El testimonio brindado este martes por las víctimas de la represión del Estado durante la dictadura dejó muy mal parados al ex obispo de San Luis, Rodolfo Laise y al actual camarista Federal Martín Pereyra González, ya que conocían por boca propia de los detenidos por causas políticas de los tormentos recibidos en las detenciones que se les practicaron.
También señalaron al entonces juez Eduardo Allende como conocedor de lo que ocurría, ya que en oportunidad de haberles tomado declaración en las cárceles de La Plata y Mendoza, a donde concurrio junto a Pereyra González, les manifestaron haber sido víctimas de apremios.
El ex Secretario Federal y actual Camarista, había sido citado a declarar, pero ayer se conoció una misiva enviada por él, donde señalaba que por razones de salud iba a hacer uso de su prerrogativa de declarar por escrito, pero al término de la jornada -que se prolongó hasta pasadas las 18- el Tribunal debía decidir si se trasladaba en pleno el próximo mes de febrero para tomarle declaración en su público despacho.
Este martes declararon Juan Vergés, Mirta Rosales y Anibal Oliveras. Los tres dijeron haber denunciado ante el juez y el secretario haber recibido torturas, pero las autoridades judiciales no iniciaron ningún expediente por el tema.
En cuanto a Laise, los tres coincidieron en que tenía una fluída relación con los militares. También se dijo que el religioso tenía un cartel en la puerta de su oficina que decía: "No se atienden familiares de detenidos por causas políticas" y que en una misa ofrecida el día de Santa Cecilia en 1976, dijo dirigiéndose a los detenidos que para curarlos, era necesario "extirparles el alma", metafora usada siguiendo "a San Agustín" que significa que había que matarlos, la manera de extirpar el alma, segun señaló Oliveras.
En cuanto a los detenidos y procesados en la causa, Miguel Ángel Fernández Gez fue quien salió mas "limpio" de las acusaciones, ya que ninguno lo nombró como presente en las sesiones de tortura, aunque lo reconocieron como Jefe del Comando de Artillería, que tenía a su cargo el control de la situación por aquellos días.
La de ayer fue la jornada más intensa y cargadas de sucesos de las que hasta ahora se han vivido, porque desde el comienzo estuvo cargada de tensión.
La defensa se negaba a que los testigos declararan de manera amplia, es decir relatando los sucesos propios que les tocaron vivir en su detención, la descripción del cuadro de situación que se vivía en el país y todo aquello que pudiera configurar un escenario al que se oponen: que se trata de un plan sistemático.
El argumento que se utilizó es que se estaban incorporando nuevos hechos a los que se estaban investigando y que como los testigos tenían denuncias penales contra los imputados, eso debía resolverse en el juicio respectivo.
La tensión antes de las declaraciones fue en aumento, al punto que poco antes de las 10 de la mañana todavía no podía comenzar a testimoniar Juan Vergés. En ese punto, cuando comenzó a hacerlo, hubo una oposición manifiesta de defensores, que intempestivamente se levantaron y se retiraron del recinto, en oposición al testimonio que empezaba a brindar el ex detenido.
El presidente del Tribunal ordenó intimarlos para que regresaran a la sala y preventívamente indicó que se buscara al Defensor Oficial para que se hiciera cargo de la defensa. La querella pidió que se sancionara a los abogados y se notificara a los respectivos colegios donde estaban inscriptos para que tomaran cartas en el asunto.
Finalmente regresaron, pero Herán Vidal pidió a Nacif que se excusara para "no verme en la obligación de recusarlo". Esley fue quien comenzó el planteo contra el magistrado, recusándolo por "parcialidad manifiesta".
Nacif no hizo lugar al pedido y el juicio volvió a sus carriles y se escucharon los tres testimonios que dejaron comprometidos a otros nombres mas en esos hechos.
Así quedó sentado que en las sesiones de tortura participaban Carlos Pla, Víctor Becerra y Jorge Hugo Velazquez. Aunque fueron referenciados en forma individual, no todos coincidieron en los nombres de Juan Carlos Pérez, Luis Orozco, Carlos Olguin, Mario Calderón, "Carlos" Lucero y Ricarte. También fueron reconocidos los centros de detención clandestinos "La Escuelita", "Granja la Amalia" y un sótanos ubicado en la calle Chile, próximo a la terminal de ómnibus.
En razón de las fiestas de fin de año, el Tribunal ya había decidido un cuarto intermedio hasta el 7 de enero próximo, cuando continuarán las audiencias.
Informe: Gustavo Senn
gustavosenn@gmail.com
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