo que un hombre del público lo estaba amenazando. Era uno de los detenidos durante la dictadura que lo miraba insistentemente. El Tribunal actuó de forma inmediata.

"No lo amenacé, solo lo miraba a los ojos..." le dijo a este medio.

Cuando salió el defensor de Pla y Becerra, volvió con su argumento: "Yo no amenacé a su defendido, lo que pasa es que son tan cobardes que no pueden sostenerle la mirada a quienes torturaron", dijo mientras Hernán Vidal intentaba una respuesta y se retiraba por la calle Illia.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

¡Están nominados!

Piden que se investigue a una larga lista de policías, militares y civiles por su presunta complicidad con la dictadura

Enrique Ponce expuso ayer en sus alegatos una lista conteniendo el nombre de mas de 40 personas para las que pidió que se abra una compulsa para delimitar si incurrieron en algún delito por sus actuaciones en la causa en donde se investiga la muerte de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma y las torturas recibidas por Víctor Fernández.

Actualmente están imputados por esos crímentes Miguel Fernández Gez, Carlos Pla, Juan Carlos Pérez, David Becerra y Luis Orozco.

Ponce argumentó que en los juicios que se vienen llevando a cabo en el país se ha sentado jurisprudencia para que los delitos conexos a los crímenes de lesa humanidad, también sean considerados imprescriptibles.

El abogado querellante pidió compulsa "para todos los policías del D2 que participaron en los hechos de torturas".

Ellos son: Luis María Calderón (Cuotita), Juan Amador Garro, Jorge Félix Natel, Omar Gerardo Correa, Omar Lucero, Rafaél Pérez (Perecito), Luis Severo Torres, Mario Ánel Ingolingo, Wenceslao Garro, Enrique Ortubia Salinas, Juan Carlos Alcaraz.

También para quienes actuaron cuando se liberó y posteriormente se secuestró a Pedro Ledesma, de la comisaría seccional Segunda: Alberto Pascacio Pereyra, Edgardo Adurelio Velazquez, Martín Arnaldo Leyes y Pedro Ismael Rosales.

Del procedimiento realizado en La Toma, pidió que se abriera causa a Pedro Gil Puebla, Mariano Mansilla, Jorge Andrés Mora, Antonio Becerra e Inés Castro.

Por su participación en la confección y/o actuaciones en el sumario 22, por el hallazgo de los dos cadáveres en las Salinas del Bebedero, a Juan Gutierrez Saccone, Ernesto Moreno Recalde, Jorge Moyano, Oscar Sosa, Manuel Calderón, Domingo Rosas Rezano, Lilo Albisu, (por no ordenar el cierre de rutas) Carlos Pedro Guardia, Ram´n Celestino Gatica y María del Carmen Sosa. Algunos de ellos son por los testimonios brindados en el juicio.

También solicitó que se investigue a los militares Juan Carlos Moreno (ex jefe del GADA), Horacio Dana (a cargo del procedimiento en La Toma e indicado por un testimonio como participe del fusilamiento de Fiochetti), Cárlos Alemán Urquiza (señalado por los testigos como torturador), Jorge Alberto Moreyra, Carlos Osarán (integrante de la Plana Mayor), Guillelrmo Daract, López, Gerásimo Quiroga y al general Luciano Benjamín Menéndez, por entonces Jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía San Luis y el 2° Jefe de la 8° Compañía de Infantería de Montaña, con asiento en Mendoza, general Yapur.

De igual manera pidió que se abran investigaciones para determinar la responsabilidad del actual camarista mendocino, que era Secretario Federal en la dictadura militar, Carlos Martín Pereyra González y al entonces Juez Federal, Eduardo Allende, por posible encubrimiento a partir de la documental que obra en la causa y los testimonios brindados por Juan Vergés, Anibal Oliveras y Mirtha Rosales.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

La querella pidio reclusion perpetua y cárcel comun

La querella pidió hoy que se condene a reclusión perpetua, inhbilitación de por vida, cárcel común efectiva, a los militares y policías imputados de crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y solicitó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas, entre ellos un ex juez federal y un camarista federal mendocino, cometieron delitos durante ese período en la causa que se ventila en el primer juicio oral y público que se lleva adelante en Cuyo por estos crímenes.

