La querella pidió hoy que se condene a reclusión perpetua, inhbilitación de por vida, cárcel común efectiva, a los militares y policías imputados de crimenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y solicitó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas, entre ellos un ex juez federal y un camarista federal mendocino, cometieron delitos durante ese período en la causa que se ventila en el primer juicio oral y público que se lleva adelante en Cuyo por estos crímenes.
Enrique Ponce representa en el juicio a los familiares de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, víctimas del terrorismo de Estado y de Víctor Fernández, sobreviviente de las detenciones de setiembre de 1976, quien denunció haber sufrido torturas luego de ser sacado de su hogar en el operativo que se llevó adelante en la localidad de La Toma el 21 de ese mes. También acciona en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que se constituyó en querellante en la causa.
El abogado reclamó además que se abra compulsa para determinar si otras 46 personas cometieron delito con su accionar, enmarcado dentro "de un plan sitemático" que se llevó adelante en todo el país para cometer genocidio contra un sector de ciudadanos que "se oponían al régimen imperante" en ese momento.
Por esa razón incluyó dentro de los pedidos, que se incorpore en las próximas causas (algunas en trámite en la fiscalía de primera instancia) al general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del III Cuerpo de Ejército, del que dependía el Comando de Artillería con asiento en San Luis.
Entre los que también pidió que se investigue está el ex secretario federal de San Luis y actual juez de Cámara de Mendoza, Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Graciela Fiochetti, pero además porque tuvo actuaciones en aquellos días que podrían haber configurado el delito de encubrimiento. Varios testigos que estuvieron detenidos durante la dictadura, señalaron que habían denunciado ante el entoces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González que habian sufrido torturas y no abrieron una causa por ese delito. Pero también está su firma estampada en algunos documentos oficiales que indicarían su mal desempeño o groseras omisiones para su cargo.
Asimismo a quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141, como así también su jefe, los coroneles retirados Juan Carlos Moreno, Horacio Dana, Carlos Alemán Urquiza, Carlos Osarán y Guillermo Daract entre otros miltares de alto rango.
Ponce consideró en su alegato que los actuales imputados tuvieron "una función precisa dentro de la maquinaria" represiva y que los crímenes no se podrían haber cometido sin la concurrencia de todos.
Calficó a Miguel Ángel Fernández Gez, por entonces la máxima autoridad militar en San Luis, como "el autor mediato" de los crímenes que se investigan, ya que él tenía "el dominio de la información y de los hechos" que estaban bajo su órbita. Carlos Estaban Pla, por entonces capitán a cargo de la subjefatura de la Policía de San Luis le atribuyó haber encabezado los procedimientos en la llamada lucha antisubversiva y haber participado de manera activa en las sesiones de torturas de las víctimas.
Un relato de uno de los represores que ya ha fallecido lo señala a Pla como el hombre que disparó en la nuca de Graciela Fiochetti en las Salinas de Bebedero y también ultimó de la misma manera a Santana Alcaraz, presuntamente la segunda persona asesinada ese 23 de setiembre de 1976, que aún continúa desaparecida.
Trabajadores de la fábrica Dos Anclas vieron salir esa madrugada dos automóviles con 9 personas, por lo que Ponce no descartó que "toda la plana mayor hubiese participado del fusilamiento" y citó el caso de Bruno Laborda, el militar que revistó en el III Cuerpo de Ejército que al ver que no le daban su ascenso relató como actos de servicio lo realizado en Córdoba durante la dictadura, en donde contó de manera detallada como participaba toda la jerarquía militar, para lograr involucramiento y "un pacto de silencio".
Refiriéndose a Pla, dijo que "en términos de responsabilidades es indiferente si tiró o no del gatillo. Quedó absolutamente probado que él conducía los operativos"
Sosteniendo su argumento en los dichos del represor fallecido, que testimonió ante el juez González Macías en Mendoza, cuando se reabrió la causa en la democracia, Ponce dijo que incluso pudo haber participado un tercer auto, en los que iban los policías Victor Becerra, Chavero, Velazquez y (Juan Carlos) Pérez. Jorge Hugo Velazquez, en su testimonio ante el juez mendocino, dijo que se sintió conmovido por haber visto la muerte de los dos jóvenes y Víctor Becerra lo increpó diciéndole ante esos hechos: "acaba de presenciar un fusilamiento".
Victor David Becerra, fue jefe del D2 de Infomaciones y sindicado por los testigos como un feroz torturador. Hoy no presenció la audiencia en forma directa, ya que se encontraba en una sala contigua recostado en un camilla, debido a una dolencia a causa de una diabétes crónica que padece, pero se lo consultó terminada la misma si había entendido lo que ocurría en la sala y respondió: "van a juzgar a todos mis compañeros", además de relatar otras instancias de lo ocurrido durante la jornada. "Está lúcido y entiende perfectamente", dijo una fuente judicial, echando por tierra el argumento de su abogado defensor de que por su dolencia tenía dificultades para comprender lo que sucedía en el juicio.
En relación al entoces cabo Luis Orozco, el sumariante que confeccionó el acta de libertad falsa que se le hizo firmar a Graciela Fiochetti, junto a Juan Carlos Pérez, el segundo en el D2, dijo que su participación en ese engaño fue fundamental, pero también la actividad que desarrolló después, ya que fue él junto a otros policías, los que llevaron el cadáver de la joven desde la morgue al cementerio y la enterraron como NN. "Estaba con la misma ropa, ya la había identificado su hermana, él sabía que se trataba de Graciela y la enterraron como NN. Orozco también fue la persona encargada de realizar la inscripción como NN en el Registro Civil, cuya acta de defunción aclara que fue realizada de esa manera "por expreso pedido del Jefe del Comando de Artillería" Miguel Ángel Ferández Gez para encubrir el procedimiento ilegal.
El querellante se refirió a los antecedentes de los juicios que se realizaron en el pais contra otros represores y le pidió al Tribunal "que den un paso más a favor de las víctimas" para que "se profundice el camino" trazado por la justicia, para que quede "como un mensaje a futuro", porque "también en San Luis podamos decir Nunca Mas".
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