San Luis (Pelr) 12-03-09. Sobre los jueces del Tribunal Oral pesa hoy una delicada tarea: decidir el destino de los cinco policías y militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La filial local de la APDH, los familiares y sectores ligados a la defensa de los Derechos Humanos, convocaron a la población a reunirse en la esquina del Correo.
Hoy estarán presentes en la sala de audiencias, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario, Luis Alén. También habrá persencia de organismos de la región como el Movimientos Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) y otras instituciones representativas.
La Universidad de San Luis decretó el asueto para hoy, debido a que dos de los desaparecidos eran alumnos de esa casa de estudios. También para facilitar la participación de los docentes y estudiantes en esta jornada calificada como "histórica".
El juicio que comenzó el 20 de octubre último llegará a su fin hoy cuando el Tribunal integrado por los jueces Raúl Rodríguez, Roberto Burad, Roberto Nacif y Héctor Córtez (este último en carácter de suplente) se expidan sobre las acusaciones que pesan sobre los militares Miguel Ángel Fernández Gez y Carlos Pla, jefe del Comando de Artillería y Subjefe de la Policía de la provincia en 1976 y los policías Víctor David Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco, integrantes del Departamento de Informaciones D2, que actuaba en la denominada "lucha contra la subversión" en ese período.
En ambos extremos, la querella pidió la reclusión perpetua para los cinco, mientras que los defensores reclamaron la absolución de sus clientes.
En las últimas horas del miércoles, este medio tuvo la posibilidad de compartir la vigilia con algunos de los familiares de las víctimas por el que se lleva adelante este juicio y el abogado querellante, Enrique Ponce, hermano de Ana María, desaparecida en la ESMA en Buenos Aires.
Todos estaban tranquilos, confiados en la decisión del Tribunal que hoy hará escuchar su veredicto tras la palabra de los imputados.
Los hechos en apretada síntesis
Entre el 20 y el 23 de setiembre de 1976 hubo una sucesión de hechos que comenzaron en un presunto enfrentamiento que terminó con la muerte de Raúl Sebastián Cobos, la detención de Pedro Ledesma y Juan Cruz Sarmiento. Luego hubo un impresionante operativo en La Toma donde fue detenida, entre otros, Graciela Fiochetti y Víctor Fernández. En esos días también fue "chupado" de las aulas de la Universidad de San Luis "Sandro" Santana Alcaraz.
"El Gringo" Fernández fue torturado pero sobrevivió. Graciela fue asesinada a sangre fría en las Salinas del Bebedero. Fue el único cuerpo que fue devuelto a sus famliares. Santana Alcaraz y Pedro Ledesma todavía están desparecidos.
Por esos hechos están acusados Carlos Pla, Miguel Ángel Fernández Gez, Juan Carlos Pérez, Víctor David Becerra y Luis Orozco.
La querella, representada por el abogado Enrique Ponce, pidió que se califique a los hechos como "genocidio" y solicitó para los cinco la reclusión perpetua e inhabilitación de por vida. Ponce, en su alegato, le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".
El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sitemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.
Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas -algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia- al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.
Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Un ex juez federal, Eduardo Allende, con actuación en esos expedientes, también está entre la nómina de compulsas pedidas.
La fiscal general, Olga Allende, por su parte, pidió se aplique a Carlos Pla, Miguel Fernández Gez, Juan Calos Pérez, Luis Orozco y Víctor Becerra "la pena de Prisión Perpetua, inahabilitaciòn absoluta perpetua (artículo 19 del Código Penal), accesorias legales y costas procesales, con cumplimiento de la pena en el Servicio Penitenciario Provincial o Federal".
Con un listado menos extenso, también solicitó que se abriera compulsa para otros militares y policías provinciales y federales que ocupaban cargos de jerarquía durante setiembre de 1976 y los miembros de las planas mayores del Gada 141 y el Grupo de Artillería 141 con asiento en San Luis por aquellos días.
Allende remarcó en su alegato que "en las disposiciones del régimen vigente no dicen que debe aparecer el cadáver para determinar la calidad del homicidio. La jurisprudencia y las cortes internacionales nos refieren que debe subsumirse en homicidio la desaparición forzada de personas en la época del terrorismo de Estado". Por esar razón "deben responder por homicidio en el caso de las desapariciones de Pedro Ledesma y Santana Alcaraz".