Enrique Ponce representa en el juicio a los familiares de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, víctimas del terrorismo de Estado y de Víctor Fernández, sobreviviente de las detenciones de setiembre de 1976, quien denunció haber sufrido torturas luego de ser sacado de su hogar en el operativo que se llevó adelante en la localidad de La Toma el 21 de ese mes. También acciona en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se constituyó en querellante en la causa.

El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sitemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.

Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas (algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia) al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.

Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Varios testigos que estuvieron detenidos durante la dictadura, señalaron que habían denunciado ante el entoces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González que habian sufrido torturas y no abrieron una causa por ese delito. Pero también está su firma estampada en algunos documentos oficiales que indicarían su mal desempeño o groseras omisiones para su cargo.

Asimismo a quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141, como así también su jefe, los coroneles retirados Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Carlos Alemán Urquiza, Carlos Osarán y Guillermo Daract entre otros miltares de alto rango.

Ponce consideró en su alegato que los actuales imputados tuvieron "una función precisa dentro de la maquinaria" represiva y que los crímenes no se podrían haber cometido sin la concurrencia de todos.

Calficó a Miguel Ángel Fernández Gez, por entonces la máxima autoridad militar en San Luis, como "el autor mediato" de los crímenes que se investigan, ya que él tenía "el dominio de la información y de los hechos" que estaban bajo su órbita. Carlos Estaban Pla, por entonces capitán a cargo de la subjefatura de la Policía de San Luis le atribuyó haber encabezado los procedimientos en la llamada lucha antisubversiva y haber participado de manera activa en las sesiones de torturas de las víctimas.

Un relato de uno de los represores que ya ha fallecido lo señala a Pla como el hombre que disparó en la nuca de Graciela Fiochetti en las Salinas de Bebedero y también ultimó de la misma manera a Santana Alcaraz, presuntamente la segunda persona asesinada ese 23 de setiembre de 1976, que aún continúa desaparecida.

Trabajadores de la fábrica Dos Anclas vieron salir esa madrugada dos automóviles con 9 personas, por lo que Ponce no descartó que "toda la plana mayor hubiese participado del fusilamiento" y citó el caso de Bruno Laborda, el militar que revistó en el III Cuerpo de Ejército que al ver que no le daban su ascenso relató como actos de servicio lo realizado en Córdoba durante la dictadura, en donde contó de manera detallada como participaba toda la jerarquía militar, para lograr involucramiento y "un pacto de silencio".

Refiriéndose a Pla, dijo que "en términos de responsabilidades es indiferente si tiró o no del gatillo. Quedó absolutamente probado que él conducía los operativos"

Sosteniendo su argumento en los dichos del represor fallecido, que testimonió ante el juez González Macías en Mendoza, cuando se reabrió la causa en la democracia, Ponce dijo que incluso pudo haber participado un tercer auto, en los que iban los policías Victor Becerra, Chavero, Velazquez y (Juan Carlos) Pérez. Jorge Hugo Velazquez, en su testimonio ante el juez mendocino, dijo que se sintió conmovido por haber visto la muerte de los dos jóvenes y Víctor Becerra lo increpó diciéndole ante esos hechos: "acaba de presenciar un fusilamiento".

Victor David Becerra, fue jefe del D2 de Infomaciones y sindicado por los testigos como un feroz torturador. Hoy no presenció la audiencia en forma directa, ya que se encontraba en una sala contigua recostado en un camilla, debido a una dolencia a causa de una diabétes crónica que padece, pero se lo consultó terminada la misma si había entendido lo que ocurría en la sala y respondió: "van a juzgar a todos mis compañeros", además de relatar otras instancias de lo ocurrido durante la jornada. "Está lúcido y entiende perfectamente", dijo una fuente judicial, echando por tierra el argumento de su abogado defensor de que por su dolencia tenía dificultades para comprender lo que sucedía en el juicio.

En relación al entoces cabo Luis Orozco, el sumariante que confeccionó el acta de libertad falsa que se le hizo firmar a Graciela Fiochetti, junto a Juan Carlos Pérez, el segundo en el D2, dijo que su participación en ese engaño fue fundamental, pero también la actividad que desarrolló después, ya que fue él junto a otros policías, los que llevaron el cadáver de la joven desde la morgue al cementerio y la enterraron como NN. "Estaba con la misma ropa, ya la había identificado su hermana, él sabía que se trataba de Graciela y la enterraron como NN. Orozco también fue la persona encargada de realizar la inscripción como NN en el Registro Civil, cuya acta de defunción aclara que fue realizada de esa manera "por expreso pedido del Jefe del Comando de Artillería" Miguel Ángel Ferández Gez para encubrir el procedimiento ilegal.

