En la jornada de hoy, Enrique Ponce, el abogado que representa a los familiares y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el juicio que se le sigue a cinco militares y policías, acusados de la muerte y desaparición de personas durante la dictadura, denunció ante el Tribunal Oral Federal, en la audiencia pública del juicio, que el periodista Gustavo Heredia, de Radio Universidad y él mismo serían objeto de un atentado contra su propiedad, motivado en "información" que ambos poseerían y "afectaría" a alguien que podría resultar involucrado en el proceso.
La demanda fue realizada a partir de una comuniación que recibió la esposa de Heredia, en cuya vivienda se receptaron tres llamadas, dos de las cuales cortaron al ser atendidas por una menor y en la tercera, una voz masculina le advertía que tanto el hogar del periodista como el del abogado sería "visitado" por extraños bajo una simulación de robo, aparentemente para buscar información relacionada con la causa. "Los están vigilando a los dos", señaló la voz anónima que la mujer asegura haber "escuchado antes".
"Les mando un mensaje a los servicios", dijo Ponce, "toda la información que tenemos está incorporada y es pública" advirtiendo que "todos los que venimos aquí somos objeto de tareas de inteligencia", haciendo referencia a policías de civil que se ubican en el lugar destinado al público y se entremezclan tratando de escuchar las conversaciones. En la mañana de ayer, uno de los presuntos agentes encubiertos se había sentado en el lugar destinado a los periodistas.
El camarista Roberto Burad señaló que aunque el tema no es de competencia Federal, iban a seguirlo de cerca. "El Tribunal se va a interesar de esta situación", expresó para agregar luego que "la justicia debe actuar con todo el peso de la ley para que los ciudadanos puedan expresarse libremente a pesar de sus diferencias y para que nunca más la muerte silencie los pensamientos. Mucho más los de los periodistas que expresan desde su punto de vista" los acontecimientos que les tocan relatar. "Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y ninguno puede permitir que avancen estas situaciones".
También el abogado Hernán Vidal, se solidarizó en nombre de los abogados de la defensa de los imputados, tanto con su colega Ponce, como con el periodista de Radio Universidad.
En la causa se investiga el asesinato de Graciela Fiochetti, ocurrida en setiembre de 1976, la desaparición de Santana Alcaraz y Pedro Ledesma, ocurrida en la misma época y las torturas recibidas por Víctor Fernández, sobreviviente de esas detenciones. Por esos crímenes están acusados los policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco y los coroneles retirados Carlos Esteban Pla y Miguel Ángel Fernández Gez.
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