Las defensas, con distintos argumentos, pidieron que los acusados fueran absueltos y no dudaron en calificar al juicio considerado histórico en Cuyo, como "un show mediático" donde "no surgieron pruebas" que los involucren a sus defendidos en esta causa.
Hernán Vidal, defensor de Carlos Pla y Víctor Becerra, tras plantear un conjunto de nulidades y sostener que el juicio estaba totalmente viciado, adelantó que concurriría a Casación porque se habían violado reiteradamente "la defensa en juicio".
"Este proceso no tiene nada de especial, más allá del dolor (de los familiares), que se los reconozco y la capacidad de lucha que les dio impulso", pero reclamó que se hiciera "con armas leales, con armas legales, porque si lo que hacemos es buscar un chivo expiatorio porque se me murió el que torturaba, o se me piantó el que encubría o instigaba, cargarle la tinta al que no tiene nada que ver, no es de buena salud mental", dijo en sus argumentos.
Italo Papalardo, defensor de Juan Carlos Pérez, , pidió que "se declare la absolución" de su cliente y la "declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.779" que declara insanablemente nulas las denominadas leyes de obediencia debida y punto final. Reclamó también que se considerara vigente a esas normas y remarcó que su defendido actuó "en el marco de la obediencia debida, según ley 23.492". No obstante, insistió que los crímenes por los que se lo acusa a Pèrez ya han prescripto.
El fuerte de la defensa de Miguel Fernández Gez estuvo destinado a atacar al entonces jefe del Grupo de Artillería 141, Juan Carlos Moreno, con quien adujo que hubo una dura interna con el jefe del Comando de Artilléría y que la responsabilidad de las acciones desplegadas fueron del Grupo que tenía la infraestructura necesaria para llevar adelante los operativos, cosa que según el abogado, el Comando no poseía.
"Pido para mi coronel, este coronel del Ejército de San Martín y de Belgrano, que se lo absuelva de los crímenes que se le acusan", porque "en este proceso no hay pruebas en contra de él. Para mi, creo que la solución correcta sería dictar la sentencia absolutoria de los cuatro cargos de tortura, de los cuatro cargos de privación ilegítima de la libertad y de los tres cargos de homicidio", remató Mercado al finalizar.
Alfredo García Garro, defensor de Luis Orozco, señaló en su alegato: "No hemos avanzado nada, no hemos encontrado la verdad material. Me quedan infinidad de interrogantes que no se pueden dilucidar", y agregó que este juicio tiene "un final anunciado". "Me voy vacío, decepcionado" argumentando que lo que ocurió en la década del '70 fue "una guerra civil entre dos sectores violentos" de la Argentina, "una guerra en donde no sabíamos quien ni donde estaba el enemigo". "Eran dos grupos humanos antagónicos, violentos; uno quería imponer sus ideales por la fuerza y otro por la fuerza trataba de impedirlo".
A la querella le endilgó tener una "mentalidad fabuladora" que trabajó con "argumentos inquisidores", "quizá para quedar bien con el gobierno de turno" y a la fiscal le reprochó acusar "con un fundamentalismo talibanesco, con resentimiento" y dijo que su acusación debería ser descalificada "porque actúa con un total desconocimiento de los hechos y peca de una actitud cómoda, porque no se interiorizó de los mismos" y "ha violado premisas fundamentales", porque "el ministerio público debe velar por la legalidad del proceso y debe buscar la verdad, aportando pruebas conducentes y valederas".
Adhesiones e invitación a escuchar el veredicto
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), decidió declarar asueto académico-administrativo toda la jornada de hoy, en todas las dependencias de la UNSL.
El propósito de esta decisión, es facilitar la concurrencia y participación en los actos a realizarse en el Correo Central de la ciudad de San Luis, con motivo de la lectura de las sentencias en el juicio oral y público que se sigue a los responsables de la muerte y desaparición de diversos miembros de la UNSL durante la última dictadura militar.
El Concejo Deliberante de San Luis se dirigió “a la comunidad toda, a la familia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y a los Jueces de la Democracia para expresarles su solidaridad y compromiso en la recuperación de la verdad y la memoria”, en un extenso proyecto de declaración que tratará el cuerpo.
Por su parte el Partido Intransigente, con la firma de su presidente Federico Lobos, también invitó a la comunidad a participar de la concentración que se hará en frente a la sede del Tribunal Oral Federal, sito en Illia y San Martín.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
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