El querellante se refirió a los antecedentes de los juicios que se realizaron en el pais contra otros represores y le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".

Los represores desafiantes ante los alegatos del querellante

"Ni los van a encontrar nunca"

San Luis (Pelr) 25-02-09 "Ni los van a encontrar nunca", dijo desafiante por lo bajo una voz -presumiblemente de Carlos Pla- cuando el abogado querellante hacía un raconto de los padecimientos de las familias que no han recuperado el cuerpo de los jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar, en el marco de los alegatos que comenzaron ayer en el juicio por crimenes de lesa humanidad que se ventilan en el Tribunal Oral Federal de San Luis. Ponce anticipó el pedido de cambio de carátula, que solicitará sea genocidio. Adelantó también que reclamará que se abra compulsa para que se investigue a otros militares y civiles que debieron necesariamente participar de la estructura del terrorismo de Estado y algunos de ellos en los fusilamientos de las Salinas. La actividad continúa hoy a partir de las 9 de la mañana.

Quien más demostró su enojo por el prolijo desglose de los hechos que hacía Enrique Ponce, culpando a todos quienes están sentados en el banquillo de los acusados, fue Carlos Pla, el hombre que con mano de hierro estuvo a cargo de la subjefetura de policía de San Luis en 1976 y personalmente estaba a cargo de los operativos antisubversivos. Ayer, Víctor David "El Japonés" Becerra permaneció la mayor parte de la audiencia recostado en una camilla por la dolencia que lo afecta.

Pla, en su indagatoria, negó haber participado de gran parte de los hechos que se le imputan, pero los testimonios de los detenidos lo señalaron en cada uno de esos lugares.

En la jornada de ayer, en una extensa exposición, Ponce, el letrado que representa a los familiares de las vìctimas y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH SAN LUIS) historió lo ocurrido con cada una de las víctimas, desde el momento en que fueron detenidas y sus peripecias que terminaron en distintos destinos.

Graciela Fiochetti fue asesinada en las Salinas del Bebedero junto a Santana Alcaráz, según dijo con convicción el abogado, ya que la descripción del cuerpo del joven fusilado y posteriormente quemado su cuerpo, coincidiría con la del muchacho que fue sacado de las aulas de la Universidad Nacional de San Luis por dos hombres vestidos de traje. El cadáver fue enterrado como NN y Alcaraz continúa desaparecido.

Nada se sabe del destino de Pedro Valentín Ledesma, que fue visto en fotografías por varios testigos, mostradas por los mismos represores. Estaba muerto, con visibles signos de tortura.

Los hechos
A las 9,30 de ayer retornó la actividad en el juicio que se le sigue a tres policias y dos militares acusados por el secuestro y desaparición de dos personas y el asesinato de una joven en las Salinas del Bebedero, ocurrida en setiembre de 1976. También la tortura recibida por Víctor Fernández, "que fue detenido dos veces, pero existen tres actas de liberación", dijo su representante. Fernández, sobreviviente de aquellas jornadas, actúa también como querellante.

El Tribunal Oral Federal de San Luis está integrado por los jueces Raúl Rodríguez (presidente), Roberto Nacif , Roberto Burad y Héctor Cortez, este último en calidad de suplente, pero que tuvo activa actuación durante todo el desarrollo del plenario.

Durante la jornada, Enrique Ponce, el abogado de la querella desarrolló una parte de sus alegatos, exponiendo ante el Tribunal como fueron los hechos en los que resultaron daminificados Graciela Fiochetti -cuyo cuerpo fue entregado a los familiares en 1986-, Pedro Valentìn Ledesma y Santana Alcaraz, que permanecen desaparecidos.

Por estos sucesos ocurridos hace 32 años, luego de un enfrentamiento entre el Ejército y un civil (Carlos Cobos), que derivó en más detenciones de presuntos militantes montoneros, están acusados Miguel Ángel Fernández Gez, ex jefe del Comando de Artillerìa 141 con asiento en San Luis, Carlos Esteban Pla, el capitan militar que se desempeñaba como subjefe de la Policìa puntana y los ex policìas Juan Carlos Pérez, Víctor David "El Japonés" Becerra y Luis Orozco.

Ponce, en su extensa alocución, estimó que estaba debidamente probada la detención de Fiochetti en un procedimiento llevado a cabo en su pueblo de origen, La Toma, y su falsa liberación frimada bajo presión en la jefatura central de policía. También aseguró que està acreditado que la joven de 21 años "fue fusilada" con un tiro en la nuca por un grupo de al menos nueve personas, entre los que se encontraban algunos de los inculpados en el juicio, pero sostuvo que todavía faltaban más responsables de aquella ejecución "por la espalda y de rodillas" de la chica y otro hombre que presumiblemente serìa "Sandro" Santana Alcaraz, de acuerdo a los testimonios que fueron recogidos durante el proceso.

Por esa razón, adelantó que pedirà que se abra una compulsa para que sean investigados otros integrantes de la plana mayor del Comando de Artilerìa y jefes del Grupo de Artillerìa 141 que tenìa asiento en la capital puntana.

De igual forma advirtió que hubo "una estructura judicial" que acompañó el accionar de la dictadura y que hizo lo necesario "para encubrir esos hechos aberrantes" y citò como ejemplo, que a causa del enfrentamiento que murió Cobos y fueron detenidos otras dos personas que circulaban en un auto con él, cuando se los cita a comparecer por esos hechos a solo uno de ellos, ya que "sabían que a Ledesma lo habìan matado" los militares en su cautiverio. Ledesma fue dejado en libertad y entregado a su padre, Segundo Valentín, pero luego, a pocas cuadras de la comisaría segunda donde lo liberaron, fue secuestrado por un grupo de tareas simulando ser una venganza de Montoneros, pero su padre reconció a dos de los hoy inculpados como integrantes de la banda que le arrancó de sus brazos a su hijo, un estudiante universitario de 21 años que se desempeñaba como maestro rural.

Ponce también aseveró que "los últimos que vieron con vida a Santana Alcaraz fueron su profesor de Física y sus 7 compañeros" de estudios que estaban en la clase donde lo sacaron al muchacho, en la Universidad Nacional de San Luis.

Por la descripción que realizó uno de los represores de lo ocurrido, el ya fallecido Jorge Hugo Velazquez, Santana Alcaraz era la otra persona que estaba junto a Fiochetti cuando encontraron los dos cadáveres calcinados en las Salinas de Bebedero, producida el 23 de setiembre de 1976, luego de que operarios de la fábrica de Sal Dos Anclas vieran salir a dos Torinos con nueve ocupantes en su interior de las parvas de sal, que se encuentran contiguas a la laguna que produce el mineral.

Un momento de tensión se produjo en la sala cuando Ponce iba desarrollando su argumento y comparó las situación de Graciela Fiochetti, cuyo cadáver pudo ser identificado por sus familiares, aunque fue devuelto 10 años después por un juez de la democracia, con la situación de los deudos de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz "que todavía esperan para encontrar los cuerpos", y una voz que salió del lado donde se encuentran los inculpados -presumiblemente Carlos Pla- dijo: "ni los encontrarán jamas...".

Hoy el querellante formalizará la acusación y pedirá las penas para los procesados, pero adelantó que solicitaría el cambio de carátula para que sean calificados estos hechos como "genocidio".

Cuando terminó la audiencia, hubo un cerrado aplauso para la argumentación del abogado defensor de los derechos humanos. Luego, afuera, en la vereda del edificio del Tribunal Oral de San Luis, hubo abrazos emotivos entre los familiares de las víctimas.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com

Eduardo Canteros: “La salud de Becerra no se empeoró por el juicio”

San Luis (Pelr) 12-02-09. El director del Complejo Sanitario San Luis, dialogó con Periodistas en la red, luego de la audiencia que se realizó con Víctor “El Japonés” Becerra y aseguró que el estado de salud que reviste el imputado por crímenes de lesa humanidad, aseguró que “el paciente, al momento del examen, no se encuentra con descompensación. Con esto no podemos decir que el señor está sano, sino que sus patologías, sus enfermedades crónicas, en el momento de hoy día (por ayer), están estables, lo que le permite estar en su domicilio y es lo que está pidiendo el señor Becerra, estar en su domicilio”, algo que contradice a Vidal, quien aseguró que eran los profesionales del hospital, quienes le quieren dar el alta sin estar en condiciones de recibirla.

Uno de los médicos que estuvo en la audiencia, y quien pidió reserva de identidad, aseguró a Periodistas en la red, que “Becerra tiene una diabetes terminal, con una insuficiencia renal que le requiere diálisis de por vida, algo que es propio de su enfermedad y del pésimo estado arterial que tiene”, por lo que “el supuesto estrés del juicio nada influyó en su estado actual” y como a modo de ejemplo, nos contó que “cuando yo iba a la escuela, teníamos un compañero que era tartamudo y el muy hdp, cuando teníamos un examen donde él no había estudiado, tartamudeaba mucho más, para zafar y lo lograba. Comparando con mi compañero, creo que acá pasa lo mismo, se hace más el enfermo para zafar del juicio”, dijo rotundamente.

Canteros, coincidió con este médico, en cuanto a que Becerra “tiene una patología crónica, que viene acentuándose paulatinamente, está así relatado en la bibliografía médica y está comprobado desde el punto de vista científico, que esto es así, con lo que estas situaciones por las que está pasando el señor Becerra (el juicio), pueden en algún momento descompensarlo, pero no por esta situación coyuntural, el señor Becerra ha sufrido esto”.

El médico con el cual mantuvimos el diálogo informal, aseguró que “es muy posible que dentro de poco, Becerra pierda las dos piernas, pero no va a ser producto del juicio, sino porque está en un estado de una patología terminal”.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Hernán Vidal: “Todo esto es una parodia que va terminar en una tragedia”

San Luis (Pelr) 12-02-09. Minutos antes que el tribunal ingresara al aula del Complejo Sanitario San Luis, para tener la audiencia con el imputado Becerra, su defensor Hernán Vidal mantuvo un contacto con la prensa, donde anticipó su concurso a la Cámara de Casación Federal, se quejó por la decisión del tribunal de entrevistar a su defendido que “no está lúcido”, por lo que “todo esto es una parodia que va a terminar en una tragedia. Acuérdense”, aseguró.

Cuando se le consultó, cuál iba a ser esa tragedia, Vidal afirmó que “puede perder una pierna o la vida, por este juicio”, algo que fue contrariado por un médico presente en el lugar y el director del nosocomio local, Eduardo Canteros (Ver nota aparte).

Vidal afirmó que este tribunal juzgó a Becerra “en ausencia” y lo hizo, según él “debido a las presiones” y puso como ejemplo que “ustedes lo vieron sentado en primer fila, al amigo Duhalde, desde el primer día” y anticipó que estas “presiones” no las tendrá la Cámara de Casaciones Federal, haciendo obvia referencia a que apelará el fallo si su defendido es condenado. “La verdad es que yo no quisiera estar en los pantalones de los miembros del tribunal. Se sienten presionados”, afirmó en ese sentido.

Para Vidal, “lo que quiere hacer el tribunal, no es aplicar el Código Procesal Penal, como dice el Dr. (Raúl) Zaffaroni, están intentando aplicar el Maellus Maleficarum, que es el martillo de las brujas o el manual de la inquisición”.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Finalizó etapa probatoria y el 24 serán los alegatos

San Luis (Pelr) 12-02-09. La jornada de ayer fue la última de la etapa probatoria, en el juicio que se les lleva adelante a militares y policías por las torturas seguidas de muerte, en San Luis, contra Graciela Fiochetti, la desaparición física de Valentín Ledesma y Santana Alcaráz y las torturas recibidas por Guillermo Fernández, durante la dictadura militar que gobernó desde el 24 de marzo de 1976.

Se podría decir que en la primera parte, se desarrolló un mero trámite administrativo, incorporando las últimas pruebas que quedaban, pero una vez finalizado esto, el tribunal se constituyó en el Complejo Sanitario San Luis, donde está internado el “Japonés” Becerra, para ponerlo en conocimiento de trámites y darle la última posibilidad de declarar en forma indagatoria, a lo que se negó, señalando “yo nunca voy a hablar de esto”, según le dijo a este medio alguien que participó de la sesión, a la que la prensa tuvo el acceso prohibido.

La sesión se desarrolló en el aula del Complejo, ubicada frente a la Dirección y estuvieron presentes los cuatro miembros del tribunal, su abogado defensor Hernán Vidal, además de los defensores Daniel Mercado e Ítalo Papalardo, entre los protagonistas del juicio, pero estuvieron presentes médicos del nosocomio, el forense Ricardo Torres y el director del Complejo Sanitario San Luis, Eduardo Canteros.

Alrededor del mediodía, y sin haber conseguido la declaración del “Japonés” Becerra, el tribunal se retiró del lugar, dando oficialmente como terminada la ronda probatoria de este juicio.

En la sala donde se desarrolla el debate oral, y previo a partir con rumbo al nosocomio local, el presidente del tribunal, Raúl Alberto Rodríguez, había informado que con esta comparecencia al lugar donde estaba internado Becerra, se daba por finalizada la etapa probatoria, y convocó a las partes para el martes 24 de febrero, a partir de la hora 08:30, para comenzar con la ronda de alegatos.

Esta ronda la comenzará el particular damnificado, lo seguirá la fiscal de Cámara y posteriormente continuarán las defensas, “en el orden que ustedes decidan”, según les informó.

Informe: Carlos Rubén Capella
carlosrcapella@yahoo.com.ar

Mercado quiere traer a Laise por la fuerza pública

San Luis (Pelr) 05-02-09 El abogado defensor de Miguel Ángel Fernández Gez, uno de los militares acusados por el asesinato y desaparición de personas durante la dictadura, en el juicio que se lleva adelante en San Luis, pidió que monseñor Juan Rodolfo Laise sea llevado a declarar por la fueza pública si es necesario. Considera que el testimonio del religioso es clave para defender al ex jefe del Comando de Artillería 141.

En la audiencia de ayer, el presidente del Tribunal, Raúl Rodríguez, relató el cúmulo de tramitaciones que se habían realizado para hacer comparecer a Laise como testigo, debido a que el prelado vive actualmente en Italia. Pero finalmente, el religioso hizo conocer que de ninguna manera declararía en forma oral y que no se prestaría a la teleconferencia que se había programado.

Mercado, que pidió la testimonial de Laise desde un principio, para que respondiera por el pedido que habría hecho a su defendido de hacer desaparecer a un cura porque quería casarse, consideró que la comparencia era muy importante para su defensa.

Tras relatar cuáles eran los pasos legales que debían llevarse a cabo para estas negativas, sostuvo que si era necesario, "se lo haga comparecer por la fuerza pública". Es decir que el ex Obispo de San Luis fuese detenido y llevado a declarar.

El juez Rodríguez advirtió que esto podría traer algunas complicaciones al proceso y finalmente anunció que el tema sería "tratado en el próximo intermedio", razón por la cual hoy se conocería la decisión del Tribunal.
Testimonios por lectura

En la jornada de este miércoles también pudieron escucharse los testimonios por lectura de Carlos Hermanegildo Ricarte -que actuó como sumariante en varias detenciones de presos políticos- y de Juan Luis Beltrán Baigorrí, el policia que encontró, junto al salinero Carlos Paez, los cuerpos de Graciela Fiochetti y de un hombre que aún no se conoce quién es.

Se decidió además recortar la lista de testigos que se incorporaban por lectura -alrededor de cuarenta- y si se procederá a leer los de Marcelo Sosa (comisario a cargo de la seccional 2º cuando se secuestró a Pedro Ledesma) Ortuvia Salinas (quien tomó la declaración de Segundo Ledesma cuando le secuestraron a su hijo), Ianantuoni (un testigo que aseguró que las denuncias de Velazquez fueron urdidas en la cárcel), Osvaldo Ledesma (medico que atendía a Fiochetti antes de su secuestro y posterior asesinato), el odontólogo Malpica (que proporcionó las fichas dentales para que se identificara a la chica de La Toma) y Manuel Calderón (una de las personas que habría llevado a enterrar los cuerpos NN al cementerio).

Este desistimiento de la lectura de los testimonios, que quedarán incluídos en el expediente para su valoración, acelerará algunos tiempos del proceso y los alegatos podrían comenzar alrededor del 20 de este mes. Claro está, si no se complica con la comparencia de Laise, que a esta altura, al único que le interesa es al defensor de Fernández Gez y no parece que pueda dar un giro en la causa.

Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com